"No se puede renunciar a avances científicos con beneficios demostrados para la humanidad con el argumento de que podrían usarse mal"

Biomedia, (Barcelona)
Zuberoa Marcos,
21/06/05

James Watson, codescubridor de la estructura en doble hélice del DNA:
«No se puede renunciar a avances científicos con beneficios demostrados para la humanidad con el argumento de que podrían usarse mal»

James Watson, uno de los científicos vivos más importantes del siglo XX y uno de los más influyentes del planeta, fue investido a finales de mayo doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El acto de investidura, celebrado en la Casa Convalescència de la UAB en Barcelona, contó con la participación del rector de la universidad, Lluís Ferrer, el conseller de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat, Carles Solà, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos. El catedrático de Cardiología y padrino del doctorando Antoni Bayés y Luna, resaltó las cualidades científicas y humanas de Watson.

En su discurso de investidura, Watson aseguró que los experimentos nunca deben posponerse si cuentan con objetivos claros para alcanzar beneficios por miedo a peligros, que ni tan siquiera pueden ser cuantificados. «Hay muchas anomalías y debemos intentar que vayan a mejor. Aunque no sabemos con certeza los resultados, no por ello no debemos hacerlo», consideró. Por ello, abogó porque los gobiernos y la Iglesia no se opongan al avance de la ciencia.

Nacido en Chicago en 1928, sólo tenía 25 años cuando, junto con el científico británico Francis Crick, descubrió la estructura en doble hélice del DNA, la molécula de la vida. Este descubrimiento, el más importante en el estudio de la vida humana desde los tiempos de Darwin, propició una auténtica revolución científica y le valió el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962.

El propio Watson, años después, fue el principal impulsor de uno de los proyectos científicos más ambiciosos y trascendentales de la historia, el Proyecto Genoma Humano. Autor de obras de divulgación consagradas como La doble hélice, actualmente es el director de uno de los mejores laboratorios de biología molecular del mundo, el Cold Spring Harbour de Nueva York.

MAGISTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

XX EDICIÓN - 2005/2006
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación,
Universidad Complutense de Madrid.

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LUGAR: Campus de Somosaguas, Facultad de Ciencias Políticas de la UCM.

HORARIO: de lunes a jueves, 17:00 a 21:00 h. (y algunos viernes)

REQUISITOS: Titulación universitaria de grado superior. Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente

TASAS DE MATRÍCULA: 3.250 €. Posibilidad de pago en dos plazos.

BECAS: ayudas de media matrícula de la UCM.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: Del 16 de mayo al 12 de septiembre de 2005.

DIRECCIÓN: D. José Ángel Sotillo Lorenzo

SECRETARIA TÉCNICA: Dª Salomé Miquel Rodríguez-Cebral
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OBJETIVOS CIENTIFICOS

Este curso está dirigido a licenciados universitarios de grado superior que deseen adquirir o bien aumentar sus conocimientos sobre los instrumentos, las instituciones y las acciones de cooperación internacional para el desarrollo La primera parte del curso, de carácter eminentemente teórico, se centra en el estudio de las causas del subdesarrollo, desde el punto de vista de la sociología y la economía, y en el análisis de la situación de los países en vías de desarrollo distribuidos por áreas geográficas. A continuación se desarrollan los módulos sectoriales, que permitirán conocer los distintos ámbitos de actuación de la cooperación internacional: género, ayuda humanitaria, medio ambiente, cooperación empresarial y microcréditos, etc. En la parte final del Magister se prestará una especial atención a los aspectos prácticos de la cooperación internacional para el desarrollo: formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, análisis coste-beneficio, y un acercamiento a la gestión informática de proyectos e Internet.

Actividades complementarias (investigaciones, prácticas profesionales, etc.):

El curso tendrá 550 horas, correspondientes a 55 créditos. Estas 550 horas se distribuirán entre horario lectivo y práctico. En concreto se estiman 450 horas de clases lectivas y 100 horas destinadas a tutorías, trabajo de investigación y programación de actividades.

Procedimiento de evaluación a los alumnos:

La evaluación de los participantes se realizará durante todo el curso por medio de trabajos individuales, de grupo y pruebas escritas en determinados módulos. También se valorará el nivel de asistencia y la participación en las clases. Para la obtención del Título Oficial será necesario presentar una Memoria de Investigación al término del curso, para cuya elaboración se contará con la ayuda de un tutor.

Prácticas de evaluación:

Al término del período lectivo, los alumnos que hayan superado satisfactoriamente el curso podrán solicitar la realización de prácticas en las sedes de determinadas ONGD y otros centros con actividades de cooperación, con los que el IUDC tiene firmados Convenios.
Estas organizaciones establecerán los requisitos previos que deberán cumplir los solicitantes, y realizarán asimismo un proceso de selección para escoger a los alumnos en prácticas que más se ajusten a su demanda.
Por ello, la realización de las prácticas no está garantizada para todos los participantes, y el número de plazas ofertadas varía cada año, dependiendo de la disponibilidad de las organizaciones.
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PROGRAMA

NIVEL PROPEDEUTICO

MÓDULO I. Sociología de la Desigualdad Internacional y del Desarrollo. (28 h.)
MÓDULO II. Economía Internacional y Desarrollo. (24 h.)
MÓDULO III. Estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de América Latina. (16 h.)
MÓDULO IV. Estructuras políticas, sociales y culturales de los países del Magreb. (16 h.)
MÓDULO V. Estructuras políticas, sociales y culturales de los países de África Subsahariana. (16 h.)
MÓDULO VI. Estructuras políticas, sociales y culturales de los países de Europa Central y Oriental. (16 h.)
MÓDULO VII. Estructuras políticas, sociales y culturales de los países asiáticos (16 h.)
NIVEL GENERAL

MÓDULO VIII. Cooperación y Ayuda Oficial para el Desarrollo. Políticas e Instrumentos. El CAD. (16 h.)
MÓDULO IX. El sistema multilateral de cooperación. (16 h.)
MÓDULO X. El sistema europeo de cooperación para el desarrollo. (28 h.)
MÓDULO XI. La política española de cooperación para el desarrollo. (48 h.)

NIVEL HORIZONTAL

MÓDULO XII. Género y desarrollo (16 h.)
MÓDULO XIII. Ayuda humanitaria (16 h.)
MÓDULO XIV. Medio Ambiente y Desarrollo (16 h.)
MÓDULO XV. Cooperación empresarial y gestión de microcréditos (16 h.)

NIVEL INSTRUMENTAL

MÓDULO XVI. Técnicas de identificación y formulación de proyectos. El Enfoque del Marco Lógico (60 h.)
MÓDULO XVII. Técnicas de seguimiento y evaluación de proyectos (24 h.)
MÓDULO XVIII. Análisis coste-beneficio. (20 h.)
MÓDULO XIX. Aplicaciones informáticas para la gestión y evaluación de proyectos. (20 h.)
MÓDULO XX. Estudio de caso (22 h)

NIVEL DE SESIONES PRÁCTICAS E INVESTIGACIÓN

Trabajos de Investigación, tutorías y Sesiones prácticas (100 h.)

PROFESORADO

Vinculado a la UCM (resumen)

- Najib Abu Warda (Facultad de CC. Políticas y Sociología)
- Celestino del Arenal (Facultad de CC. Políticas y Sociología).
- Xavier Arrizabalo (Facultad de Ciencias Económicas).
- Rafael Calduch (Facultad de CC. de la Información).
- Rafael Díaz-Salazar (Facultad de CC. Políticas y Sociología).
- Fernando Harto (Facultad de CC. Políticas y Sociología).
- Luis Jiménez (Facultad de Ciencias Económicas).
- Kenji Matsui (Facultad de CC. Políticas y Sociología)
- Juan Carlos Monedero (Facultad de CC. Políticas y Sociología)
- Antonio Palazuelos (Facultad de CC. Políticas y Sociología).
- Sergio Plaza (Facultad de Ciencias Económicas).
- Luis Miguel Puerto (Facultad de Ciencias Económicas).
- Juan Manuel Ramírez (Facultad de Ciencias Económicas).
- José Ángel Sotillo (Facultad de CC. Políticas y Sociología).
- Paloma Román (Facultad de CC. Políticas y Sociología).

Profesores del IUDC-UCM

- Paula Cirujano
- Patricia Déniz
- Enara Echart
- Carlos Illán
- Ignacio Santos
- Juan Manuel Toledano Nieto

Profesores de otras organizaciones y universidades (resumen)

- Jaime Atienza (Cáritas)
- Guy Bajoit ( Universidad Católica de Lovaina)
- Isaías Barrañeda Bajo
- Jean Bossuyt (ECDPM, Maastricht)
- Luis Alfonso Gamo (CeALCI- Fundación Carolina)
- Joao Guimaraes (ISS - La Haya)
- Francesc Granell (Universidad de Barcelona)
- Miguel Hernando de Larramendi (Escuela de Traductores de Toledo)
- Irene López
- Tshimpanga Matala (MPDL)
- Jesús A. Nuñez Villaverde (IECAH)
- Gustavo Palomares Lerma (UNED)
- Francisco Rey Marcos (Cruz Roja Española)
- Héctor Sainz Ollero (ADC)
- Ignacio Soleto Martín (CeALCI- Fundación Carolina)
- Carlos Taibo (UAM)
- Personal de la AECI

I Jornadas de Cooperación para el Desarrollo de la UCM

El día 13 de diciembre de 2005, en el Salón de Actos de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM.

Campus de Somosaguas. Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Discurso del Presidente Hugo Chávez en la Asamblea General de la ONU

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías en la Sexagésima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas

Organización de Naciones Unidas (ONU). Nueva York.
Jueves, 15 de septiembre de 2005.


Excelencias, amigas y amigos, muy buenas tardes:

El propósito original de esta reunión ha sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto como centro del debate un mal llamado proceso de reformas, que relega a un segundo plano lo más urgente, lo que los pueblos del mundo reclaman con urgencia, como lo es la adopción de medidas para enfrentar los verdaderos problemas que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nuestros países por el desarrollo y por la vida.

Cinco años después de la Cumbre del Milenio, la cruda realidad es que la gran mayoría de las metas diseñadas, pese a que eran ya de por sí modestísimas, no serán alcanzadas.

Pretendimos reducir a la mitad los 842 millones de hambrientos para el año 2015. Al ritmo actual la meta se lograría en el año 2215, ve a ver quién de nosotros estaríamos allí para celebrarlo, si es que la especie humana logra sobrevivir a la destrucción que amenaza nuestro medio ambiente.

Habíamos proclamado la aspiración de lograr en el 2015 la enseñanza primaria universal. Al ritmo actual la meta se alcanzará después del año 2100, preparémonos pues para celebrarlo.

Esto, amigas y amigos del mundo, nos lleva de manera irreversible a una amarga conclusión: las Naciones Unidas han agotado su modelo, y no se trata simplemente de proceder a una reforma, el siglo XXI reclama cambios profundos que sólo son posibles con una refundación de esta organización. Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad.

Esas transformaciones, a las que desde Venezuela nos referimos, al mundo, tienen para nosotros, desde nuestro punto de vista dos tiempos: el inmediato, el de ahora mismo, y el de los sueños, el de la utopía; el primero está marcado por los acuerdos lastrados por el viejo esquema, no le rehuimos, y traemos, incluso, propuestas concretas dentro de ese modelo en el corto plazo. Pero el sueño de esa paz mundial, el sueño de un nosotros que no avergüence por el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la necesidad extrema, necesita –además de raíces– alas para volar. Necesitamos alas para volar, sabemos que hay una globalización neoliberal aterradora, pero también existe la realidad de un mundo interconectado que tenemos que enfrentar no como un problema sino como un reto, podemos, sobre la base de las realidades nacionales, intercambiar conocimientos, complementarnos, integrar mercados, pero al tiempo debemos entender que hay problemas que ya no tienen solución nacional, ni una nube radioactiva, ni los precios mundiales, ni una pandemia, ni el calentamiento del planeta o el agujero de la capa de ozono son problemas nacionales.

Mientras avanzamos hacia un nuevo modelo de Naciones Unidas que haga cierto y suyo ese nosotros de los pueblos, hay cuatro reformas urgentes e irrenunciables que traemos a esta Asamblea. La primera, la expansión del Consejo de Seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países en desarrollo como nuevos miembros permanentes. La segunda, la necesaria mejora de los métodos de trabajo para aumentar la transparencia y no para disminuirla, para aumentar el respeto y no para disminuirlo, para aumentar la inclusión. La tercera, la supresión inmediata, seguimos diciéndolo desde hace seis años desde Venezuela, la supresión inmediata del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad, ese vestigio elitesco es incompatible con la democracia, incompatible con la sola idea de igualdad y de democracia.Y en cuarto lugar el fortalecimiento del papel del Secretario General, sus funciones políticas en el marco de la diplomacia preventiva, debe ser consolidado. La gravedad de los problemas convoca a transformaciones profundas, las meras reformas no bastan para recuperar el nosotros que esperan los pueblos del mundo, más allá de las reformas reclamamos desde Venezuela la refundación de Naciones Unidas, y como bien sabemos en Venezuela, por las palabras de Simón Rodríguez, el Robinson de Caracas: “O inventamos o erramos”.

En la reunión de enero pasado de este año 2005 estuvimos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, diferentes personalidades allí pidieron que la sede de Naciones Unidas saliera de Estados Unidos si es que continúan las violaciones a la legalidad internacional por parte de ese país. Hoy sabemos que nunca existieron armas de destrucción masiva en Iraq, el pueblo estadounidense siempre ha sido muy riguroso con la exigencia de la verdad a sus gobernantes, los pueblos del mundo también: nunca hubo armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Iraq fue bombardeado, ocupado y continúa ocupado. Por eso proponemos a esta Asamblea que Naciones Unidas salga de un país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea. Algunas propuestas han señalado a una Jerusalén convertida en ciudad internacional como una alternativa. La propuesta tiene la generosidad de proponer una respuesta al conflicto que vive Palestina, pero quizás tenga aristas que hagan difícil llevarlo a cabo. Por eso traemos aquí otra propuesta, anclada en la Carta de Jamaica, que escribió Simón Bolívar, el gran Libertador del Sur, en Jamaica, en 1815, hace 190 años. Ahí propuso Bolívar la creación de una ciudad internacional que sirviera de sede a la idea de unidad que planteaba. Bolívar era un soñador que soñó lo que son hoy nuestras realidades.

Creemos que ya es hora de pensar en la creación de una ciudad internacional ajena a la soberanía de ningún Estado, con la fuerza propia de la moralidad de representar a las Naciones del mundo, pero esa ciudad internacional tiene que reequilibrar cinco siglos de desequilibrio. La nueva sede de Naciones Unidas tiene que estar en el Sur, “¡El Sur también existe!”, dijo Mario Benedetti. Esa ciudad que puede existir ya, o podemos inventarla, puede estar donde se crucen varias fronteras o en un territorio que simbolice al mundo, nuestro Continente está en disposición de ofrecer ese suelo sobre el que edificar el equilibrio del universo del que habló Bolívar en 1825.

Señoras, señores, enfrentamos hoy una crisis energética sin precedentes, en el mundo, en la que se combinan peligrosamente un imparable incremento del consumo energético, la incapacidad de aumentar la oferta de hidrocarburos y la perspectiva de una declinación en las reservas probadas de combustibles fósiles. Comienza a agotarse el petróleo.

Para el 2020 la demanda diaria de petróleo será de 120 millones de barriles, con lo cual, incluso sin tener en cuenta futuros crecimientos, se consumiría en 20 años una cifra similar a todo el petróleo que ha gastado la humanidad hasta el momento, lo cual significará, inevitablemente, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono que, como se sabe incrementa cada día la temperatura de nuestro planeta.

Katrina ha sido un doloroso ejemplo de las consecuencias que puede traer al hombre ignorar estas realidades. El calentamiento de los océanos es, a su vez, el factor fundamental detrás del demoledor incremento en la fuerza de los huracanes que hemos visto en los últimos años. Valga la ocasión para transmitir una vez más nuestro dolor y nuestro pesar al pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo hermano de los pueblos de América también, y de los pueblos del mundo.

Es práctica y éticamente inadmisible sacrificar a la especie humana invocando de manera demencial la vigencia de un modelo socioeconómico con una galopante capacidad destructiva. Es suicida insistir en diseminarlo e imponerlo como remedio infalible para los males de los cuales es, precisamente, el principal causante.

Hace poco el señor Presidente de Estados Unidos asistió a una reunión de la Organización de Estados Americanos, a proponerle a la América Latina y al Caribe incrementar las políticas de mercado, la apertura de mercado, es decir, el neoliberalismo, cuando esa es precisamente la causa fundamental de los grandes males y las grandes tragedias que viven nuestros pueblos: el capitalismo neoliberal, el Consenso de Washington lo que ha generado es mayor grado de miseria, de desigualdad y una tragedia infinita a los pueblos de este continente.

Ahora más que nunca necesitamos, señor Presidente, un nuevo orden internacional, recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexto período extraordinario de sesiones, celebrado en 1974, algunos de quienes están aquí no habían nacido, seguramente, o estaban muy pequeños.

En 1974, hace 31 años adoptó la declaración y el programa de acción sobre un nuevo Orden Económico Internacional, junto con el plan de acción la Asamblea General adoptó el 14 de diciembre de aquel año 1974 la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que concretó el Nuevo Orden Económico Internacional, siendo aprobada por mayoría aplastante de 120 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones –esto era cuando se votaba en Naciones Unidas–, porque ahora aquí no se vota, ahora aquí se aprueban documentos como este documento que yo denuncio a nombre de Venezuela, como irrito, nulo e ilegal, se aprobó violando la normativa de las Naciones Unidas, ¡no es válido este documento!, habrá que discutir este documento, el Gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al mundo, pero nosotros no podemos aceptar la dictadura abierta y descarada en Naciones Unidas, estas cosas son para discutirlas y para eso hago un llamado muy respetuoso, a mis colegas los Jefes de Estado y los Jefes de Gobierno.

Ahora me reunía con el presidente Néstor Kirchner y bueno, yo sacaba el documento, este documento fue entregado cinco minutos antes, ¡sólo en inglés!, a nuestros delegados y se aprobó con un martillazo dictatorial, que denuncio ante el mundo como ilegal, irrito, nulo e ilegítimo.

Oíganme una cosa, señor Presidente, si nosotros vamos a aceptar esto, es que estamos perdidos, ¡apaguemos la luz y cerremos las puertas y cerremos las ventanas! Sería lo último: que aceptemos la dictadura aquí en este salón.

Ahora más que nunca –decíamos– requerimos retomar, retomar cosas que se quedaron en el camino, como la propuesta aprobada en esta Asamblea en 1974 de un Nuevo Orden Económico Internacional, para recordar algo, digamos lo siguiente, el Artículo 2 del texto de aquella carta, confirma el derecho de los estados de nacionalizar las propiedades y los recursos naturales que se encontraban en manos de inversores extranjeros, proponiendo igualmente la creación de carteles de productores de materias primas. En su Resolución 3.201 de mayo de 1974, expresó la determinación de trabajar con urgencia para establecer un Nuevo Orden Económico Internacional basado –oiganme bien, os ruego– “en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales, que corrija las desigualdades y repare las injusticias entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y asegure a las generaciones presentes y futuras, la paz, la justicia y un desarrollo económico y social que se acelere a ritmo sostenido”, cierro comillas, estaba leyendo parte de aquella Resolución histórica de 1974.

El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Breton Woods.

Creo que el Presidente de Estados Unidos habló aquí durante unos 20 minutos el día de ayer, según me han informado, yo pido permiso, Excelencia, para terminar mi alocución.

El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Breton Woods en 1944, y que tendría una vigencia hasta 1971, con el derrumbamiento del sistema monetario internacional: sólo buenas intenciones, ninguna voluntad para avanzar por ese camino, y nosotros creemos que ese era, y ese sigue siendo el camino.

Hoy reclamamos desde los pueblos, en este caso el pueblo de Venezuela, un nuevo orden económico internacional, pero también resulta imprescindible un nuevo orden político internacional, no permitamos que un puñado de países intente reinterpretar impunemente los principios del Derecho Internacional para dar cabida a doctrinas como la “Guerra Preventiva”, ¡vaya que nos amenazan con la guerra preventiva!, y la llamada ahora “Responsabilidad de Proteger”, pero hay que preguntarse quién nos va a proteger, cómo nos van a proteger.

Yo creo que uno de los pueblos que requiere protección es el pueblo de Estados Unidos, demostrado ahora dolorosamente con la tragedia de Katrina: no tiene gobierno que lo proteja de los desastres anunciados de la naturaleza, si es que vamos a hablar de protegernos los unos a los otros; estos son conceptos muy peligrosos que van delineando el imperialismo, van delineando el intervencionismo y tratan de legalizar el irrespeto a la soberanía de los pueblos, el respeto pleno a los principios del Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas deben constituir, señor Presidente, la piedra angular de las relaciones internacionales en el mundo de hoy, y la base del nuevo orden que propugnamos.

Permítanme una vez más, para ir concluyendo, citar a Simón Bolívar, nuestro Libertador, cuando habla de la integración del mundo, del Parlamento Mundial, de un Congreso de parlamentarios, hace falta retomar muchas propuestas como la bolivariana. Decía Bolívar en Jamaica, en 1815, ya lo citaba, leo una frase de su Carta de Jamaica: “Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos, ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, de los reinos, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración.” Urge enfrentar de manera eficaz, ciertamente, al terrorismo internacional, pero no usándolo como pretexto para desatar agresiones militares injustificadas y violatorias del Derecho Internacional, que se han entronizado como doctrina después del 11 de septiembre. Sólo una estrecha y verdadera cooperación, y el fin de los dobles raseros que algunos países del Norte aplican al tema del terrorismo, podrán acabar con este horrible flagelo.

Señor Presidente:

En apenas 7 años de Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano puede exhibir importantes conquistas sociales y económicas.

Un millón 406 mil venezolanos aprendieron a leer y a escribir en año y medio, nosotros somos 25 millones aproximadamente y, en escasas semanas el país, dentro de pocos días, podrá declararse libre de analfabetismo, y tres millones de venezolanos antes excluidos por causa de la pobreza, fueron incorporados a la educación primaria, secundaria y universitaria.
Diecisiete millones de venezolanos y venezolanas –casi el 70% de la población- reciben, por primera vez en la historia, asistencia médica gratuita, incluidos los medicamentos y, en unos pocos años, todos los venezolanos tendrán acceso gratuito a una atención médica por excelencia.

Se suministran hoy más de 1 millón 700 mil toneladas de alimentos a precios módicos a 12 millones de personas, casi la mitad de los venezolanos, un millón de ellos lo reciben gratuitamente, de manera transitoria. Estas medidas han generado un alto nivel de seguridad alimentaria a los más necesitados.

Señor Presidente, se han creado más de 700 mil puestos de trabajo, reduciéndose el desempleo en 9 puntos porcentuales, todo esto en medio de agresiones internas y externas, que incluyeron un golpe militar facturado en Washington, y un golpe petrolero facturado también en Washington, pese a las conspiraciones, a las calumnias del poder mediático, y la permanente amenaza del imperio y sus aliados, que hasta estimula el magnicidio. El único país donde una persona se puede dar el lujo de pedir el magnicidio de un Jefe de Estado, es Estados Unidos, como ocurrió hace poco con un reverendo llamado, Pat Robertson muy amigo de la Casa Blanca: pidió públicamente ante el mundo mi asesinato y anda libre, ¡ese es un delito internacional!, ¡terrorismo internacional!

Pues bien, nosotros lucharemos por Venezuela, por la integración latinoamericana y por el mundo. Reafirmamos aquí en este salón nuestra infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de justicia para sobrevivir como especie. Simón Bolívar, padre de nuestra Patria y guía de nuestra Revolución, juró no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta ver a la América libre. No demos nosotros descanso a nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas hasta salvar la humanidad.

Señores, muchísimas gracias.

Abren las becas para ir al extranjero...

La Generalitat de Catalunya abrió ayer una línea de ayudas para los universitarios que deseen tener una experiencia profesional en el extranjero. Recibirán hasta 1.200 euros mensuales, además de los costes de alojamiento y los gastos del viaje.
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El 'Mouvement de la Paix' valora la situació a França

Declaració del Mouvement de la Paix
Saint-Ouen, 8 de novembre de 2005

Carta oberta al President de la República
Restaurar l´ordre a través del respecte, la dignitat i el diàleg. Treballar pel desenvolupament humà en lloc de la repressió!

La violència comesa al llarg dels darrers dies en diverses localitats franceses, no sense connexions amb les provocacions del Secretari de Vivenda, ha produït preocupació i indignació. Dins del Mouvement de la Paix, moviment per a una cultura de pau, compartim aquest sentiment i no podem acceptar aquesta violència. És encara menys justificada perquè es dirigeix a persones que es troben en situacions molt apurades i contra locals socials on homes i dones treballen enèrgicament per l´educació, la col.locació laboral, el transport i la resta de components bàsics del desenvolupament i del teixit social.

Aquests esdeveniments fan patent que la repressió (l´única solució oferta pel Ministre d´Interior) és un fracàs. Demostren el fracàs de la nostra societat per aconseguir els objectius republicans d´igualtat, llibertat i fraternitat. Fan veure que el menyspreu, l´arbitrarietat i la injustícia no constitueixen una bona política pública, sino que porten a punts morts on la violència emergeix. El Sr. De Villepin va proposar mesures, però: l´aprenentatge d´un ofici des dels 14 anys, no pot fer front al gran nombre de dificultats que la joventut experimenta.

L´augment de la inseguretat, juntament amb una societat que sobrevalora els diners, ha generat aquestes situacions d´apartheid social. Més de 10 milions de pobres, barris on l´atur afecta a totes les famílies i a més del 30% de la gent jove, escoles sobrecarregades, habitatges no saludables: la gent es troba en una situació desesperada, però actua junta, com a antídot. Les associacions, els representants electes, els treballadors socials, els serveis públics, els habitants i els comerciants teixeixen cada dia aquests vincles socials, vincles sense els quals la violència regnaria de forma total.

La construcció d´aquest teixit social s´ha de reforçar donant mitjans reals als barris i als seus habitants. Hem de treballar en un projecte genuí de desenvolupament humà perquè tothom tingui accès al treball, a la cultura, a una vivenda i a la salut. I també per aconseguir la ciutadania i el vot pels estrangers. Hem de fer fora sense cap compassió al llast del racisme i les discriminacions.

Cultivar la pau a les nostres ciutats i als nostres veïnats significa multiplicar els llocs de diàleg, les interaccions socials i la ciutadania entre totes i cadascuna de les persones. I també significa construir un veritable canvi que porti, al final, a que predominin el respecte, la dignitat, la justícia i els drets per a tothom.

Les partides del Pressupost de l´Estat del 2006 que actualment s´està discutint van, malauradament, en la direcció oposada: retallada de serveis públics i reducció del pressupost de les comunitats locals. Com que les associacions d´educació popular tenen importants responsabilitats en la integració social, en l´oci i en la cultura, una disminució dels seus recursos pot posar en perill la seva missió. Al mateix temps, el pressupost de Defensa està previst que augmenti un 3,4%, sent per tant de 47,8 billions d´euros. La meitat d´aquests serà per a construir noves armes (incloent´hi armes nuclears). En canvi, al Departament de Vivenda només es destinaran 7 bilions d´euros.

Com podem acceptar que la petició de diàleg sigui resposta per “nous míssils”? La construcció de la pau és molt més difícil que fer la guerra, però és l´única opció acceptable des d´un punt de vista humà, social i econòmic.

La pau no és ni l´absència de conflictes ni la incapacitat de fer la guerra. Requereix la intenció de renunciar a la força armada, perquè altres solucions són més eficients i duren més en el temps. Sembla que als líders polítics els falta imaginació, ja que estan jugant al perillós joc de l´odi i la divisió.

Uns dies abans del seu Congrès, el Mouvement de la Paix, que s´ha compromès a “cultivar la pau des del barri fins al món sencer” fa una crida al President de la República perquè convoqui una conferència nacional que reuneixi a tota la gent implicada per tal de posar en pràctica a tot arreu i per a tothom els valors republicans d´igualtat, llibertat i fraternitat.

Manifest davant el projecte de Llei orgànica de “Defensa Nacional”

Atès que en data d’ahir, 3 de novembre de 2005, el Senat va aprovar definitivament el projecte de Llei orgànica de “Defensa Nacional”, Justícia i Pau i la Fundació per la Pau, així com 23 entitats més, volem manifestar el següent:

1.- El nostre desencís perquè aquesta llei manté un paradigma de defensa que caldria canviar per un nou paradigma que passi per la renúncia de l’Estat espanyol a la guerra i a l’ús de la força militar com a forma de resolució de conflictes. Que deixi d’identificar seguretat amb defensa militar. Que situï la lluita contra la injustícia, la pobresa o la vulneració dels drets humans arreu del món, que amenacen a milions i milions de persones, com la principal via per assolir i contribuir a la seguretat pròpia i mundial.

2.- Pensem que l’obligatorietat de l’aprovació per les Corts de les missions de les tropes espanyoles a l’estranger és un pas positiu i necessari que les dota de més transparència i debat, però, tot i això, no hi hagut la modificació que reclamàvem en els condicionants per poder participar en aquest tipus de missions. Així en admetre, que siguin decidides per organismes com l’OTAN o la UE o no dir res sobre l’utilització de les bases militars i del territori en accions militars, es manté la possibilitat que l’Estat espanyol participi, directament o indirecta, en guerres o accions militars contràries al dret internacional.

3.- El projecte de llei ha incorporat la proposta que vam fer de crear un Observatori de la Vida Militar. En el termini de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta llei el govern haurà de presentar un projecte de llei sobre els drets fonamentals dels militars que ha d’incloure la creació d’aquest observatori. La missió de l'Observatori Permanent de la Vida Militar ha de ser la de garantir el respecte i la dignitat de les persones en l’àmbit militar i per això caldrà que disposi dels mitjans necessaris, amb profunds poders d’inspecció i control, per lluitar eficaçment contra la violació de drets humans en l'àmbit militar. Ressaltem especialment que aquestes violacions no afecten únicament a les víctimes que les pateixen, sinó que condicionen de manera irreversible les finalitats que declaren perseguir les forces armades.

4.- La llei de defensa referma el Règim Disciplinari Militar i no ha mandatat cap modificació en tot allò incompatible amb el Conveni Europeu del Drets Humans -especialment en permetre a l’administració militar la privació de llibertat sense l’adequat control judicial- a fi i efecte de que l’Estat espanyol pugui ratificar plenament l’esmentat conveni europeu.

5.- La llei aprovada manté la Justícia militar, una jurisdicció especial que no respecta els principis constitucionals d’independència i imparcialitat judicial per la manera en que es designen els jutges militars, ni ofereix prou garanties ni per als acusats ni a les víctimes en no permetre l’exercici de l’acusació particular i popular sense limitacions.

6.- Com a continuació d’aquesta llei, el govern ha presentat uns Pressupostos de l’Estat pel 2006 on es contempla un augment del 6’1% de la despesa militar amb el que es pretén incrementar un 25% el salari dels militars i continuar amb grans projectes d’armament. Una mostra com la seguretat es cerca per camins militars.

Barcelona, 4 de novembre de 2005


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¿Se dirige Iran hacia un enfrentamiento con Estados Unidos?

ARI Nº 85/2005 (Traducción del inglés) -- Análisis
Soeren Kern ( 26/7/2005 )

Tema: Con la elección del alcalde fundamentalista de Teherán como nuevo presidente de Irán, el establishment clerical de línea dura ha consolidado su poder en todas las ramas del Gobierno iraní, lo que mermará las posibilidades de reconciliación entre Irán y Estados Unidos.

Resumen: La elección de Mahmud Ahmadineyad como nuevo presidente de Irán centraliza el control de la política exterior en manos del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo ultraconservador no electo del país. Cuando los religiosos de línea dura reemplacen a los reformistas que habían intentado fomentar el diálogo con Occidente, se hará más difícil cualquier posibilidad de mitigar los más de 25 años de antagonismo entre Teherán y Washington. La Casa Blanca, anticipándose a las tensiones que están a la vista, ha puesto en duda la legitimidad del recién elegido presidente, cuya campaña se ha basado en el compromiso de convertir a Irán en un Estado nuclear. En efecto, el resultado de las elecciones consolidará la influencia de los halcones de la Administración Bush, que argumentan que no se puede depositar ninguna confianza en Irán, salvo que cese por completo su programa de enriquecimiento de uranio. Por consiguiente, la Casa Blanca estará bajo presión para formular una política coherente con respecto a Irán, que abandone el actual enfoque de aceptar el statu quo y articule un plan de acción alternativo en el caso de que la diplomacia europea no consiga atemperar las ambiciones iraníes. En cualquier caso, es posible que el endurecimiento de posiciones por parte de todas las partes implicadas desencadene un ciclo de acción-reacción que podría derivar potencialmente en un peligroso conflicto en una región que destaca por su importancia geoestratégica.

Análisis

El verdadero poder en Teherán
La arrolladora victoria el pasado 24 de junio de Mahmud Ahmadineyad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales iraníes significa que el verdadero poder en Irán ha pasado indiscutiblemente a manos de su clero fundamentalista chií, dirigido por el ayatolá Ali Jamenei, el líder religioso supremo. La victoria electoral de Ahmadineyad sobre el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, al frente del Gobierno durante dos mandatos consecutivos, elimina al más potente de los rivales políticos de Jamenei, dejando al omnipotente líder supremo al mando de todas y cada una de las principales instituciones gubernamentales. Se trata de la mayor centralización de poder desde que la revolución de 1979 puso fin a la monarquía respaldada por EEUU.

La estructura del poder político de Irán se compone de un Gobierno electo, supervisado por un régimen clerical no electo. Durante los últimos ocho años, el presidente reformista Mohamed Jatamí y su Gobierno intentaron democratizar gradualmente el sistema con el propósito de restringir el poder de los clérigos designados. Sin embargo, Jamenei consiguió bloquear sistemática y hábilmente a los reformistas, invalidando la legislación e investigando a los candidatos para asegurarse de que fueran leales al sistema. Los reformistas sufrieron su primera derrota significativa durante las elecciones municipales de febrero de 2003 en Teherán, donde una baja participación dio el control del ayuntamiento y el cargo de alcalde a los conservadores. Los reformistas padecieron otro revés durante las elecciones legislativas de febrero de 2004, cuando casi 2.000 de sus candidatos fueron descalificados y los conservadores lograron el control del Parlamento.

La elección de Ahmadineyad como presidente significa que los reformistas han perdido su último punto de apoyo en el poder. Ahora, Jamenei y sus partidarios teocráticos no electos controlan la Presidencia, el Poder Judicial y el Parlamento, así como la policía secreta y militar. Los principales aliados de Ahmadineyad son el hijo de Jamenei, Mojtaba, y el ayatolá Ahmad Yanati, secretario general del poderoso Consejo de Guardianes de la Revolución, integrado por 12 miembros, al que se le ha encomendado la misión de asegurarse de que sólo candidatos verdaderamente islámicos se presentan a las elecciones. Y puesto que Ahmadineyad es neófito en política exterior, la suya no será una presidencia de carácter independiente, por lo que Jamenei podrá fortalecer aún más su ya férreo dominio de las negociaciones en torno al programa nuclear iraní.

Ahmadineyad, el primer presidente no clerical de Irán en 25 años, lleva tiempo trabajando con algunas de las instituciones más conservadoras del país. Es uno de los fundadores del grupo de estudiantes que en 1979 protagonizó el asalto a la embajada de EEUU en Teherán (el 30 de junio, la Casa Blanca anunció que investigaría las alegaciones presentadas por cinco ex rehenes que aseguraban que Ahmadineyad fue uno de los cabecillas de dicha crisis) y sirvió en los Guardianes de la Revolución, el poderoso servicio de seguridad que se encarga de la aplicación diaria de los códigos y la moralidad islámicos establecidos por el Gobierno. Como alcalde de Teherán, restringió muchas de las reformas impulsadas por los moderados y sustituyó la mayoría de los alcaldes de distrito considerados favorables a la reforma. Mientras tanto, según un reportaje publicado el 2 de julio en el diario austriaco Der Standard las autoridades de dicho país están investigando pruebas que sugieren que Ahmadineyad desempeñó un destacado papel en los asesinatos, perpetrados en 1989 en Viena, de un líder kurdo iraní exiliado y de otros dos políticos kurdos de la oposición.

La elección de Ahmadineyad complicará las relaciones de Irán con Occidente. Rafsanjani, clérigo chií y pragmático estadista, intentó hacer un llamamiento a los votantes socialmente moderados y de pensamiento reformista. Si bien desde 1979 se ha forjado la fama de conservador, muchos analistas pensaron que habría dado prioridad a una mejora de las relaciones con EEUU (se cree que fue él quien dirigió el intercambio de armas por rehenes de 1985 y 1986, en el que la Administración Reagan, sirviéndose de una línea de abastecimiento dirigida por Israel, suministró a Irán armas fabricadas en EEUU a cambio de que Teherán ayudara a liberar a americanos retenidos como rehenes en el Líbano). Sin embargo, para muchos iraníes de clase obrera, Rafsanjani, un multimillonario magnate de los negocios, representaba el paradigma de la corrupción que ha imperado en Irán durante los ocho años de Jatamí en el poder.

Por el contrario, Ahmadineyad, considerado por muchos como un piadoso héroe de clase obrera, arrasó y se hizo con el poder prometiendo restablecer los ideales de la Revolución Islámica. Consiguió explotar el resentimiento generalizado ante las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres, y ganó las elecciones con un programa económico populista que clamaba contra la corrupción y prometía aumentar los salarios y las pensiones al tiempo que bajaba los precios; sus partidarios en los suburbios del sur de Teherán lo llaman el “Robin Hood islámico”. En concreto, ha afirmado que la industria petrolera del país, que representa el 80% de los ingresos por exportación, está al servicio de las mafias y debe ser más transparente. Con todo, sigue sin estar claro si podrá encontrar una sólida solución estratégica a los males económicos de su país mientras las sanciones económicas americanas contra Irán sigan vigentes.

No obstante, Ahmadineyad, jugando la carta nacionalista iraní, ha afirmado que unas mejores relaciones con EEUU no constituyen una prioridad para él. Irán “no necesita de forma significativa a Estados Unidos”, observó. En efecto, Ahmadineyad adoptará, casi con toda seguridad, un enfoque de mayor confrontación en una serie de cuestiones que conforman la base de la política exterior de EEUU, incluyendo Afganistán, Irak e Israel. Los israelíes, por ejemplo, prevén que renueve el declarado apoyo a la causa palestina contra Israel, y que incremente la ayuda financiera y militar a Hezbolá y a otros grupos del Líbano y Siria, puesto que cualquier reconciliación palestino-israelí aumentaría el aislamiento de Irán en la región. En cualquier caso, las relaciones con EEUU se deteriorarán en mayor medida si Ahmadineyad desafía los intereses americanos en el Golfo Pérsico, la fuente de aproximadamente una cuarta parte del suministro de petróleo estadounidense.

Los neoconservadores americanos frente a los neoconservadores iraníes
La victoria sorpresa de Ahmadineyad tendrá importantes repercusiones en la política exterior de EEUU (véase Soeren Kern, ¿Bombardeará Estados Unidos a Irán?, ARI, 28/I/2005). Así, por ejemplo, es casi seguro que unirá a miembros de la Administración Bush en torno a una política más radical con respecto a Teherán. Los halcones de la Casa Blanca que pretendían aislar a Irán –incluyendo al vicepresidente, Dick Cheney, y al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld– parecían haber perdido terreno frente a los que aspiraban alcanzar algún tipo de acuerdo cuando, en febrero de 2005, el presidente de EEUU, George W. Bush, aceptó respaldar una tentativa de la Unión Europea, consistente en negociar un acuerdo por el que Irán renunciaría a su plan de enriquecimiento de uranio a cambio de incentivos económicos y de seguridad. Pero la Casa Blanca sigue teniendo dudas sobre si el enfoque europeo funcionará, considerándolo, fundamentalmente, como una forma de mantener unida a una coalición que podría aplicar medidas más severas si las negociaciones fracasan.

En efecto, algunos neoconservadores norteamericanos esperaban, extraoficialmente, un resultado electoral en Irán que aclarara en cierta medida la política de EEUU hacia Teherán, que hasta ahora, tanto los republicanos como los demócratas han tildado, en el mejor de los casos, de incoherente. Así, por ejemplo, el influyente American Enterprise Institute (AEI) publicó un ensayo titulado Not Our Man in Iran, que presentaba a Rafsanjani como un hábil estratega que intentaría manipular a los europeos y abrir una brecha entre la Unión Europea y EEUU con el propósito de aislar diplomáticamente a Washington. Por el contrario, la victoria de Ahmadineyad, que ha hecho un llamamiento parta que Irán a avance a toda velocidad con una “tecnología nuclear pacífica”, respalda el argumento neoconservador de que no se puede confiar en Irán y de que ha fracasado incluso la posibilidad de un acuerdo indirecto con Teherán.

En cualquier caso, el ala dura estadounidense estará en auge si la Casa Blanca determina que el nuevo presidente iraní estuvo personalmente implicado en la toma de rehenes de la Embajada de EEUU en 1979. El 19 de mayo, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de EEUU, en su declaración de apertura, Nicholas Burns, subsecretario de Estado, recordó que EEUU todavía conserva “las imágenes de los rehenes en nuestra Embajada profundamente grabadas en la conciencia colectiva”. Burns también observó que: “Estados Unidos considera que el futuro de Irán debería ser democrático y pluralista”. Por el contrario, el presidente electo Ahmadineyad afirmó: “No hicimos una revolución para tener una democracia”.

Como señal del endurecimiento gradual de Washington hacia Teherán, dirigentes clave de la Administración Bush han realizado virulentas declaraciones sobre Irán. En junio, el subdirector del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Stephen J. Hadley, dijo al New York Times que “Irán es el principal país patrocinador del terrorismo”, añadiendo que “la política iraní consiste en eliminar a Israel”. El 26 de junio, Rumsfeld tildó el voto iraní de “simulacro de elecciones”, porque el Consejo de Guardianes de Irán había descalificado a más de 1.000 candidatos, incluyendo a todas las mujeres que deseaban presentarse a las mismas. Por su parte, la secretaria de Estado Condoleezza Rice observó: “Me resulta difícil imaginar de qué modo estas elecciones podrán contribuir al sentimiento de que el Gobierno iraní es legítimo”. Durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Gerhard Schroeder, celebrada el 27 de junio, Bush afirmó que “un proceso que permita a Irán desarrollar armas nucleares es inaceptable”.

La Casa Blanca no es la única en adoptar una postura más radical con respecto a Irán. En el Congreso estadounidense está aumentando el apoyo a un “cambio de régimen” en Irán. La propuesta del Iran Freedom and Support Act insta a la Administración Bush a promover alianzas con grupos de la oposición. La iniciativa está siendo estrechamente coordinada con la Coalición por la Democracia en Irán (CDI), un grupo de presión creado por neoconservadores que tiene por objeto sentar las bases de la agenda de política exterior estadounidense con respecto a Irán. La CDI mantiene fuertes vínculos con Reza Pahlevi, hijo del derrocado Shah y actualmente en el exilio. El proyecto de ley también financiaría programas de radio independientes en Irán, similares a Radio Farda, una emisora financiada por EEUU que funciona 24 horas al día y que va dirigida fundamentalmente a iraníes menores de 30 años.

Mientras tanto, en una audiencia de la Comisión de Helsinki ante el Congreso de Estados Unidos celebrada el 9 de junio, un grupo de expertos instó a realizar un esfuerzo transatlántico para promover el cambio democrático en Irán, argumentando que la existencia de una democracia facilitaría considerablemente la contención de las ambiciones nucleares de Teherán. La Comisión anunció que se ha añadido una enmienda a un proyecto de ley de autorización del Departamento de Estado norteamericano que proporcionaría 110 millones de dólares para financiar el Advanced Democracy Act, cuyo objetivo es promover la democracia en varios países, incluyendo Irán.

En efecto, cada vez hay más analistas que consideran que la única solución a largo plazo para resolver el problema de la proliferación nuclear consiste en fomentar un cambio democrático en Irán. En un ensayo titulado US Foreign Policy and the Future Democracy in Iran, publicado en la edición de Verano 2005 de The Washington Quarterly, se argumenta que “la clave para resolver el problema nuclear iraní radica en el destino del movimiento democrático del país”, y que el régimen iraní quiere contar con una bomba nuclear “por la misma razón por la que lo hace todo: su empeño monomaníaco de autopreservación”. Un artículo titulado Defusing Iran’s Bomb, publicado en la edición de junio/julio de 2005 de Policy Review, plantea la siguiente cuestión: “¿Qué más deberían hacer EEUU y sus amigos? En última instancia, sólo la creación de un autogobierno moderado en Irak, Irán y otros Estados de la región traerá una paz duradera y la no-proliferación”.

Algunos halcones estadounidenses, incluyendo a Rumsfeld, consideran que la convergencia de políticos de línea dura en Irán tiene su parte positiva, dado que, en su opinión, ello hará aumentar las probabilidades de que el régimen islámico se derrumbe mediante el descontento popular. Apuntan a una población iraní de rápido crecimiento, compuesta por 70 millones de habitantes, el 65% de los cuales tiene menos de 25 años de edad, y que empezaron a alimentar expectativas de cambio ocho años atrás, cuando Jatamí se convirtió en presidente. Ahora, mediante la supresión de los reformistas, puede que a Jamenei le resulte más difícil mantener a raya a la oposición política. Rumsfeld, al referirse a la victoria electoral de Ahmadineyad, observó: “creo que, con el tiempo, tanto él como los que le dirigen les parecerán inaceptables a los jóvenes y a las mujeres”. Pero no todos en la Administración norteamericana están tan seguros. En una entrevista concedida al Wall Street Journal, publicada el 29 de junio, Rice explicó que, mientras tanto, la Casa Blanca tiene poca fe en la posibilidad de que en Irán se adopte alguna medida de carácter interno que vaya a alterar el statu quo. “Actualmente, en Irán no hay mucha voluntad de enfrentarse al régimen”, precisó.

Dificultades en torno a las negociaciones nucleares
Los europeos seguirán dialogando con Teherán sobre la cuestión nuclear, pero el dramático giro de Irán hacia la derecha se traducirá en problemas para las ya tensas negociaciones nucleares. Con Ahmadineyad como nuevo presidente, Irán adoptará una postura mucho más agresiva respecto a su ambición de poseer tecnología de enriquecimiento de uranio, y los diplomáticos europeos ya han empezado a temer que resulte extremadamente difícil llegar a un acuerdo permanente. El destino de las negociaciones se ha vuelto aun más incierto tras los indicios de que Hassan Rowhani, que durante 21 meses estuvo al frente de las negociaciones de Irán con la Unión Europea, ha presentado su dimisión. Rowhani y su equipo negociador, integrado principalmente por conservadores pragmáticos, son aliados de Rafsanjani, el candidato presidencial derrotado.

Ahmadineyad ha adoptado un tono inflexible respecto a los planes iraníes de enriquecimiento de uranio para desarrollar energía con fines pacíficos. En su primera conferencia de prensa el 26 de junio (el primer acontecimiento de alto nivel en muchos años que no se ha traducido al inglés), el presidente electo se refirió al programa nuclear de su nación como “un derecho absoluto para Irán y para todos los iraníes”. Aseguró que Irán necesitaba la tecnología y que “lucharemos por conseguirla”. También dijo a los europeos que debían “bajar de sus torres de marfil”.

El centro de los esfuerzos diplomáticos es un frágil acuerdo que Irán alcanzó con el denominado “EU3” (el Reino Unido, Francia y Alemania) en noviembre de 2004, por el que Teherán accedió a suspender temporalmente las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio. El objetivo del UE3 y de EEUU es prolongar la suspensión de las actividades de enriquecimiento de Irán, hasta que se convierta en permanente, concediendo, mientras tanto, incentivos comerciales, políticos, económicos y de seguridad. Los iraníes, por el contrario, insisten en que la suspensión sólo es temporal. En efecto, un sentimiento generalizado de orgullo nacional, que impulsa a iraníes de toda condición social a defender el derecho de su país a desarrollar energía nuclear, complica cualquier tentativa de persuadir a los líderes iraníes de que renuncien a determinadas partes de su programa nuclear. En cualquier caso, los europeos han prometido que respaldarán a EEUU en el caso de que las negociaciones fracasen y de que se lleve el caso de Irán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En virtud del Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP), del que Irán es miembro, el país tiene el derecho legal de desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. Sin embargo, la opinión generalizada sostiene que Irán está utilizando su programa civil de energía nuclear como excusa para desarrollar armas nucleares, sirviéndose de lagunas jurídicas que permiten el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. EEUU cree que Irán pretende enriquecer uranio, no a una escala suficiente para generar energía, sino al nivel necesario para fabricar armas nucleares.

La preocupación en torno a Irán aumentó después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) descubriera que Teherán había estado llevando a cabo actividades nucleares secretas durante más de dos décadas, incumpliendo con ello las obligaciones a que está sujeta en virtud del TNP. Irán también admitió que había adquirido equipo nuclear en el mercado negro, lo cual resultaba especialmente polémico, porque Irán había asegurado anteriormente a la AIEA que no había recibido ningún componente nuclear de fuentes extranjeras. El reconocimiento se produjo después de que Abdul Qadeer Khan, el principal científico nuclear de Pakistán, confesara que había vendido secretos nucleares a Irán, Libia y Corea del Norte. Los inspectores de la AIEA descubrieron posteriormente que los componentes nucleares iraníes coincidían con los planos del equipo encontrado en Libia, suministrado por la red clandestina paquistaní.

Mientras tanto, el 16 de junio la AIEA también reveló que Irán había reconocido llevar a cabo experimentos a pequeña escala para crear plutonio –uno de los elementos empleados en la construcción de armas nucleares– durante cinco años más allá de la fecha en que, según había insistido previamente, se había puesto fin a dichas actividades. Irán lo admitió después de tener que afrontar el resultado de las pruebas de laboratorio realizadas en muestras recogidas en un emplazamiento nuclear iraní. Teherán ha tenido que corregir en repetidas ocasiones el balance de sus actividades en vista de las nuevas pruebas aportadas por inspectores de la Agencia. Como resultado de su historial de ocultaciones, EEUU y la Unión Europea están presionando a Irán para que abandone su programa de enriquecimiento a cambio de incentivos económicos, o de lo contrario deberá hacer frente a la posibilidad de ser sancionado.

En marzo de 2005, en un pequeño pero significativo gesto conciliador, EEUU finalmente dejó de oponerse a que Irán se convirtiera en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como recompensa al pacto de Teherán de seguir manteniendo en suspenso sus actividades nucleares. La Casa Blanca anunció el cambio de política después de que el UE3 advirtiera de que sus negociaciones con Irán fracasarían salvo que EEUU se uniera a Europa en una posición negociadora común.

Sin embargo, en una acción orientada a fortalecer la mano de Teherán en las negociaciones con la Unión Europea, una facción parlamentaria alineada con Ahmadineyad aprobó una ley el 15 de mayo que instaba al Gobierno a reanudar el enriquecimiento de uranio, pese al acuerdo negociado en noviembre de 2004. La medida, que fue aprobada por 188 de los 205 diputados, establece que el Gobierno debe adquirir tecnología con fines pacíficos con arreglo al marco del TNP y del derecho internacional.

En una reunión celebrada el 25 de mayo en Ginebra, el UE3 evitó una crisis diplomática al persuadir a Irán que mantuviera la suspensión de sus actividades nucleares hasta la siguiente ronda de negociaciones, prevista para finales de julio, cuando los europeos estarán obligados a presentarle una oferta detallada paso a paso sobre cómo avanzar hacia un acuerdo que defina la forma futura del programa nuclear iraní. Sin embargo, los objetivos últimos de Irán y del UE3 siguen siendo muy dispares, y son pocos los que esperan que el UE3 pueda satisfacer las demandas de Irán de reanudar el enriquecimiento de uranio.

En efecto, puede que al UE3 le resulte difícil cumplir algunos de los incentivos más ambiciosos que ha debatido con Irán, incluyendo el suministro de reactores nucleares. Europa no está autorizada a vender reactores nucleares a Irán sin la aprobación de EEUU, puesto que contienen tecnología americana que no se puede transferir a Irán en virtud de la legislación estadounidense en materia de sanciones. Además, a la Administración norteamericana le preocupa que la UE3 esté dispuesta a ceder en última instancia mucho más de lo ofrece en la actualidad, pues los europeos no pueden permitirse dar la impresión de que han fracasado. En concreto, temen que el UE3 permita a los iraníes reanudar su producción de gas de hexafluoruro de uranio, que constituye un paso inicial en el ciclo del combustible nuclear. Sin embargo, es casi seguro que la Casa Blanca, a la que los demócratas de la oposición han acusado de “subcontratar” su diplomacia iraní al UE3, rechazaría cualquiera de estas concesiones, tomando la iniciativa diplomática y apartándola del UE-3.

Por ahora, la Casa Blanca ha dejado claro que no tiene ninguna intención de ofrecer más incentivos a Irán. En su declaración ante el Senado del 15 de mayo, Burns afirmó: “no hay ninguna razón para creer que si ahora Estados Unidos realizara una oferta de incentivos adicionales, las cosas cambiarían”. Por otra parte, el 29 de junio Bush firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer severas sanciones financieras a cualquier empresa extranjera que haga negocios con la Organización de la Energía Atómica Iraní (OEAI), la agencia gubernamental a cargo del Programa de Energía Nuclear Civil iraní. La disposición concede al Departamento del Tesoro de EEUU nuevos poderes para congelar activos y bloquear transacciones con EEUU iniciadas por empresas extranjeras que se considere que hayan apoyado a la OEAI.

Esta enérgica medida, orientada a restringir la totalidad de la industria nuclear iraní, podría haber sido diseñada para darle a EEUU una mayor capacidad de influencia sobre China y Rusia –que han prestado ayuda a la OEAI–, en el caso de que la cuestión de Irán sea llevada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia ha firmado un contrato con la OEAI por valor de 1.000 millones de dólares para construir una planta de energía nuclear en Bushehr, en el sur de Irán, y China ha colaborado con la OEAI en la explotación de los depósitos de uranio iraníes. En octubre de 2004, China también firmó con Teherán un acuerdo energético por valor de 100.000 millones de dólares, que le garantiza 150.000 barriles de petróleo al día a precio de mercado durante 25 años, así como 250 millones de toneladas de gas líquido natural durante 30 años.

Estos vínculos complicarán los esfuerzos americanos por aislar a Irán en la ONU. En efecto, es posible que Teherán actúe confiando en que tendrá la protección de un veto chino a cualquier sanción impuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU. China ya ha amenazado con bloquear cualquier tentativa de imponer restricciones a Teherán y ha expresado su deseo de que la cuestión sobre el programa nuclear iraní se resuelva “en el marco de los auspicios de la AIEA”. Ello ha llevado a algunos analistas a creer que, en realidad, Irán tiene más influencia que el UE3 y que es más probable que la dinámica de las negociaciones modifique el comportamiento europeo antes que el iraní. En un ensayo titulado Making Iran Play Ball, Dennis Ross, el coordinador especial de Oriente Medio durante la presidencia de Bill Clinton, afirma: “parece que los iraníes creen que pueden seguir avanzando gradualmente hacia el desarrollo de material físil de forma abierta o clandestina y sin incurrir en ningún coste real; la historia reciente sugiere que tienen razón”.

En cualquier caso, Israel tiene un incentivo existencial para asegurarse de que Irán sigue ocupando una posición prioritaria en la agenda internacional. El 27 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Silvan Shalom, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que refrenara las ambiciones nucleares iraníes: “la comunidad internacional, enfrentada a la amenaza nuclear iraní, debe formular, ahora más que nunca, una política uniforme y firme con respecto a Irán”, observó. Y los partidarios de Israel están ejerciendo presión sobre la Administración en Washington para evitar un triunfo nuclear iraní. Así, por ejemplo, el Comité Americano Israelí de Acción Política (AIPAC, en sus siglas en inglés), el lobby de política exterior con mayor influencia de EEUU, mostró a senadores y congresistas los políticos más influyentes de Washington DC, celebrada del 22 al 24 de mayo, invitó a senadores y congresistas a una presentación interactiva “distópica” sobre el programa nuclear iraní. La penúltima sala preguntaba: “¿cuándo conseguirá Irán la bomba?”.

Por consiguiente, esto plantea al mundo un importante dilema: ¿derivará un impasse diplomático con Irán en una intervención militar estadounidense?

Conclusión: La victoria electoral de Ahmadineyad consolida el poder de algunas de las facciones antioccidentales más radicales de Irán, cerrando la brecha entre el clero fundamentalista chií y un Gobierno que había intentado fomentar el diálogo con Europa y EEUU. La elección de Ahmadineyad también reforzará la voz de los que se oponen a un acuerdo que haría que Irán renunciara a su derecho a desarrollar un ciclo de combustible nuclear. Si bien el nuevo presidente querrá evitar que se desencadene una intervención estadounidense en los asuntos internos de Teherán, la arriesgada política iraní sobre la cuestión nuclear llevará al endurecimiento de las posiciones de todos los implicados, lo que aumentará el riesgo de un enfrentamiento militar con EEUU.

Soeren Kern
Investigador Principal, Área de EEUU y Diálogo Transatlántico, Real Instituto Elcano

Chávez: la ONU no sirve

Carlos Chirinos
BBC, Nueva York

Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente venezolano aseguró que la organización requiere una refundación y no una reforma.

Chávez dijo que la sede de la ONU no debe estar en EE.UU.
"Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad" dijo el presidente Hugo Chávez durante su intervención en la Cumbre Mundial con la que la ONU marca el inicio del período de sesiones número 60.

"Las meras reformas no bastan. Desde Venezuela reclamamos la refundación de las Naciones Unidas", dijo Chávez en un discurso de tono altisonante que contrastó con las palabras más calmadas de sus antecesores y que tomó más tiempos del normalmente permitido.

Chávez presentó propuestas de reforma para hacer más efectiva a la ONU: expansión del Consejo de Seguridad y la eliminación del poder de veto; mayor transparencia en los métodos de trabajo y fortalecimiento de la Secretaría General.

Fuera de EE.UU.

Las tensiones con EE.UU estuvieron presentes en el discurso del mandatario venezolano, quien insistió en que en Washington se gestó el intento de golpe de estado que lo apartó momentáneamente del poder en abril de 2001.

También Chávez ofreció sus condolencias a las víctimas del huracán Katrina en los estados del sur estadounidense, aunque aseguró que la tragedia demostró que ese país no tiene un gobierno que proteja a su población.


Las meras reformas no bastan. Desde Venezuela reclamamos la refundación de las Naciones Unidas
Hugo Chávez

Chávez pidió considerar la idea expresada en el Foro Social de Porto Alegre en Brasil, de sacar la sede de la ONU del territorio estadounidense, pues se trata de un país que no tendría la estatura moral para seguir ejerciendo de anfitrión.

El presidente venezolano se refirió a la invasión de Irak, episodio que según él demostró que EE.UU no es respetuoso de las resoluciones de la organización.

Incluso propuso crear una Ciudad Internacional que debería estar ubicada en alguna parte del hemisferio sur, "porque el Sur también existe" dijo parafraseando al escritor uruguayo Mario Benedetti.

"Martillazo dictatorial"

Por último el presidente venezolano denunció como "nulo, írrito e ilegal" el texto del documento que sirve de declaración final de la Cumbre Mundial.

"Se aprobó violando la normativa de Naciones Unidas. Habrá que discutir este documento. El gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al mundo. Nosotros no podemos aceptar la dictadura descarada y abierta en Naciones Unidas" expresó Chávez.

"Se aprobó con una martillazo dictatorial que denuncio ante el mundo", dijo el presidente venezolano, quien se tomó más del tiempo previsto para las alocuciones de los dignatarios.

Cuando la presidencia de la Asamblea, ejercida por el sueco Jan Eliasson le recordó que su tiempo se había agotado, Chávez pidió permiso para terminar y recordó que el presidente estadounidense George Bush habló la víspera por más de 20 minutos.

Al final, Eliasson aclaró a las delegaciones que el único problema con las intervenciones muy extensas es que presagian una larga noche para todos.

Curso de función gerencial en las ONGD

El Curso de función gerencial en las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo pretende cubrir parte de la necesidad de formación en gestión interna que tienen las personas con responsabilidad directiva en dichas organizaciones. A lo largo de las seis anteriores ediciones del curso, las personas con responsabilidad directiva que lo han realizado nos han expresado que la metodología y el formato del curso les parecen idóneos. La metodología combina las sesiones teóricas con ejercicios prácticos, discusiones de casos, reflexiones de grupo, debates, mesas redondas, etc., que sirven para estimular y ordenar el aprendizaje de los participantes. No es un curso que pretenda compartir con los directivos y directivas del sector conceptos nuevos, sino que su objetivo es reflexionar sobre su experiencia directiva y de gestión. Precisamente el formato del curso, intensivo una vez al mes, permite a las personas participantes compaginarlo con su trabajo.

Información Complementaria
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¡Arrenca la Setmana de la Ciencia 2005!

10 anys vivint la ciència a Catalunya

Amb l’edició d’enguany, la Setmana de la Ciència a Catalunya compleix 10 anys. Un decenni en el qual, com diu el seu eslògan Viu la Ciència!, aquest ja clàssic programa col•lectiu d’activitats de divulgació científica i tecnologia, coordinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), ha contribuït a posar més a l’abast del ciutadà el binomi ciència-tecnologia. Han estat deu anys, articulant i concentrant, alhora, l’esforç divulgador col•lectiu de tots els agents del Sistema Català de Recerca i Innovació.

La 10a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’05) és original no només per l’aniversari sinó també per la seva pròpia estructura. Es tracta de la primera edició dedicada principalment a un gran tema, el qual exerceix de fil conductor, tot i que sense excloure’n cap altre per això. El seu leitmotiv, amb motiu del l’Any Mundial de la Física, són les ciències físiques i les seves aplicacions. En la nova etapa, la Setmana aposta pels grans temes científics de fons per arribar encara més a prop del públic.

Cal difondre la ciència i la tecnologia amb iniciatives i fórmules de comunicació originals i cada cop més properes als seus receptors. La innovació en l’efectivitat i proximitat al ciutadà de la comunicació científica és un requisit ineludible per fer que la recerca i la ciència siguin cosa de tots, per tal d’avançar cap una societat basada en el coneixement. Aquest és el gran objectiu de l’SC’05 i dels centenars d’institucions catalanes que trobareu implicades en el seu extens programa.

Amb ell volem fer encara molt més permeables els continguts científics mitjançant tractaments i enfocaments atractius, de veritable interès social. En aquesta línia, l’SC’05 acollirà el segon Dia de la Ciència a les Escoles. La iniciativa, organitzada per l’FCRI i el Departament d’Educació, tornarà a portar a les aules de Secundària de Catalunya els millors investigadors del país en múltiples disciplines, amb l’objectiu de potenciar la vocació científica entre els joves, els nostres investigadors del futur.

Salud y Democracia

Cuales son las implicaciones de la salud "pública" o "individual", dentro de una sociedad concreta, en el calidad o refinamiento de nuestra democracia?
Es la deficiente "calidad de vida" muestra de la mala estructuración de las jerarquías y la ineficiente aplicación de la democracia teórica que rige nuestras sociedades?

Es la Salud un buen indicador de las desigualdades públicas?
La Pobreza no es sólo la carencia de dinero.

La desigualdad afecta a todo el espectro social.

Es la mortalidad o el riesgo de mortalidad, muestra de los altos niveles de desigualdades sociales como el desempleo o la precariedad en el trabajo?

Los servicios sanitarios, no son creadores de salud.

Relaciones de Poder y Salud pública.

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Una segunda Revolucion Industrial?

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El Club de los lunaticos

El Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella
contribuye en el debate ciencia-sociedad organizando el Club de los lunáticos.

El Club de los lunáticos,

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII existía en Birmingham, Inglaterra, la denominada Sociedad inglesa de lunáticos. Sus miembros, entre los que se encontraban James Watt y Erasmus Darwin (abuelo de Charles Darwin), se reunían el primer lunes posterior a la luna llena, seguramente para tener luz a la hora de volver a casa. Debatían sobre ciencia y todos aquellos temas que pudiesen afectar a la humanidad.
Siguiendo esta idea, el Museo de Ciencias Naturales desea contribuir al debate ciencia-sociedad organizando el Club de los lunáticos a manera de tertulias abiertas a todos los que quieran participar en las mismas.



Jordi Serrallonga, director de HOMINID, Grupo de Orígenes Humanos de la Universidad de Barcelona (UB) y promotor de la idea, introdujo y moderó el tema "Evolución y educación" el pasado 24 de febrero. El martes 24 de mayo, dentro del marco del Año del Libro y la Lectura, tuvo lugar la segunda de las tertulias sobre "Ciencia y literatura". En este caso introdujeron el tema Mercè Piqueras y Xavier Bellés, ambos galardonados con el Premio de Literatura Científica de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación.
Jordi Nadal, profesor de Prehistoria de la UB, abrió la tercera de las tertulias, el 14 de junio, donde se debatieron los referentes de carácter astronómico que las sociedades han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad.

La COSCE presenta su primer informe con propuestas para reactivar el sistema español de I+D

Biomedia, (Madrid)

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha presenta el 20 de junio de 2005 el informe CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España) en el palacio de La Moncloa, ante la vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Dicho informe recoge un conjunto de propuestas necesarias para reactivar el sistema español de investigación y desarrollo tecnológico.

La COSCE es la entidad que reúne a medio centenar de sociedades científicas en las que se agrupan más de 30 000 investigadores. Como representante de la comunidad científica española, su labor se centra en contribuir al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, actuar como interlocutor unificado ante la sociedad civil y los poderes públicos, y promover el papel de la ciencia, facilitando su difusión como ingrediente imprescindible de la cultura.

El informe, titulado Acción CRECE, ha sido elaborado por 59 científicos, empresarios y otros profesionales y recoge las conclusiones de cinco comisiones presididas por Andreu Mas-Colell, Federico Mayor Zaragoza, Amparo Moraleda, Luis Oro y Rafael Pardo. Estas comisiones, tras considerar la situación de la ciencia española, han desarrollado propuestas concretas en cada una de las áreas analizadas.

En relación con la política científica, el informe insiste en la necesidad de aumentar los presupuestos de I + D, con un uso moderado de préstamos, de alcanzar un marco estable para la política científica, de utilizar la metodología de las convocatorias competitivas para el impulso de grupos y centros de excelencia, de dotar a los centros públicos de investigación de mayor personalidad y capacidad propia de gestión y de renovar las infraestructuras de investigación (un "Plan Renove"). Con este horizonte el informe destaca la necesidad perentoria de crear una Agencia de Evaluación y Financiación de la Investigación, un organismo autónomo que agrupe a los diferentes unidades del Ministerio de Educación y Ciencia relacionados con la investigación y refuerce así su capacidad de gestión.

La comisión de recursos humanos destaca el actual déficit y envejecimiento de la plantilla de investigadores en España debido, especialmente a la escasa orientación hacia la ciencia de nuestro sistema de enseñanza primaria y secundaria y a las incertidumbres profesionales. Esta comisión propone la creación de una trayectoria profesional en I+D basada en contratos laborales (modelo tenure). Asimismo, propone incentivar la entrada de jóvenes profesionales al sistema de investigación mediante actuaciones sobre el sistema educativo, establecer nuevas medidas salariales, y promover la movilidad geográfica y entre el sector público y el privado.

Por su parte, la comisión ciencia y empresa destaca la situación crítica del actual sistema de innovación español, como lo demuestra, por ejemplo, el escaso número de patentes españolas en comparación con otros países europeos (cinco veces menos que Italia, diez menos que Francia y treinta menos que Alemania). La comisión propone la creación de un Foro de Encuentro entre todos los agentes del ecosistema innovador español, que liderado por las empresas, se encargaría de desarrollar un “nuevo modelo de innovación español”, contribuyendo al nacimiento de una nueva generación de emprendedores.

Respecto a la situación de la ciencia española en Europa, la comisión, insiste en que España debe convertirse en un actor esencial del proceso de integración europea en materia de I+D. Para ello, es imprescindible intervenir de forma activa y eficaz en la toma de decisiones de las instituciones europeas. El fomento de la investigación básica por la Unión Europea es una oportunidad que España debe aprovechar al máximo. Es preciso, además, apoyar organizativa, técnica y financieramente los grupos de investigación y las empresas innovadoras que podrían participar en las futuras iniciativas comunitarias de I+D.

La comisión ciencia y sociedad destaca que la sociedad española es una de las más optimistas y con menos reservas ante la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo que muestra un bajo nivel de percepción y conocimiento de los hechos y logros de la ciencia. La Comisión propone incrementar el interés general de la sociedad por la ciencia y propiciar las vocaciones científicas entre los jóvenes. Por otra parte, señala que la comunidad científica debe adoptar un compromiso con la divulgación y el acercamiento de la ciencia al público. Asimismo, solicita una mayor presencia de la ciencia en los medios de comunicación. El informe propone, también, una serie de recomendaciones para incrementar la presencia de la mujer en los niveles superiores del sistema español de educación e investigación.

Más información:
Confederación de Sociedades Científicas de España: www.cosce.org

Curso Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Humano

Organización

Curso organizado por la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (Enginyeria Sense Fronteres - ESF) en el entorno virtual de aprendizaje del Campus for Peace.

Presentación

La cooperación internacional para el desarrollo ha aumentado tanto a nivel cualitativo como cuantitativo en la última década. Esto ha comportado un aumento en las exigencias formativas de las personas involucradas en estas acciones. El curso ofrece a voluntarios y a personas relacionadas activamente con el mundo de la cooperación internacional una formación sólida que se adapte a sus necesidades mediante una metodología no presencial.

A quién se dirige

Profesorado universitario de estudios técnicos. Colaboradores/as y voluntarios/as que participan en actividades docentes. Formadores/as de otras entidades que trabajan en el campo de la cooperación.

Objetivos académicos

Al finalizar la acción formativa, el participante tendrá unos conocimientos básicos sobre estado del mundo, ingeniería y cooperación internacional y sobre tecnología para el desarrollo humano; así como un conocimiento de intervenciones en continuo del desarrollo y gestión del ciclo del proyecto.

Programa

El curso tiene un carácter aplicado y participativo. Se presentarán y analizarán casos prácticos y experiencias concretas en cada uno de los módulos.

Conceptos y actores
Aproximación al estado del mundo
Desarrollo
Cooperación internacional
Ingeniería y desarrollo sostenible

Proyectos de desarrollo humano

Intervenciones en continuo del desarrollo
Programas y proyectos
Ciclo del proyecto: taller de marco lógico
Ciclo del proyecto: de la programación a la evaluación

Tecnologías para el desarrollo humano

Agua y saneamiento
Energía
Asentamientos humanos y obra civil
Tecnología de la información y las comunicaciones

Profesorado

Andreu Coromines Laura López Francesc Magrinyà Mariana Morales Sergio Oliete Agustí Pérez Alex Riba Ignasi Salvador Angel Saz Jorge Sneij


Precio y financiación

120 €
Los socios de ISF tendrán un descuento del 50%.

Inscripción

Para realizar la inscripción, acceded a la web del curso y rellenad el cuestionario correspondiente
http://catalunya.ingenieriasinfronteras.org/continguts/formacio/CICITpDH/index.htm
(o haga clic en el título)

Identidad y ciudadanía en el siglo XXI

A pesar de que la globalización tiene muchas caras, una de las más conocidas es la de las migraciones o movimientos espaciales de población entre regiones o continentes que responden a motivos políticos, religiosos, étnicos, económicos o, incluso, que son el resultado de la voluntad expresa del individuo. Desde tiempos remotos han existido desplazamientos humanos de diferente tipo. Así sucedió, por ejemplo, con los movimientos migratorios protagonizados por los bárbaros procedentes del Este que invadieron y debilitaron al Imperio Romano. Por ello, en cierto modo, se puede decir que estos traslados geográficos han existido siempre a pesar de que, a lo largo del tiempo, su intensidad y velocidad hayan ido cambiando.

La llegada de personas a un territorio tiene enormes consecuencias. Los países receptores cuentan con más mano de obra pero también tienen que hacer frente a mayores prestaciones sociales y a la ampliación de los servicios públicos. Estos impactos son ampliamente conocidos y su gestión va incorporándose poco a poco a la agenda política de los gobiernos. Pero las migraciones tienen otros efectos, de más largo alcance, que cuestionan los conceptos tradicionales de ciudadanía e identidad.

Efectivamente, los trasvases de población y los asentamientos en otros países que no son el propio han dado lugar a numerosos interrogantes por lo que se refiere a las nociones tradicionales de ciudadanía e identidad nacional: ¿Cómo se puede gestionar el derecho a la nacionalidad? ¿Qué políticas deben llevarse a cabo en relación con los extranjeros no ciudadanos? ¿Pueden los inmigrantes tener derechos políticos? Conceder el permiso de residencia, otorgar derechos civiles, económicos y sociales y no permitir el derecho de voto ni el de participación en la vida política, ¿no es, en el fondo, constituir una ciudadanía de segunda categoría? ¿Es necesario disociar el vínculo histórico entre la identidad nacional y el ejercicio de la ciudadanía?

Durante los siglos XVIII y XIX, y como consecuencia de la consolidación de los estados soberanos, la identidad de las personas se definía en tanto que sujetos políticos; es decir, en tanto que ciudadanos de una determinada nación. En este contexto, el concepto de ciudadanía suponía, por tanto, pertenencia a una determinada comunidad política y estaba asociado al de igualdad. Ello implicaba que, de jure , todos los ciudadanos de un estado gozaban de los mismos derechos y tenían que cumplir con las mismas obligaciones, independientemente de su raza, sexo, condición social o creencia. A su vez, el ciudadano lo era de un único estado al que debía lealtad absoluta lo que, como consecuencia, exigía una identidad homogénea y diferenciada del resto de naciones.

Las sociedades pluriculturales en las que vivimos, resultado de los movimientos migratorios, han modificado sustancialmente la posibilidad de definir la identidad en función de la ciudadanía. Así, en la actualidad, se reclama el reconocimiento diferencial de la identidad única de cada ciudadano, de cada grupo o cultura y de cada nación y, por ello, se afirma que la integración política no tiene por qué significar una asimilación cultural o la eliminación de las diferencias nacionales o culturales de los ciudadanos.

El fenómeno es, no obstante, más complejo de lo que parece. Efectivamente, no sólo se trata de respetar el origen cultural de los que han emigrado sino de reconocer que la identidad humana ya no es única, que los traslados de población provocan que las identidades (tanto de los que llegan como de los que reciben) sean múltiples. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que ya no existen lealtades excluyentes y de que, cada vez más, éstas son compartidas. Podemos pertenecer a diversos lugares y a diversas comunidades culturales al mismo tiempo, independientemente de cuál sea nuestro origen y de dónde residamos. Podemos ejercer distintos roles culturales, escoger aquellas características de la cultura que creemos que vale la pena desarrollar o rechazar aquellas otras que no nos satisfacen. Nada de eso debe estar reñido con la posibilidad de ser ciudadano, de ejercer derechos políticos y de participar en los acontecimientos que determinan la evolución de los lugares en que vivimos y, por tanto, que nos afectan de manera directa.

Pero las corrientes migratorias internacionales no han sido la única razón por la cual las nociones de identidad y ciudadanía se han visto modificadas. Existen otros factores, también consecuencia de las tendencias globalizadoras, que han alterado su significado, incluso, en direcciones distintas a las que acabo de exponer. 

En primer lugar, los procesos de integración supraestatales han planteado interrogantes en cuanto a la pertenencia a diferentes comunidades políticas y, consecuentemente, han provocado un importante debate en torno a la noción de ciudadanía. El caso europeo es paradigmático, quizá, porque la unión de los países trasciende la economía y alcanza las políticas monetarias, educativas o de defensa. Así, ha aparecido en los últimos años el concepto de ciudadano europeo que pone, de nuevo, en marcha, el delicado proceso de lealtades compartidas. Ello genera, inevitablemente, tensiones porque ahora deben hacerse compatibles la adhesión a una identidad colectiva de carácter nacional derivada de una conciencia histórica y cultural y la adhesión a una identidad postnacional, fundada en principios universalistas y contractualistas del constitucionalismo moderno, como el estado de derecho, la democracia o la participación en determinadas instituciones civiles.

Esta situación es todavía más compleja en el caso de estados plurinacionales que lo son no sólo como consecuencia de movimientos migratorios sino, también, como resultado de los acontecimientos históricos. Así, por ejemplo, España debe hacer frente a la integración de diversas identidades (catalana, vasca o gallega) en un mismo territorio y, a su vez, independientemente de sus raíces culturales, a la participación de todos sus ciudadanos en diversas comunidades políticas, a nivel local, regional, estatal y europeo. Esta múltiple ciudadanía ha sido denominada por varios autores como ciudadanía multinivel.

El segundo de los fenómenos a los que me quiero referir ha estado protagonizado por el espectacular desarrollo de los medios de comunicación, particularmente a partir del siglo XIX que trajo consigo un importante crecimiento de la circulación de periódicos. Como consecuencia, en la actualidad, cualquiera de nosotros puede estar mejor informado que un presidente de país hace doscientos años. Pero lo interesante es que, hoy en día, no sólo conocemos lo que ocurre en nuestro entorno más inmediato sino que sabemos más de los acontecimientos regionales y mundiales que lo que sabían nuestros antepasados. Así mismo, somos capaces de hacer llegar este conocimiento a lugares insospechados.

La evolución de las tecnologías de la información, la revolución de la microelectrónica y los ordenadores han intensificado estos procesos. Así, la aparición de Internet, del cable, de modernas tecnologías de televisión, del satélite o del transporte a reactor ha transformado dramáticamente la naturaleza de las comunicaciones. Como consecuencia, los individuos tenemos la posibilidad de conocer lugares remotos que antes eran inalcanzables. Al superar las barreras geográficas, hemos podido acceder a nuevas experiencias sociales y culturales, a nuevas gentes y naciones, sin movernos del sofá de casa. Podemos participar de sucesos que tienen lugar en la otra punta del globo pero que nos afectan porque nos sentimos ciudadanos del mundo, como la deforestación en el Amazonas, la guerra en Irak, el trabajo infantil en la India o las torturas en las cárceles chinas. Este concepto de ciudadano del mundo o global ha motivado la noción de sociedad civil global o transnacional.

Sin lugar a dudas, el siglo XXI presenta un nuevo panorama, resultado de los procesos de globalización, que despide definitivamente el modelo de identidades y ciudadanía heredado de los llamados estados-nación. Debemos evolucionar hacia otro escenario presidido por la integración económica y cultural en el que dichos conceptos se hayan adaptado coherentemente a los nuevos tiempos. Soy consciente de que ello no es fácil. ¿Cómo hacer compatibles las exigencias de lealtad compartida con las exigencias de identidad nacional? ¿Cómo hacer compatible la pertenencia a diferentes comunidades políticas? Sin duda alguna, éste es el nuevo reto de reconocimiento y articulación de la diversidad nacional y del ejercicio de soberanías compartidas que en el ámbito local, estatal, regional y global se plantea para la próxima década.

Por: Mila Gascó

XVI Encuentro de Barcelona, ¿Son inevitables las Armas?

Este año, el XVI Encuentro de Barcelona tiene el título "¿Son inevitables las armas?" y analizará el impacto que tiene la investigación, la producción y el comercio de armas en los conflictos alrededor del mundo así como la contradicción entre los discursos favorables a la paz y el apoyo al ciclo armamentista.

Se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2005 en la Casa del Mar de Barcelona. La entrada es gratuita, pero hace falta inscribirse previamente.

PROGRAMA

Dijous, 10 de novembre,

19.00 h Presentació
Alfons Banda, president de la Fundació per la Pau
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau

19.30 h Conferència inaugural
“Armes per la pau? Cicle armamentístic i cultura de pau”
Vicent Martínez Guzmán, director de la Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana

Divendres, 11 de novembre

10.00 h Conferència
“La Seguretat Humana”
Michael Renner, investigador del World Watch Institute, EUA

12.00 h Conferència
“L'inici del cicle: la despesa militar i la recerca”
Petter Stalenheim, investigador del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Suècia

16.00 h Taula rodona
“La indústria militar”
José Toribio, investigació en pau i desarmament
Representant de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento*

18.00 h Conferència
“El comerç d'armes”
Daniel Luz, investigador de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB

Dissabte, 12 de novembre

10.00 h Taula rodona
“Alternatives al cicle armamentístic”
Miguel Ángel Molina, membre de la Fundació per la Pau i coordinador de la Campanya "Per la pau: prou investigació militar!"
Pere Ortega, membre del Centre J. M. Delàs d'Estudis per la Pau de Justícia i Pau
Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam a Catalunya i membre de la Campanya "Armes sota control"

11.45 h Taula rodona
"Cal indústria militar a Catalunya?"
Amb representants del govern català i dels sindicats

13.30 h Conclusions i cloenda
*Pendent de confirmació

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Tríptico del Encuentro (PDF)

Implicaciones de la Decepción Política

Implicaciones socio-políticas y geoestratégicas.

en curso...

La Alianza de Civilizaciones y la Asamblea

El Proyecto de La Alianza de Civilizaciones presentado por el Presidente Rodríguez Zapatero en la última Asamblea (60a) de Naciones Unidas, el Presidente Turco, Tony Blair y las enormes posibilidades abiertas para la presentación de nuevos proyectos "Post-Humanistas".

en curso...

Participación y estrategias para el desarrollo sostenible

James Meadowcroft,
University of Sheffield

Resumen

La participación constituye un elemento esencial en la elaboración de estrategias exitosas para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se basa en la negociación del cambio social de forma que las aportaciones de todos los miembros de la sociedad devienen cruciales. La participación, sin embargo, implica ciertos costes y, si no se organiza y ejecuta cuidadosamente, puede ser incluso contraproducente. La experiencia existente en la gestión de procesos estratégicos sugiere que la participación se debe adaptar a las circunstancias de cada contexto específico, de modo que se introduzcan diferentes actores en los procesos estratégicos de maneras distintas. La participación dependerá, en gran medida, del alcance geográfico y sectorial de la propia estrategia para el desarrollo sostenible. Se debe prestar una especial atención a las ventajas y desventajas de los diferentes mecanismos participativos y, en los sistemas políticos democráticos, se debe intentar no debilitar la autoridad y la rendición de cuentas de los gobiernos electos. Así pues, al abordar la cuestión de la participación en las estrategias para el desarrollo sostenible no se debe asumir que la participación más intensiva, la más amplia, la más decisoria o la más frecuente sea necesariamente la “mejor” participación.

Participación y estrategias para el desarrollo sostenible

Generalmente se considera que el aumento de la participación pública en los procesos de toma de decisiones relativos al medio ambiente y al desarrollo es una característica esencial de la gobernanza para el desarrollo sostenible. La Agenda 21, por ejemplo, sostiene que una “amplia participación en la toma de decisiones” es un “prerrequisito fundamental para la consecución del desarrollo sostenible” (UNCED 1992, p. 219). También la OCDE argumenta que los “procesos de consulta y participación bien diseñados” son “especialmente importantes” en relación a las “políticas que promuevan el desarrollo sostenible, a causa de la multiplicidad y complejidad de los objetivos implicados” (OCDE 2001, p. 103).

Este artículo examina la participación en relación a una dimensión concreta de la gobernanza para el desarrollo sostenible: la elaboración de estrategias para el desarrollo sostenible. Se argumenta que la participación es un elemento esencial en la preparación e implementación de estrategias exitosas, aunque se enfatiza que debe ser cuidadosamente diseñada en función de la circunstancias específicas de cada contexto. La participación dependerá, en gran medida, del alcance geográfico y sectorial de la propia estrategia para el desarrollo sostenible. Existen muchos mecanismos a través de los cuales los diferentes actores relevantes pueden ser implicados en la preparación de una estrategia, no obstante, este proceso debe ser organizado de forma minuciosa para que resulte satisfactorio. Por encima de todo, no se debería asumir que la participación más intensiva, la más amplia, la más decisiva o la más frecuente sea necesariamente la “mejor” participación.

1. Participación en la gobernanza para el desarrollo sostenible

La necesidad de una mayor participación pública en la toma de decisiones políticas se justifica normalmente en base a tres grupos de argumentos. El primer grupo contiene argumentos de tipo pragmático, consecuencialista o funcionalista que giran entorno a la idea que la participación se debe valorar por las ventajas que conlleva. En este sentido, podríamos citar cuatro tipos básicos de beneficios de la participación: mejora del resultado decisional, facilitación de la implementación, mayor legitimidad y contribución a la educación pública. En primer lugar pues, la participación puede generar mejores decisiones ya que introduce más información en el proceso político y fomenta la comunicación entre las partes implicadas. Igualmente, reduce el peligro de sorpresas post-decisionales y de situaciones de punto muerto. En segundo lugar, la participación favorece una implementación exitosa: dado que los obstáculos potenciales habrán sido considerados más atentamente en la fase de decisión, un mayor abanico de actores comprenderán y apoyarán la política, lo cual facilitará el esfuerzo implementador. En tercer lugar, la participación puede incrementar la legitimidad –de las decisiones individuales y de las del sistema político en general– porque el proceso es percibido como justo e inclusivo. Además este efecto puede ser amplificado si, como hemos indicado anteriormente, el proceso resulta en decisiones mejores y/o implementadas con mayor consistencia. Finalmente, la participación estimula la educación pública porque la intervención directa en el espacio político permite a los participantes aprender más sobre la toma de decisiones políticas, sobre ciertas cuestiones técnicas y científicas y sobre la complejidad de los valores e intereses implicados. Un público más educado estará mejor equipado para participar en el futuro y podrá respaldar las decisiones tomadas.

El segundo grupo de argumentos en pro de la participación comprende consideraciones relativas a los conceptos de justicia y derecho. La cuestión aquí radica en que –independientemente de la calidad de las decisiones resultantes– es justo y apropiado que los afectados por una decisión tengan la oportunidad de participar en el proceso a través del cual ésta se toma (Hampton 1999). Si democracia significa “gobierno por la gente”, entonces los individuos y/o comunidades y/o grupos implicados tienen derecho a intervenir directamente en el proceso político.

El tercer grupo incluye argumentos de tipo expresivo que se centran en la importancia de la participación como medio para definir la identidad individual y colectiva. Como antes –independientemente de la calidad de la decisión– se considera que el proceso de participación en la elaboración de políticas tiene un valor intrínseco pero, en este caso, se argumenta que es porque proporciona a los individuos y/o comunidades y/o grupos la oportunidad de establecer y expresar prioridades, defender sus intereses y valores, conformar el mundo en el que vivirán y definir sus identidades.

Las consideraciones participativas son especialmente importantes en el contexto del desarrollo sostenible a causa del carácter único de este proyecto social:

El desarrollo sostenible articula una visión dinámica de la sociedad y de las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente, de forma que la gobernanza para el desarrollo sostenible implicará necesariamente un cambio social conscientemente dirigido. En definitiva, el desarrollo sostenible supone un avance orientado en base a líneas específicas que evite futuros sociales insostenibles (Meadowcroft 1997).

El concepto tiene un carga normativa: las decisiones relativas al desarrollo sostenible no se pueden reducir a elecciones técnicas (aunque éstas son importantes) sino que requieren elecciones de valor sobre las prioridades de los individuos y las comunidades, así como sobre la distribución de costes, beneficios y riesgos (Lafferty and Langhelle 1999).

El proyecto tiene un carácter global, integra la toma de decisiones de distintas esferas de la vida social y penetra en un sinnúmero de sectores y dominios.

Si bien la orientación general del desarrollo sostenible es clara, solamente a través de la experimentación se puede acumular el conocimiento necesario para identificar el tipo de gestión de las interacciones socio-ecológicas que será más apropiado en el futuro. En otras palabras, no existe ninguna guía preexistente de la escala y el carácter específicos de la transformación de las prácticas sociales e instituciones que requiere el desarrollo sostenible.

Estas características sugieren que si cualquier proyecto político exige una mayor participación en la toma de decisiones, también la exige el desarrollo sostenible. Respecto a la noción de cambio social deliberativamente orientado, la participación puede ser entendida no sólo como un imperativo democrático (como garantía de que los actores sociales podrán hacer aportaciones en la definición de la dirección del cambio), sino también como una estrategia dirigida por el gobierno y desplegada con el fin de identificar las reformas necesarias. La participación puede permitir que los individuos y los grupos concilien y redefinan los intereses relevantes, contribuyan a configurar el futuro y se ajusten al cambio inminente. Del mismo modo, la participación puede contribuir a la construcción de consensos y a la identificación de los puntos en los que el consenso es imposible. En relación al contenido normativo del desarrollo sostenible, la participación puede facilitar una manifestación más completa de las actitudes existentes, la yuxtaposición de diferentes enfoques y la transformación de valores. Por lo que respecta al carácter global del proyecto, la participación puede fomentar la integración de conocimiento y la adaptación de la gobernanza a los diversos contextos transversales relevantes para el desarrollo sostenible. Finalmente, en lo que atañe al “aprendizaje a través de la acción” (“learning through doing”), la participación puede promover la gestión adaptativa y la adquisición de conocimiento por parte de los actores sociales y los gobiernos.

Retomando las categorías principales presentadas con anterioridad para resumir las virtudes de la participación, podemos afirmar que la gobernanza para el desarrollo sostenible (como un proceso dirigido, con carga de valor, socialmente global y orientado al aprendizaje) requiere las mejoras relativas a la calidad decisional, la implementación, la legitimación y la educación que una mayor participación parece implicar. En todo caso, la gobernanza para el desarrollo sostenible debería desarrollar procedimientos de decisión justos que permitan a los individuos y comunidades estar más íntimamente implicados en la definición de sus futuros colectivos, proporcionando, a la vez, un contexto en el cual individuos y colectividades varias puedan expresar, definir y redefinir sus identidades y realizar una contribución significativa al bien social.

Las observaciones sobre la naturaleza del desarrollo sostenible y los beneficios potenciales de la participación sugieren que se deben tener en cuenta una serie de consideraciones previas para que los procesos participativos contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible como proyecto social. En particular, los enfoques participativos de la toma de decisiones se deberían diseñar para fomentar:

Una representación adecuada de los intereses implicados y una apertura al escrutinio público . La participación debe ser lo suficientemente amplia para reflejar una muestra representativa de las perspectivas implicadas y los resultados del proceso deberían estar abiertos a la revisión por parte de las partes interesadas. Este hecho es crucial si la participación tiene que aumentar las bases informacionales y comunicativas de la toma de decisiones, mantener la confianza pública y ser justa a nivel sustantivo. Sin una adecuada representación de los intereses implicados, la elaboración de políticas sobre desarrollo sostenible no logrará tener en cuenta todas las dimensiones del problema relevantes y las decisiones carecerán de legitimidad. Así mismo, todo ello resultará en déficits de implementación e inestabilidad política.

Una implicación deliberativa de las partes implicadas . El movimiento hacia el desarrollo sostenible requiere no tan sólo negociación y compromiso entre los intereses existentes sino también la redefinición de intereses y valores con el fin de adoptar un enfoque más ambientalmente sostenible. Esto puede ser promovido a través de la interacción deliberativa, interacción que permite que actores con diferentes perspectivas intercambien puntos de vista, debatan e interactúen para encontrar una solución colectiva a un problema. La deliberación implica el “reconocimiento” mutuo entre los participantes (cada uno de los cuales representa una perspectiva legítima), el compromiso sustantivo con perspectivas alternativas y la oportunidad de avanzar más allá de categorías establecidas para repensar y reconceptualizar problemas (Bohman 1996, Dryzek 2000). La deliberación efectiva requiere condiciones contextuales específicas y será más probable que las prácticas participativas que incluyan tales condiciones promuevan el desarrollo sostenible efectivo que aquéllas que no las incluyan.

La aplicación e integración de diferentes formas de conocimiento a la toma de decisiones . El conocimiento técnico y científico resulta esencial para definir políticas para el desarrollo sostenible bien fundadas. Sin embargo, el conocimiento científico (incluyendo el conocimiento sobre los límites del conocimiento, las incertidumbres y los riesgos) necesita ser “transformado” para que sea adecuado para la toma de decisiones políticas ya que el carácter “abierto” de la ciencia se ajusta difícilmente al carácter “conclusivo” que requiere la política y la regulación. Además, el conocimiento científico debe ser combinado con otros tipos de conocimiento, incluyendo el conocimiento que se encuentra en manos de las partes directamente implicadas en un problema, así como las perspectivas no-expertas de la ciudadanía en general (Renn, Webler y Wiedemann 1995). Se deben promover, por consiguiente, los procesos participativos que favorezcan la integración de diferentes formas de conocimiento y que permitan que las interpretaciones de los expertos sean expuestas en un contexto que construya confianza pública (y no cinismo público).

La promoción del aprendizaje social . Dado que las sociedades tienen que aprender su camino hacia el desarrollo sostenible, todos los factores que incrementen el potencial de aprendizaje serán deseables. En este sentido, se deberá considerar el fomento de la interacción de perspectivas divergentes en contextos moderadamente conflictivos (Bennett y Howlett 1992), la intervención de los participantes en la implementación de las acciones acordadas (Meadowcroft 1999) y la necesidad de operar con horizontes temporales de largo término y con ciclos iterativos que faciliten la incorporación de los feed-backs y de la experimentación.

2. Estrategias para el desarrollo sostenible

El inicio de procesos estratégicos es un componente importante del reto de la gobernanza para el desarrollo sostenible. Se pretende que tales procesos contribuyan a la transformación del compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible de un objetivo meta-político a un programa concreto para el cambio. Estas estrategias pueden jugar un papel clave a la hora de identificar problemas, fijar prioridades, definir un enfoque para la reforma, construir consensos y fomentar interacciones constructivas entre los actores sociales clave.

Cualesquiera que sean las características particulares de una estrategia para el desarrollo sostenible, ésta debería:

Adoptar explícitamente el “desarrollo sostenible” como marco conceptual.

Presentar un enfoque de largo término, con un horizonte de una década o más.

Reflejar una perspectiva “integradora” que reúna aspectos sociales, económicos y sociales en la toma de decisiones.

Articular una orientación estratégica definitiva.

Identificar objetivos concretos y políticas para su consecución.

Los procesos estratégicos para el desarrollo sostenible pueden variar enormemente. La diferencia principal radica en las áreas concretas con las que están relacionados: primero, espacial y políticamente (¿se deben diseñar a nivel internacional, nacional, regional, sub-regional o local?) y, segundo, también temáticamente (¿están relacionadas con todos los sectores y/o problemas o sólo con sectores económicos específicos y/o temas?, ¿abordan aspectos económicos, sociales y ambientales o solamente dimensiones seleccionadas del desarrollo sostenible?). Evidentemente, existen otras dimensiones significativas incluyendo las de carácter político/legal (¿cuáles son las entidades patrocinadoras?, ¿qué estatus tiene la estrategia?); los objetivos y metas (¿cuál es el carácter de los objetivos?, ¿existen metas cuantitativas y cualitativas?); y la revisión e iteración (¿se prevé la supervisión del progreso de la estrategia?, ¿forma parte la estrategia de un proceso ya en marcha?) (Janicke y Jorgens 1999; Lafferty y Meadowcroft 2000).

El avance hacia el desarrollo sostenible requiere estrategias con distintos tipos de enfoques, incluyendo estrategias sectoriales (transporte, agricultura, etc.), estrategias temáticas (cambio climático, biodiversidad) y estrategias locales (Agenda 21, estrategias de desarrollo local). Sin embargo, las estrategias nacionales y las estrategias regionales clave tienen un rol particularmente importante. Las estrategias nacionales proporcionan un nexo entre las organizaciones y procesos internacionales por un lado, y las autoridades, sistemas de representación política y sistemas de rendición de cuentas a nivel nacional por otro. Las estrategias regionales, por su parte, permiten evaluaciones exhaustivas e iniciativas transversales en un área relativamente grande, que comparte importantes características económicas y ambientales y que frecuentemente posee un fuerte sentimiento de identidad colectiva.

Al abordar las estrategias para el desarrollo sostenible, es fundamental distinguir a) el proceso de elaborar, adoptar y revisar periódicamente los documentos estratégicos, de b) los procesos relacionados y subsidiarios a través del los cuales una estrategia puede ser implementada en la práctica. Esta distinción es importante por dos motivos. Primero, las estrategias para el desarrollo sostenible (especialmente las de nivel nacional y regional) contemplan un gran abanico de temas complejos a un nivel bastante general, de forma que la resolución práctica y detallada de los retos que identifican será necesariamente traspasada a agencias y procesos especializados que se extenderán a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Además, estos procesos adquirirán dinámicas muy alejadas de las interacciones originales de la fase de elaboración. Segundo, pocas estrategias para el desarrollo sostenible son en realidad tan integradoras como el “modelo racional” de elaboración de estrategias sugiere (implicando un proceso completamente coherente de conceptualización, diseño, implementación y evaluación). De hecho, la correspondencia con este ideal disminuye rápidamente a medida que el alcance de la estrategia (en cuanto a área temática, ámbito geográfico, etc) aumenta. Igualmente, surgen ciertas dificultades al intentar vincular las estrategias con los procesos gubernamentales en marcha y al intentar conseguir una coordinación substantiva entre las áreas administrativas existentes. En realidad, las estrategias a menudo discurren más o menos en paralelo con los programas y rutinas existentes. Además, cuanto más especializadas sean las estrategias temáticas o sectoriales –normalmente bajo la competencia de un único ministerio o agencia– más se asemejan a los “planes”. De nuevo, esto apunta a la relevancia de distinguir entre el proceso estratégico formal y las actividades de elaboración e implementación de políticas con las cuales puede estar relacionado.

3. Participación y estrategias para el desarrollo sostenible

La experiencia práctica adquirida en la elaboración de estrategias nacionales y regionales sugiere que, con el tiempo, la dimensión participativa ha ido adquiriendo una mayor importancia. Esto se debe en parte a que la comunidad internacional ha insistido cada vez más en que las buenas prácticas en la preparación de estrategias para el desarrollo sostenible requieren participación (OCDE 2001b; IIED, PNUD y DFID 2002). Pero en la mayoría de países los actores nacionales también han exigido la oportunidad de ser consultados (Meadowcroft 2000). Así lo ha demostrado la elaboración de los conocidos Planes Nacionales de Política Ambiental de Holanda. Si bien los primeros planes solamente implicaron una coordinación de tipo inter-gubernamental, las iteraciones posteriores han ido introduciendo cada vez más a amplias redes de actores sociales en el proceso (Dreissen y Glasbergen 2002).

La participación en la preparación de estrategias puede adoptar numerosas formas, aunque generalmente suele incluir las siguientes:

Ejercicios de consulta pública general (publicación de borradores de documentos de manera que individuos y grupos tengan la oportunidad de hacer comentarios); y

Negociaciones más intensas con los principales grupos de interesados (otros ministerios y niveles del gobierno, organizaciones empresariales y quizás ONGs ambientales).

Para atraer al público y a los grupos de interesados a los procesos estratégicos pueden emplearse numerosas técnicas específicas, incluyendo reuniones abiertas, encuestas de opinión y grupos focales, foros deliberativos (tales como paneles consultivos de ciudadanos o jurados ciudadanos), mesas redondas de grupos de interesados, grupos de trabajo y referéndums. Si consideramos no sólo la elaboración y la adopción de la estrategia, sino también la puesta en práctica de la orientación estratégica que ésta conlleva, entonces se amplían considerablemente tanto las oportunidades como la necesidad de participación. Dado que la clase de cambios que generalmente prevén las estrategias de desarrollo sostenible sólo pueden lograrse mediante redes complejas de actores sociales, los promotores de las estrategias deben atraer a los demás actores hacia las interacciones en desarrollo si realmente desean llevar a cabo sus ambiciones estratégicas.

Esto nos remite a la distinción efectuada en la sección anterior entre la preparación, adopción y revisión de las estrategias (procesos estratégicos) y la reforma práctica continuada en las áreas que las estrategias abarcan. Está claro que el potencial y las modalidades de participación en estos dos niveles son bastante diferentes. La elaboración suele realizarse bajo límites de tiempo relativamente ajustados (debido a los compromisos políticos existentes, la programación de reuniones internacionales, etc). Potencialmente, involucra a un gran número de intereses afectados (especialmente si la estrategia tiene un alcance territorial amplio), e implica algún tipo de acuerdo en los niveles más altos del liderazgo político y burocrático en relación a los objetivos y metas, asignación de recursos y responsabilidades, resolución de disputas, etc. Por consiguiente, la participación significativa plantea un verdadero reto, puesto que estas limitaciones pueden reducir el proceso a poco más que un ejercicio de relaciones públicas combinado con una negociación entre los actores públicos y privados clave, en lugar de generar las interacciones más participativas, iterativas, integradoras y deliberativas que se podrían suponer como más relevantes para la consecución del desarrollo sostenible. Por el contrario, la fase de ejecución y ajuste es más larga, implica un intenso trabajo en las sub-áreas especializadas y se centra en la consecución de objetivos y en el despliegue de los instrumentos apropiados para la elaboración de políticas. Estos procesos suelen proporcionar condiciones en cierta forma más favorables para organizar las interacciones participativas.

Por supuesto, la participación en la primera fase debe ser como mínimo suficiente para que de ella resulte una estrategia viable que cuente con un apoyo público significativo. De lo contrario, podría ser imposible seguir atrayendo a los actores clave en las siguientes fases del proceso. Efectivamente, uno de los aspectos fundamentales en cuanto a la participación en la fase de diseño es establecer los contactos y las redes de socios que puedan seguir siendo desarrollados a medida que avance el proceso. Si en ese momento la estrategia deviene parte de una rutina iterativa, las conexiones entre las dos fases se estrechan y las interacciones participativas construidas en la fase de ejecución práctica pueden contribuir a la redefinición de prioridades en la fase de renovación de la estrategia.

4. Iniciando los procesos estratégicos

Las autoridades impulsoras de las estrategias deben tener en cuenta una serie de consideraciones importantes al valorar las estructuras y modalidades de participación apropiadas para la fase de diseño:

El carácter genérico de los procesos estratégicos : el objetivo de las estrategias es establecer las prioridades clave y la orientación básica del trabajo. Las estrategias están orientadas hacia el futuro y se centran en aspectos críticos - no pueden pretender tratar todas las cuestiones o sugerir una solución para todos y cada uno de los problemas. Tampoco constituyen las únicas oportunidades de participación de los ciudadanos y los grupos de interesados en la gobernanza para el desarrollo sostenible.

El foco específico de la estrategia propuesta : su alcance político y geográfico, los sectores económicos que incluye, los elementos de la problemática del desarrollo sostenible que abarca y el foco preciso de su competencia.

Los elementos definidores de la estrategia propuesta : el papel que debe jugar, su estatus político y legal, su relación con documentos y procesos gubernamentales previos y con el trabajo ordinario de la administración pública.

Las circunstancias políticas que rodean su preparación : la amplitud y el nivel de apoyo político al proceso, origen y carácter del mandato que ha recibido la agencia encargada de su preparación, la experiencia y recursos de la agencia impulsora y sus relaciones con las otras instancias gubernamentales y las percepciones ciudadanas existentes y sus expectativas en relación con la estrategia.

Cada uno de estos elementos ayuda a definir el contexto en que se va a organizar cualquier forma de participación.

Sólo si se parte de un examen honesto y claro de estos asuntos tiene sentido proseguir con el segundo grupo de cuestiones relacionadas con el propósito de la participación y las expectativas que la rodean. La cuestión aquí es por qué debe fomentarse la participación en este proyecto en concreto y qué ganancias se espera obtener mediante ésta. No basta con decir “es lo que se espera de nosotros” (de los ministros, evaluadores internacionales, actores sociales, etc). Lo que en realidad es necesario es explicitar cómo puede contribuir la participación al desarrollo del proceso estratégico en cuestión. Es obvio que lo que se desea es una estrategia de mayor calidad que sea al mismo tiempo más aceptable para los grupos de interesados, pero ¿qué es lo que la autoridad patrocinadora espera conseguir exactamente del proceso? Responder a esta cuestión significa también reflexionar sobre qué es lo que los participantes potenciales esperan del proceso. ¿Qué les motivaría a participar? ¿Qué es lo que esperan ganar? ¿Es probable que estas expectativas se cumplan? En definitiva, la participación es una calle de doble sentido.

Finalmente, se debe abordar el propio diseño del compromiso participativo. La bibliografía existente (Carew-Reid et al 1994; OCDE/PNUD 2002) nos puede orientar al respecto. Un punto de partida es el “análisis de los grupos de interesados”: conocer y comprender a los grupos implicados en los problemas que la estrategia intenta tratar y que deben involucrarse de una forma u otra en la definición de las posibles soluciones. Numerosas cuestiones empiezan a destacar al respecto, incluyendo la identificación de intereses clave, la viabilidad de los diferentes tipos de socios, los conflictos entre los grupos de interesados potenciales, etc. A continuación, surge el tema de la selección de los enfoques participativos. La clave aquí suele estar en alcanzar una mezcla apropiada de técnicas que provea el marco para las aportaciones de una amplia variedad de actores sociales, a la par que permita interacciones más intensivas entre las organizaciones clave cuyas perspectivas y proceder sean críticas para la orientación general de la estrategia.

En este contexto, es importante tener presente la distinción entre modos de participación orientados a los ciudadanos y modos orientados a los grupos de interesados. Los primeros apelan a la idea de que los ciudadanos individuales tienen voz y voto en las decisiones que afectan a su futuro. Los segundos ponen el énfasis en los intereses comunes de los grupos, enlazados en una matriz social particular, y en la participación de todos los partenaires sociales en la determinación del mejor camino de futuro. Ambos modos son importantes para el desarrollo sostenible aunque, como veremos, la orientación hacia los grupos de interesados es especialmente significativa. La posición de la ciudadana es importante porque los individuos deberían tener la oportunidad de ejercer influencia sobre el movimiento hacia el desarrollo sostenible, no sólo como consumidores y agentes económicos, sino también como miembros de una comunidad política que toma decisiones colectivas en relación a las vías de futuro. La de los grupos de interesados lo es porque las organizaciones empresariales, los órganos gubernamentales de todo tipo y las asociaciones de la sociedad civil están directamente relacionadas con las prácticas sociales que hay que transformar para que la gobernanza para el desarrollo sostenible tenga éxito. En cuanto a las diversas técnicas participativas, éstas se relacionan más directamente con uno u otro de los modelos: los muestreos de opinión, los grupos focales, los foros deliberativos y los referéndums, por ejemplo, están relacionados con la posición orientada a la ciudadanía, mientras que mecanismos como las mesas redondas interactivas lo están con la posición orientada a los grupos de interesados.

5. Participación en la innovación e implementación de política en curso

En algunos aspectos, los esfuerzos para llevar a cabo la orientación definida en una estrategia proporcionan mayores oportunidades para el compromiso participativo fructífero que el propio diseño inicial de la estrategia. Esto se debe a que estos procesos operan en un contexto político que ha sido definido por la existencia de la estrategia. Ésta ya ha sido adoptada formalmente por alguna autoridad (ya sea un grupo de ministros, el gobierno, el parlamento, o quizás un gobierno regional) y así sus orientaciones y metas devienen un punto de referencia para los actores políticos. Hay más tiempo para intercambios entre las diferentes partes implicadas en los sub-campos específicos y el hecho de centrarse en la ejecución práctica y la resolución de problemas puede fomentar la extracción de lecciones aprendidas. El potencial de la fase posterior a la adopción puede apreciarse también si volvemos a las cuestiones identificadas como especialmente críticas en relación con la participación en la gobernanza para el desarrollo sostenible en la primera sección de este artículo. Así, las condiciones favorables al “compromiso deliberativo” de las partes implicadas, la “integración de diferentes formas de conocimiento” en la toma de decisiones y la “promoción del aprendizaje social” tienen más posibilidades de prevalecer durante las interacciones extensas y detalladas que devienen posibles en la fase de “implementación”.

El retorno a estas cuatro cuestiones también nos muestra la importancia de las interacciones participativas orientadas a los grupos de interesados (frente a las orientadas a la ciudadanía). Estos procesos dependen más de los insumos de los grupos organizados y de sus representantes que de la participación de la ciudadanía en general. Y son especialmente efectivos en la representación de intereses y perspectivas porque los participantes hablan en nombre de organizaciones directamente enraizadas en las diferentes dimensiones de la cuestión. Cuando un foro de grupos de interesados delibera, los participantes pueden aprender directamente el uno del otro y alcanzar una posición común en relación a los problemas. Los progresos en la comprensión de las cuestiones y las propuestas para avanzar pueden compartirse con las circunscripciones más amplias que cada participante representa. Los procesos basados en el grupo se inician desde una base de conocimiento más extensa, debido a que los representantes del grupo ya están involucrados en este área o cuestión y los participantes pueden absorber con más facilidad el nuevo conocimiento técnico y científico. Además, tienen más tiempo para invertir en el proceso que la ciudadanía en general. El aprendizaje también se facilita en estos casos, a través de un ambiente más rico en información, pero sobretodo por el hecho de que los grupos tienen una existencia continuada por encima y más allá de la de cualquier representante individual. Los grupos pueden acumular e institucionalizar el conocimiento. Igualmente, pueden comprometerse en interacciones prolongadas durante muchos años y hacer progresar un acuerdo desde la toma de la decisión hasta su puesta en práctica, incrementando así las oportunidades para el aprendizaje y la gestión adaptativa.

Durante la fase de implementación y despliegue de las políticas, una gran variedad de interacciones participativas orientadas a los grupos de interesados pueden hacer avanzar el compromiso con el desarrollo sostenible. Los acuerdos, la negociación normativa, la mediación, la gestión cooperativa, así como otros enfoques basados en los grupos de interesados pueden utilizarse para reformar ámbitos problemáticos concretos relacionados con la estrategia. Este énfasis en la construcción de partenariados no debe interpretarse como muestra de un sesgo a favor de los instrumentos políticos voluntarios en detrimento de los regulativos. Las interacciones de los grupos de interesados pueden ayudar a identificar la compleja mezcla de enfoques políticos que se requiere para llevar adelante el compromiso con el desarrollo sostenible en un sector particular, y ésta puede incluir instrumentos normativos, fiscales e informativos, así como iniciativas voluntarias.

6. Manteniendo el sentido de la proporción

Hasta ahora hemos procedido como si la participación no tuviera ningún coste. Obviamente, esto no es así. La participación requiere de importantes recursos, especialmente de tiempo, dinero y habilidades de gestión. El ejercicio participativo no puede hacerse con prisas si se quiere que la participación sea algo más que una formalidad. Hay que organizar los procesos y llevarlos a cabo hábilmente.

Además, vale la pena recordar que la participación no lo es todo. Al comienzo hemos citado argumentos funcionales para valorar la participación, así como argumentos de carácter expresivo y otros relativos al concepto de derecho. Ninguna de estas razones es absoluta: todas deben equilibrarse con otras consideraciones. Las ventajas funcionales de un mejor conocimiento, la mayor probabilidad de una ejecución exitosa y el refuerzo de la legitimidad y la educación pública deben ser sopesados en relación a otros elementos funcionales – especialmente por lo que respecta al coste, el tiempo y la efectividad. En este sentido, los decisores se preguntan: ¿las ganancias potenciales superan a los costes?. Incluso las consideraciones relativas a los derechos no son absolutas: el mundo político está densamente poblado de derechos, y la cuestión radica en cómo conciliar las demandas contrapuestas. Existe el derecho a una administración eficaz y rentable y a la pronta acción del gobierno para tratar los daños ambientales agudos y, en algunos casos, estos derechos pueden chocar con las demandas de una mayor participación.

No obstante, en el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo sostenible la decisión no está entre si debe haber participación pública o no, sino más bien en la forma que la participación debe adoptar: quién ha de participar, cómo y cuándo. En este punto no se debería asumir que la participación más intensiva, la más amplia, la más decisiva o la más frecuente sea necesariamente la “mejor” participación. Tomemos, como ejemplo, la dimensión “decisional” de la participación. Los entusiastas de la participación (especialmente los defensores de los mecanismos orientados a la ciudadanía) enfatizan sistemáticamente que la proximidad a la soberanía decisoria es fundamental en la valoración de la importancia de la participación. Todavía es habitual encontrarse con referencias a la famosa “escalera” de participación de Arnstein, que gradúa la autenticidad participativa en una escala que va desde la “manipulación” al “control ciudadano” (Arnstein 1969). Mientras que otros han identificado “niveles de participación” entre “recibir información” y estar “implicado” en la toma de decisiones final (Bass et al 1995). Sin embargo, muchos comentaristas han cuestionado los supuestos unidimensionales que hay detrás de este tipo de clasificaciones (Coenen, Huitema y O’Toole 1998).

La importancia relativa de la decisión para la que se solicita la participación (¿es fundamental o trivial?), por ejemplo, parece ser tan significativa como la medida en que los participantes influyen en el resultado final (¿poco o mucho?). La valoración de la participación puede también abrirse a otros criterios. En el contexto del desarrollo sostenible dos dimensiones asumen un papel crítico: i) si estamos hablando de participación como un ejercicio excepcional o como un proceso iterativo y ii) si la participación afecta sólo a la toma de una decisión o también a la puesta en práctica de la orientación. Precisamente porque el desarrollo sostenible implica no sólo una serie de decisiones aisladas, sino un programa sistemático para el cambio social a largo plazo, debe favorecerse la interacción participativa continuada por encima de las operaciones esporádicas. De nuevo, puesto que el desarrollo sostenible implica la transformación organizada de las instituciones y de las prácticas sociales, los procesos que conlleven la extensión de la participación a la fase de ejecución deben ser privilegiados.

La interdependencia que caracteriza a la sociedad moderna, las complejas relaciones causales entre el medio ambiente y el desarrollo y otros factores relacionados, así como las jurisdicciones transversales en los sistemas de gobierno modernos, conllevan que los mecanismos participativos raramente gocen de supremacía decisional y que a menudo su peso decisional sea modesto. Los ejercicios específicos se combinan normalmente con otro tipo de mecanismos en un proceso complejo de toma de decisiones: una consulta pública inicial, por ejemplo, seguida de interacciones multi- grupo más focalizadas. Además, los políticos y los funcionarios hacen bien en ser cautos respecto al abandono de la potestad de tomar la decisión final y, en la mayoría de contextos, los gobiernos impulsores retienen la decisión última sobre si aceptar o rechazar el resultado de las interacciones participativas.

El análisis de la participación debe abordarse desde una posición multidimensional. Desde esta perspectiva se aprecia, por ejemplo, que el mecanismo marginalmente participativo de una consulta formal – si es llevado a cabo de buena fe y relativamente pronto en el proceso decisorio– es una de las herramientas más útiles. Es de baja intensidad y no decisorio, pero puede aplicarse a menudo y en una amplia gama de contextos. Después de todo, la capacidad participativa de la comunidad política tiene límites y, si hay que superarlos, esto debe hacerse gradualmente. En el mundo real, los individuos, comunidades y organizaciones se enfrentan a limitaciones con respecto al ámbito y la profundidad de las operaciones de participación que pueden emprender. Los gobiernos, por su parte, deben hacer frente a los límites en términos de la complejidad de los procesos que pueden gestionar efectivamente.

También debe recordarse que, mientras la participación en el gobierno para el desarrollo sostenible tiene un objetivo sustantivo, su contenido esta abierto a la discusión y reinterpretación. La participación es el camino a través del cual las diferencias, contradicciones y antagonismos se expresan, así como un medio a través del cuál pueden ser gestionados. La participación no siempre conduce al consenso; e incluso cuando lo hace, es probable que el consenso se demuestre parcial y sólo relativamente estable. La toma de decisiones por parte de las autoridades (authoritative decision-making) es necesaria para establecer procesos participativos y también para recoger sus ganancias. El desarrollo sostenible es un bien, pero diferentes grupos sociales e individuos son partícipes de este bien, y asumen los costes de su realización en grados diferentes. Para que cambien las prácticas sociales, los individuos, las comunidades y las organizaciones que articulan estas prácticas también tendrán que cambiar. Y habrá momentos en que las luchas por la definición de la dirección y el contenido del cambió serán intensas. Habrá que hacer elecciones difíciles, y se requerirá a los políticos electos y a los funcionarios de los niveles nacional y local que tomen estas decisiones – porque han sido elegidos y empleados para ello, y porque es a los únicos a los que se puede (en cierto grado) hacer responsable de esas elecciones.

Así, la extensión de la participación no significa que el rol del gobierno sea reducido en ningún sentido. Al contrario, la gobernanza para el desarrollo sostenible depende en primer y principal lugar de gobiernos activos que sitúen este objetivo en el centro de la agenda política, definan claramente la orientación sustantiva de la política ambiental y establezcan los marcos legales y organizativos para facilitar la participación apropiada. En este contexto, las instituciones básicas del gobierno político – incluyendo las elecciones y el sistema de partidos, la jerarquía de los órganos de decisión, junto con la separación de poderes establecida constitucional y tradicionalmente – siguen siendo esenciales para decidir qué es lo que implica el desarrollo sostenible.


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Notas:
1El trabajo original en inglés se presentó como paper en el II International Workshop Strategies for Sustainable Development: Roles and Responsibilities Along the Global-Local Axis, organizado por el grupo GDS (Gobernanza para el Desarrollo Sostenible) del IIG. Barcelona, 12-13 de junio de 2003. La traducción al castellano es de Marta Batllevell y Lupe Moreno.


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