¿Se dirige Iran hacia un enfrentamiento con Estados Unidos?

ARI Nº 85/2005 (Traducción del inglés) -- Análisis
Soeren Kern ( 26/7/2005 )

Tema: Con la elección del alcalde fundamentalista de Teherán como nuevo presidente de Irán, el establishment clerical de línea dura ha consolidado su poder en todas las ramas del Gobierno iraní, lo que mermará las posibilidades de reconciliación entre Irán y Estados Unidos.

Resumen: La elección de Mahmud Ahmadineyad como nuevo presidente de Irán centraliza el control de la política exterior en manos del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo ultraconservador no electo del país. Cuando los religiosos de línea dura reemplacen a los reformistas que habían intentado fomentar el diálogo con Occidente, se hará más difícil cualquier posibilidad de mitigar los más de 25 años de antagonismo entre Teherán y Washington. La Casa Blanca, anticipándose a las tensiones que están a la vista, ha puesto en duda la legitimidad del recién elegido presidente, cuya campaña se ha basado en el compromiso de convertir a Irán en un Estado nuclear. En efecto, el resultado de las elecciones consolidará la influencia de los halcones de la Administración Bush, que argumentan que no se puede depositar ninguna confianza en Irán, salvo que cese por completo su programa de enriquecimiento de uranio. Por consiguiente, la Casa Blanca estará bajo presión para formular una política coherente con respecto a Irán, que abandone el actual enfoque de aceptar el statu quo y articule un plan de acción alternativo en el caso de que la diplomacia europea no consiga atemperar las ambiciones iraníes. En cualquier caso, es posible que el endurecimiento de posiciones por parte de todas las partes implicadas desencadene un ciclo de acción-reacción que podría derivar potencialmente en un peligroso conflicto en una región que destaca por su importancia geoestratégica.

Análisis

El verdadero poder en Teherán
La arrolladora victoria el pasado 24 de junio de Mahmud Ahmadineyad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales iraníes significa que el verdadero poder en Irán ha pasado indiscutiblemente a manos de su clero fundamentalista chií, dirigido por el ayatolá Ali Jamenei, el líder religioso supremo. La victoria electoral de Ahmadineyad sobre el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, al frente del Gobierno durante dos mandatos consecutivos, elimina al más potente de los rivales políticos de Jamenei, dejando al omnipotente líder supremo al mando de todas y cada una de las principales instituciones gubernamentales. Se trata de la mayor centralización de poder desde que la revolución de 1979 puso fin a la monarquía respaldada por EEUU.

La estructura del poder político de Irán se compone de un Gobierno electo, supervisado por un régimen clerical no electo. Durante los últimos ocho años, el presidente reformista Mohamed Jatamí y su Gobierno intentaron democratizar gradualmente el sistema con el propósito de restringir el poder de los clérigos designados. Sin embargo, Jamenei consiguió bloquear sistemática y hábilmente a los reformistas, invalidando la legislación e investigando a los candidatos para asegurarse de que fueran leales al sistema. Los reformistas sufrieron su primera derrota significativa durante las elecciones municipales de febrero de 2003 en Teherán, donde una baja participación dio el control del ayuntamiento y el cargo de alcalde a los conservadores. Los reformistas padecieron otro revés durante las elecciones legislativas de febrero de 2004, cuando casi 2.000 de sus candidatos fueron descalificados y los conservadores lograron el control del Parlamento.

La elección de Ahmadineyad como presidente significa que los reformistas han perdido su último punto de apoyo en el poder. Ahora, Jamenei y sus partidarios teocráticos no electos controlan la Presidencia, el Poder Judicial y el Parlamento, así como la policía secreta y militar. Los principales aliados de Ahmadineyad son el hijo de Jamenei, Mojtaba, y el ayatolá Ahmad Yanati, secretario general del poderoso Consejo de Guardianes de la Revolución, integrado por 12 miembros, al que se le ha encomendado la misión de asegurarse de que sólo candidatos verdaderamente islámicos se presentan a las elecciones. Y puesto que Ahmadineyad es neófito en política exterior, la suya no será una presidencia de carácter independiente, por lo que Jamenei podrá fortalecer aún más su ya férreo dominio de las negociaciones en torno al programa nuclear iraní.

Ahmadineyad, el primer presidente no clerical de Irán en 25 años, lleva tiempo trabajando con algunas de las instituciones más conservadoras del país. Es uno de los fundadores del grupo de estudiantes que en 1979 protagonizó el asalto a la embajada de EEUU en Teherán (el 30 de junio, la Casa Blanca anunció que investigaría las alegaciones presentadas por cinco ex rehenes que aseguraban que Ahmadineyad fue uno de los cabecillas de dicha crisis) y sirvió en los Guardianes de la Revolución, el poderoso servicio de seguridad que se encarga de la aplicación diaria de los códigos y la moralidad islámicos establecidos por el Gobierno. Como alcalde de Teherán, restringió muchas de las reformas impulsadas por los moderados y sustituyó la mayoría de los alcaldes de distrito considerados favorables a la reforma. Mientras tanto, según un reportaje publicado el 2 de julio en el diario austriaco Der Standard las autoridades de dicho país están investigando pruebas que sugieren que Ahmadineyad desempeñó un destacado papel en los asesinatos, perpetrados en 1989 en Viena, de un líder kurdo iraní exiliado y de otros dos políticos kurdos de la oposición.

La elección de Ahmadineyad complicará las relaciones de Irán con Occidente. Rafsanjani, clérigo chií y pragmático estadista, intentó hacer un llamamiento a los votantes socialmente moderados y de pensamiento reformista. Si bien desde 1979 se ha forjado la fama de conservador, muchos analistas pensaron que habría dado prioridad a una mejora de las relaciones con EEUU (se cree que fue él quien dirigió el intercambio de armas por rehenes de 1985 y 1986, en el que la Administración Reagan, sirviéndose de una línea de abastecimiento dirigida por Israel, suministró a Irán armas fabricadas en EEUU a cambio de que Teherán ayudara a liberar a americanos retenidos como rehenes en el Líbano). Sin embargo, para muchos iraníes de clase obrera, Rafsanjani, un multimillonario magnate de los negocios, representaba el paradigma de la corrupción que ha imperado en Irán durante los ocho años de Jatamí en el poder.

Por el contrario, Ahmadineyad, considerado por muchos como un piadoso héroe de clase obrera, arrasó y se hizo con el poder prometiendo restablecer los ideales de la Revolución Islámica. Consiguió explotar el resentimiento generalizado ante las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres, y ganó las elecciones con un programa económico populista que clamaba contra la corrupción y prometía aumentar los salarios y las pensiones al tiempo que bajaba los precios; sus partidarios en los suburbios del sur de Teherán lo llaman el “Robin Hood islámico”. En concreto, ha afirmado que la industria petrolera del país, que representa el 80% de los ingresos por exportación, está al servicio de las mafias y debe ser más transparente. Con todo, sigue sin estar claro si podrá encontrar una sólida solución estratégica a los males económicos de su país mientras las sanciones económicas americanas contra Irán sigan vigentes.

No obstante, Ahmadineyad, jugando la carta nacionalista iraní, ha afirmado que unas mejores relaciones con EEUU no constituyen una prioridad para él. Irán “no necesita de forma significativa a Estados Unidos”, observó. En efecto, Ahmadineyad adoptará, casi con toda seguridad, un enfoque de mayor confrontación en una serie de cuestiones que conforman la base de la política exterior de EEUU, incluyendo Afganistán, Irak e Israel. Los israelíes, por ejemplo, prevén que renueve el declarado apoyo a la causa palestina contra Israel, y que incremente la ayuda financiera y militar a Hezbolá y a otros grupos del Líbano y Siria, puesto que cualquier reconciliación palestino-israelí aumentaría el aislamiento de Irán en la región. En cualquier caso, las relaciones con EEUU se deteriorarán en mayor medida si Ahmadineyad desafía los intereses americanos en el Golfo Pérsico, la fuente de aproximadamente una cuarta parte del suministro de petróleo estadounidense.

Los neoconservadores americanos frente a los neoconservadores iraníes
La victoria sorpresa de Ahmadineyad tendrá importantes repercusiones en la política exterior de EEUU (véase Soeren Kern, ¿Bombardeará Estados Unidos a Irán?, ARI, 28/I/2005). Así, por ejemplo, es casi seguro que unirá a miembros de la Administración Bush en torno a una política más radical con respecto a Teherán. Los halcones de la Casa Blanca que pretendían aislar a Irán –incluyendo al vicepresidente, Dick Cheney, y al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld– parecían haber perdido terreno frente a los que aspiraban alcanzar algún tipo de acuerdo cuando, en febrero de 2005, el presidente de EEUU, George W. Bush, aceptó respaldar una tentativa de la Unión Europea, consistente en negociar un acuerdo por el que Irán renunciaría a su plan de enriquecimiento de uranio a cambio de incentivos económicos y de seguridad. Pero la Casa Blanca sigue teniendo dudas sobre si el enfoque europeo funcionará, considerándolo, fundamentalmente, como una forma de mantener unida a una coalición que podría aplicar medidas más severas si las negociaciones fracasan.

En efecto, algunos neoconservadores norteamericanos esperaban, extraoficialmente, un resultado electoral en Irán que aclarara en cierta medida la política de EEUU hacia Teherán, que hasta ahora, tanto los republicanos como los demócratas han tildado, en el mejor de los casos, de incoherente. Así, por ejemplo, el influyente American Enterprise Institute (AEI) publicó un ensayo titulado Not Our Man in Iran, que presentaba a Rafsanjani como un hábil estratega que intentaría manipular a los europeos y abrir una brecha entre la Unión Europea y EEUU con el propósito de aislar diplomáticamente a Washington. Por el contrario, la victoria de Ahmadineyad, que ha hecho un llamamiento parta que Irán a avance a toda velocidad con una “tecnología nuclear pacífica”, respalda el argumento neoconservador de que no se puede confiar en Irán y de que ha fracasado incluso la posibilidad de un acuerdo indirecto con Teherán.

En cualquier caso, el ala dura estadounidense estará en auge si la Casa Blanca determina que el nuevo presidente iraní estuvo personalmente implicado en la toma de rehenes de la Embajada de EEUU en 1979. El 19 de mayo, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de EEUU, en su declaración de apertura, Nicholas Burns, subsecretario de Estado, recordó que EEUU todavía conserva “las imágenes de los rehenes en nuestra Embajada profundamente grabadas en la conciencia colectiva”. Burns también observó que: “Estados Unidos considera que el futuro de Irán debería ser democrático y pluralista”. Por el contrario, el presidente electo Ahmadineyad afirmó: “No hicimos una revolución para tener una democracia”.

Como señal del endurecimiento gradual de Washington hacia Teherán, dirigentes clave de la Administración Bush han realizado virulentas declaraciones sobre Irán. En junio, el subdirector del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Stephen J. Hadley, dijo al New York Times que “Irán es el principal país patrocinador del terrorismo”, añadiendo que “la política iraní consiste en eliminar a Israel”. El 26 de junio, Rumsfeld tildó el voto iraní de “simulacro de elecciones”, porque el Consejo de Guardianes de Irán había descalificado a más de 1.000 candidatos, incluyendo a todas las mujeres que deseaban presentarse a las mismas. Por su parte, la secretaria de Estado Condoleezza Rice observó: “Me resulta difícil imaginar de qué modo estas elecciones podrán contribuir al sentimiento de que el Gobierno iraní es legítimo”. Durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Gerhard Schroeder, celebrada el 27 de junio, Bush afirmó que “un proceso que permita a Irán desarrollar armas nucleares es inaceptable”.

La Casa Blanca no es la única en adoptar una postura más radical con respecto a Irán. En el Congreso estadounidense está aumentando el apoyo a un “cambio de régimen” en Irán. La propuesta del Iran Freedom and Support Act insta a la Administración Bush a promover alianzas con grupos de la oposición. La iniciativa está siendo estrechamente coordinada con la Coalición por la Democracia en Irán (CDI), un grupo de presión creado por neoconservadores que tiene por objeto sentar las bases de la agenda de política exterior estadounidense con respecto a Irán. La CDI mantiene fuertes vínculos con Reza Pahlevi, hijo del derrocado Shah y actualmente en el exilio. El proyecto de ley también financiaría programas de radio independientes en Irán, similares a Radio Farda, una emisora financiada por EEUU que funciona 24 horas al día y que va dirigida fundamentalmente a iraníes menores de 30 años.

Mientras tanto, en una audiencia de la Comisión de Helsinki ante el Congreso de Estados Unidos celebrada el 9 de junio, un grupo de expertos instó a realizar un esfuerzo transatlántico para promover el cambio democrático en Irán, argumentando que la existencia de una democracia facilitaría considerablemente la contención de las ambiciones nucleares de Teherán. La Comisión anunció que se ha añadido una enmienda a un proyecto de ley de autorización del Departamento de Estado norteamericano que proporcionaría 110 millones de dólares para financiar el Advanced Democracy Act, cuyo objetivo es promover la democracia en varios países, incluyendo Irán.

En efecto, cada vez hay más analistas que consideran que la única solución a largo plazo para resolver el problema de la proliferación nuclear consiste en fomentar un cambio democrático en Irán. En un ensayo titulado US Foreign Policy and the Future Democracy in Iran, publicado en la edición de Verano 2005 de The Washington Quarterly, se argumenta que “la clave para resolver el problema nuclear iraní radica en el destino del movimiento democrático del país”, y que el régimen iraní quiere contar con una bomba nuclear “por la misma razón por la que lo hace todo: su empeño monomaníaco de autopreservación”. Un artículo titulado Defusing Iran’s Bomb, publicado en la edición de junio/julio de 2005 de Policy Review, plantea la siguiente cuestión: “¿Qué más deberían hacer EEUU y sus amigos? En última instancia, sólo la creación de un autogobierno moderado en Irak, Irán y otros Estados de la región traerá una paz duradera y la no-proliferación”.

Algunos halcones estadounidenses, incluyendo a Rumsfeld, consideran que la convergencia de políticos de línea dura en Irán tiene su parte positiva, dado que, en su opinión, ello hará aumentar las probabilidades de que el régimen islámico se derrumbe mediante el descontento popular. Apuntan a una población iraní de rápido crecimiento, compuesta por 70 millones de habitantes, el 65% de los cuales tiene menos de 25 años de edad, y que empezaron a alimentar expectativas de cambio ocho años atrás, cuando Jatamí se convirtió en presidente. Ahora, mediante la supresión de los reformistas, puede que a Jamenei le resulte más difícil mantener a raya a la oposición política. Rumsfeld, al referirse a la victoria electoral de Ahmadineyad, observó: “creo que, con el tiempo, tanto él como los que le dirigen les parecerán inaceptables a los jóvenes y a las mujeres”. Pero no todos en la Administración norteamericana están tan seguros. En una entrevista concedida al Wall Street Journal, publicada el 29 de junio, Rice explicó que, mientras tanto, la Casa Blanca tiene poca fe en la posibilidad de que en Irán se adopte alguna medida de carácter interno que vaya a alterar el statu quo. “Actualmente, en Irán no hay mucha voluntad de enfrentarse al régimen”, precisó.

Dificultades en torno a las negociaciones nucleares
Los europeos seguirán dialogando con Teherán sobre la cuestión nuclear, pero el dramático giro de Irán hacia la derecha se traducirá en problemas para las ya tensas negociaciones nucleares. Con Ahmadineyad como nuevo presidente, Irán adoptará una postura mucho más agresiva respecto a su ambición de poseer tecnología de enriquecimiento de uranio, y los diplomáticos europeos ya han empezado a temer que resulte extremadamente difícil llegar a un acuerdo permanente. El destino de las negociaciones se ha vuelto aun más incierto tras los indicios de que Hassan Rowhani, que durante 21 meses estuvo al frente de las negociaciones de Irán con la Unión Europea, ha presentado su dimisión. Rowhani y su equipo negociador, integrado principalmente por conservadores pragmáticos, son aliados de Rafsanjani, el candidato presidencial derrotado.

Ahmadineyad ha adoptado un tono inflexible respecto a los planes iraníes de enriquecimiento de uranio para desarrollar energía con fines pacíficos. En su primera conferencia de prensa el 26 de junio (el primer acontecimiento de alto nivel en muchos años que no se ha traducido al inglés), el presidente electo se refirió al programa nuclear de su nación como “un derecho absoluto para Irán y para todos los iraníes”. Aseguró que Irán necesitaba la tecnología y que “lucharemos por conseguirla”. También dijo a los europeos que debían “bajar de sus torres de marfil”.

El centro de los esfuerzos diplomáticos es un frágil acuerdo que Irán alcanzó con el denominado “EU3” (el Reino Unido, Francia y Alemania) en noviembre de 2004, por el que Teherán accedió a suspender temporalmente las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio. El objetivo del UE3 y de EEUU es prolongar la suspensión de las actividades de enriquecimiento de Irán, hasta que se convierta en permanente, concediendo, mientras tanto, incentivos comerciales, políticos, económicos y de seguridad. Los iraníes, por el contrario, insisten en que la suspensión sólo es temporal. En efecto, un sentimiento generalizado de orgullo nacional, que impulsa a iraníes de toda condición social a defender el derecho de su país a desarrollar energía nuclear, complica cualquier tentativa de persuadir a los líderes iraníes de que renuncien a determinadas partes de su programa nuclear. En cualquier caso, los europeos han prometido que respaldarán a EEUU en el caso de que las negociaciones fracasen y de que se lleve el caso de Irán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En virtud del Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP), del que Irán es miembro, el país tiene el derecho legal de desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. Sin embargo, la opinión generalizada sostiene que Irán está utilizando su programa civil de energía nuclear como excusa para desarrollar armas nucleares, sirviéndose de lagunas jurídicas que permiten el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. EEUU cree que Irán pretende enriquecer uranio, no a una escala suficiente para generar energía, sino al nivel necesario para fabricar armas nucleares.

La preocupación en torno a Irán aumentó después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) descubriera que Teherán había estado llevando a cabo actividades nucleares secretas durante más de dos décadas, incumpliendo con ello las obligaciones a que está sujeta en virtud del TNP. Irán también admitió que había adquirido equipo nuclear en el mercado negro, lo cual resultaba especialmente polémico, porque Irán había asegurado anteriormente a la AIEA que no había recibido ningún componente nuclear de fuentes extranjeras. El reconocimiento se produjo después de que Abdul Qadeer Khan, el principal científico nuclear de Pakistán, confesara que había vendido secretos nucleares a Irán, Libia y Corea del Norte. Los inspectores de la AIEA descubrieron posteriormente que los componentes nucleares iraníes coincidían con los planos del equipo encontrado en Libia, suministrado por la red clandestina paquistaní.

Mientras tanto, el 16 de junio la AIEA también reveló que Irán había reconocido llevar a cabo experimentos a pequeña escala para crear plutonio –uno de los elementos empleados en la construcción de armas nucleares– durante cinco años más allá de la fecha en que, según había insistido previamente, se había puesto fin a dichas actividades. Irán lo admitió después de tener que afrontar el resultado de las pruebas de laboratorio realizadas en muestras recogidas en un emplazamiento nuclear iraní. Teherán ha tenido que corregir en repetidas ocasiones el balance de sus actividades en vista de las nuevas pruebas aportadas por inspectores de la Agencia. Como resultado de su historial de ocultaciones, EEUU y la Unión Europea están presionando a Irán para que abandone su programa de enriquecimiento a cambio de incentivos económicos, o de lo contrario deberá hacer frente a la posibilidad de ser sancionado.

En marzo de 2005, en un pequeño pero significativo gesto conciliador, EEUU finalmente dejó de oponerse a que Irán se convirtiera en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como recompensa al pacto de Teherán de seguir manteniendo en suspenso sus actividades nucleares. La Casa Blanca anunció el cambio de política después de que el UE3 advirtiera de que sus negociaciones con Irán fracasarían salvo que EEUU se uniera a Europa en una posición negociadora común.

Sin embargo, en una acción orientada a fortalecer la mano de Teherán en las negociaciones con la Unión Europea, una facción parlamentaria alineada con Ahmadineyad aprobó una ley el 15 de mayo que instaba al Gobierno a reanudar el enriquecimiento de uranio, pese al acuerdo negociado en noviembre de 2004. La medida, que fue aprobada por 188 de los 205 diputados, establece que el Gobierno debe adquirir tecnología con fines pacíficos con arreglo al marco del TNP y del derecho internacional.

En una reunión celebrada el 25 de mayo en Ginebra, el UE3 evitó una crisis diplomática al persuadir a Irán que mantuviera la suspensión de sus actividades nucleares hasta la siguiente ronda de negociaciones, prevista para finales de julio, cuando los europeos estarán obligados a presentarle una oferta detallada paso a paso sobre cómo avanzar hacia un acuerdo que defina la forma futura del programa nuclear iraní. Sin embargo, los objetivos últimos de Irán y del UE3 siguen siendo muy dispares, y son pocos los que esperan que el UE3 pueda satisfacer las demandas de Irán de reanudar el enriquecimiento de uranio.

En efecto, puede que al UE3 le resulte difícil cumplir algunos de los incentivos más ambiciosos que ha debatido con Irán, incluyendo el suministro de reactores nucleares. Europa no está autorizada a vender reactores nucleares a Irán sin la aprobación de EEUU, puesto que contienen tecnología americana que no se puede transferir a Irán en virtud de la legislación estadounidense en materia de sanciones. Además, a la Administración norteamericana le preocupa que la UE3 esté dispuesta a ceder en última instancia mucho más de lo ofrece en la actualidad, pues los europeos no pueden permitirse dar la impresión de que han fracasado. En concreto, temen que el UE3 permita a los iraníes reanudar su producción de gas de hexafluoruro de uranio, que constituye un paso inicial en el ciclo del combustible nuclear. Sin embargo, es casi seguro que la Casa Blanca, a la que los demócratas de la oposición han acusado de “subcontratar” su diplomacia iraní al UE3, rechazaría cualquiera de estas concesiones, tomando la iniciativa diplomática y apartándola del UE-3.

Por ahora, la Casa Blanca ha dejado claro que no tiene ninguna intención de ofrecer más incentivos a Irán. En su declaración ante el Senado del 15 de mayo, Burns afirmó: “no hay ninguna razón para creer que si ahora Estados Unidos realizara una oferta de incentivos adicionales, las cosas cambiarían”. Por otra parte, el 29 de junio Bush firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer severas sanciones financieras a cualquier empresa extranjera que haga negocios con la Organización de la Energía Atómica Iraní (OEAI), la agencia gubernamental a cargo del Programa de Energía Nuclear Civil iraní. La disposición concede al Departamento del Tesoro de EEUU nuevos poderes para congelar activos y bloquear transacciones con EEUU iniciadas por empresas extranjeras que se considere que hayan apoyado a la OEAI.

Esta enérgica medida, orientada a restringir la totalidad de la industria nuclear iraní, podría haber sido diseñada para darle a EEUU una mayor capacidad de influencia sobre China y Rusia –que han prestado ayuda a la OEAI–, en el caso de que la cuestión de Irán sea llevada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia ha firmado un contrato con la OEAI por valor de 1.000 millones de dólares para construir una planta de energía nuclear en Bushehr, en el sur de Irán, y China ha colaborado con la OEAI en la explotación de los depósitos de uranio iraníes. En octubre de 2004, China también firmó con Teherán un acuerdo energético por valor de 100.000 millones de dólares, que le garantiza 150.000 barriles de petróleo al día a precio de mercado durante 25 años, así como 250 millones de toneladas de gas líquido natural durante 30 años.

Estos vínculos complicarán los esfuerzos americanos por aislar a Irán en la ONU. En efecto, es posible que Teherán actúe confiando en que tendrá la protección de un veto chino a cualquier sanción impuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU. China ya ha amenazado con bloquear cualquier tentativa de imponer restricciones a Teherán y ha expresado su deseo de que la cuestión sobre el programa nuclear iraní se resuelva “en el marco de los auspicios de la AIEA”. Ello ha llevado a algunos analistas a creer que, en realidad, Irán tiene más influencia que el UE3 y que es más probable que la dinámica de las negociaciones modifique el comportamiento europeo antes que el iraní. En un ensayo titulado Making Iran Play Ball, Dennis Ross, el coordinador especial de Oriente Medio durante la presidencia de Bill Clinton, afirma: “parece que los iraníes creen que pueden seguir avanzando gradualmente hacia el desarrollo de material físil de forma abierta o clandestina y sin incurrir en ningún coste real; la historia reciente sugiere que tienen razón”.

En cualquier caso, Israel tiene un incentivo existencial para asegurarse de que Irán sigue ocupando una posición prioritaria en la agenda internacional. El 27 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Silvan Shalom, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que refrenara las ambiciones nucleares iraníes: “la comunidad internacional, enfrentada a la amenaza nuclear iraní, debe formular, ahora más que nunca, una política uniforme y firme con respecto a Irán”, observó. Y los partidarios de Israel están ejerciendo presión sobre la Administración en Washington para evitar un triunfo nuclear iraní. Así, por ejemplo, el Comité Americano Israelí de Acción Política (AIPAC, en sus siglas en inglés), el lobby de política exterior con mayor influencia de EEUU, mostró a senadores y congresistas los políticos más influyentes de Washington DC, celebrada del 22 al 24 de mayo, invitó a senadores y congresistas a una presentación interactiva “distópica” sobre el programa nuclear iraní. La penúltima sala preguntaba: “¿cuándo conseguirá Irán la bomba?”.

Por consiguiente, esto plantea al mundo un importante dilema: ¿derivará un impasse diplomático con Irán en una intervención militar estadounidense?

Conclusión: La victoria electoral de Ahmadineyad consolida el poder de algunas de las facciones antioccidentales más radicales de Irán, cerrando la brecha entre el clero fundamentalista chií y un Gobierno que había intentado fomentar el diálogo con Europa y EEUU. La elección de Ahmadineyad también reforzará la voz de los que se oponen a un acuerdo que haría que Irán renunciara a su derecho a desarrollar un ciclo de combustible nuclear. Si bien el nuevo presidente querrá evitar que se desencadene una intervención estadounidense en los asuntos internos de Teherán, la arriesgada política iraní sobre la cuestión nuclear llevará al endurecimiento de las posiciones de todos los implicados, lo que aumentará el riesgo de un enfrentamiento militar con EEUU.

Soeren Kern
Investigador Principal, Área de EEUU y Diálogo Transatlántico, Real Instituto Elcano

Chávez: la ONU no sirve

Carlos Chirinos
BBC, Nueva York

Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente venezolano aseguró que la organización requiere una refundación y no una reforma.

Chávez dijo que la sede de la ONU no debe estar en EE.UU.
"Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad" dijo el presidente Hugo Chávez durante su intervención en la Cumbre Mundial con la que la ONU marca el inicio del período de sesiones número 60.

"Las meras reformas no bastan. Desde Venezuela reclamamos la refundación de las Naciones Unidas", dijo Chávez en un discurso de tono altisonante que contrastó con las palabras más calmadas de sus antecesores y que tomó más tiempos del normalmente permitido.

Chávez presentó propuestas de reforma para hacer más efectiva a la ONU: expansión del Consejo de Seguridad y la eliminación del poder de veto; mayor transparencia en los métodos de trabajo y fortalecimiento de la Secretaría General.

Fuera de EE.UU.

Las tensiones con EE.UU estuvieron presentes en el discurso del mandatario venezolano, quien insistió en que en Washington se gestó el intento de golpe de estado que lo apartó momentáneamente del poder en abril de 2001.

También Chávez ofreció sus condolencias a las víctimas del huracán Katrina en los estados del sur estadounidense, aunque aseguró que la tragedia demostró que ese país no tiene un gobierno que proteja a su población.


Las meras reformas no bastan. Desde Venezuela reclamamos la refundación de las Naciones Unidas
Hugo Chávez

Chávez pidió considerar la idea expresada en el Foro Social de Porto Alegre en Brasil, de sacar la sede de la ONU del territorio estadounidense, pues se trata de un país que no tendría la estatura moral para seguir ejerciendo de anfitrión.

El presidente venezolano se refirió a la invasión de Irak, episodio que según él demostró que EE.UU no es respetuoso de las resoluciones de la organización.

Incluso propuso crear una Ciudad Internacional que debería estar ubicada en alguna parte del hemisferio sur, "porque el Sur también existe" dijo parafraseando al escritor uruguayo Mario Benedetti.

"Martillazo dictatorial"

Por último el presidente venezolano denunció como "nulo, írrito e ilegal" el texto del documento que sirve de declaración final de la Cumbre Mundial.

"Se aprobó violando la normativa de Naciones Unidas. Habrá que discutir este documento. El gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al mundo. Nosotros no podemos aceptar la dictadura descarada y abierta en Naciones Unidas" expresó Chávez.

"Se aprobó con una martillazo dictatorial que denuncio ante el mundo", dijo el presidente venezolano, quien se tomó más del tiempo previsto para las alocuciones de los dignatarios.

Cuando la presidencia de la Asamblea, ejercida por el sueco Jan Eliasson le recordó que su tiempo se había agotado, Chávez pidió permiso para terminar y recordó que el presidente estadounidense George Bush habló la víspera por más de 20 minutos.

Al final, Eliasson aclaró a las delegaciones que el único problema con las intervenciones muy extensas es que presagian una larga noche para todos.

Curso de función gerencial en las ONGD

El Curso de función gerencial en las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo pretende cubrir parte de la necesidad de formación en gestión interna que tienen las personas con responsabilidad directiva en dichas organizaciones. A lo largo de las seis anteriores ediciones del curso, las personas con responsabilidad directiva que lo han realizado nos han expresado que la metodología y el formato del curso les parecen idóneos. La metodología combina las sesiones teóricas con ejercicios prácticos, discusiones de casos, reflexiones de grupo, debates, mesas redondas, etc., que sirven para estimular y ordenar el aprendizaje de los participantes. No es un curso que pretenda compartir con los directivos y directivas del sector conceptos nuevos, sino que su objetivo es reflexionar sobre su experiencia directiva y de gestión. Precisamente el formato del curso, intensivo una vez al mes, permite a las personas participantes compaginarlo con su trabajo.

Información Complementaria
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¡Arrenca la Setmana de la Ciencia 2005!

10 anys vivint la ciència a Catalunya

Amb l’edició d’enguany, la Setmana de la Ciència a Catalunya compleix 10 anys. Un decenni en el qual, com diu el seu eslògan Viu la Ciència!, aquest ja clàssic programa col•lectiu d’activitats de divulgació científica i tecnologia, coordinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), ha contribuït a posar més a l’abast del ciutadà el binomi ciència-tecnologia. Han estat deu anys, articulant i concentrant, alhora, l’esforç divulgador col•lectiu de tots els agents del Sistema Català de Recerca i Innovació.

La 10a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’05) és original no només per l’aniversari sinó també per la seva pròpia estructura. Es tracta de la primera edició dedicada principalment a un gran tema, el qual exerceix de fil conductor, tot i que sense excloure’n cap altre per això. El seu leitmotiv, amb motiu del l’Any Mundial de la Física, són les ciències físiques i les seves aplicacions. En la nova etapa, la Setmana aposta pels grans temes científics de fons per arribar encara més a prop del públic.

Cal difondre la ciència i la tecnologia amb iniciatives i fórmules de comunicació originals i cada cop més properes als seus receptors. La innovació en l’efectivitat i proximitat al ciutadà de la comunicació científica és un requisit ineludible per fer que la recerca i la ciència siguin cosa de tots, per tal d’avançar cap una societat basada en el coneixement. Aquest és el gran objectiu de l’SC’05 i dels centenars d’institucions catalanes que trobareu implicades en el seu extens programa.

Amb ell volem fer encara molt més permeables els continguts científics mitjançant tractaments i enfocaments atractius, de veritable interès social. En aquesta línia, l’SC’05 acollirà el segon Dia de la Ciència a les Escoles. La iniciativa, organitzada per l’FCRI i el Departament d’Educació, tornarà a portar a les aules de Secundària de Catalunya els millors investigadors del país en múltiples disciplines, amb l’objectiu de potenciar la vocació científica entre els joves, els nostres investigadors del futur.

Salud y Democracia

Cuales son las implicaciones de la salud "pública" o "individual", dentro de una sociedad concreta, en el calidad o refinamiento de nuestra democracia?
Es la deficiente "calidad de vida" muestra de la mala estructuración de las jerarquías y la ineficiente aplicación de la democracia teórica que rige nuestras sociedades?

Es la Salud un buen indicador de las desigualdades públicas?
La Pobreza no es sólo la carencia de dinero.

La desigualdad afecta a todo el espectro social.

Es la mortalidad o el riesgo de mortalidad, muestra de los altos niveles de desigualdades sociales como el desempleo o la precariedad en el trabajo?

Los servicios sanitarios, no son creadores de salud.

Relaciones de Poder y Salud pública.

...

Una segunda Revolucion Industrial?

...

El Club de los lunaticos

El Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella
contribuye en el debate ciencia-sociedad organizando el Club de los lunáticos.

El Club de los lunáticos,

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII existía en Birmingham, Inglaterra, la denominada Sociedad inglesa de lunáticos. Sus miembros, entre los que se encontraban James Watt y Erasmus Darwin (abuelo de Charles Darwin), se reunían el primer lunes posterior a la luna llena, seguramente para tener luz a la hora de volver a casa. Debatían sobre ciencia y todos aquellos temas que pudiesen afectar a la humanidad.
Siguiendo esta idea, el Museo de Ciencias Naturales desea contribuir al debate ciencia-sociedad organizando el Club de los lunáticos a manera de tertulias abiertas a todos los que quieran participar en las mismas.



Jordi Serrallonga, director de HOMINID, Grupo de Orígenes Humanos de la Universidad de Barcelona (UB) y promotor de la idea, introdujo y moderó el tema "Evolución y educación" el pasado 24 de febrero. El martes 24 de mayo, dentro del marco del Año del Libro y la Lectura, tuvo lugar la segunda de las tertulias sobre "Ciencia y literatura". En este caso introdujeron el tema Mercè Piqueras y Xavier Bellés, ambos galardonados con el Premio de Literatura Científica de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación.
Jordi Nadal, profesor de Prehistoria de la UB, abrió la tercera de las tertulias, el 14 de junio, donde se debatieron los referentes de carácter astronómico que las sociedades han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad.

La COSCE presenta su primer informe con propuestas para reactivar el sistema español de I+D

Biomedia, (Madrid)

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha presenta el 20 de junio de 2005 el informe CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España) en el palacio de La Moncloa, ante la vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Dicho informe recoge un conjunto de propuestas necesarias para reactivar el sistema español de investigación y desarrollo tecnológico.

La COSCE es la entidad que reúne a medio centenar de sociedades científicas en las que se agrupan más de 30 000 investigadores. Como representante de la comunidad científica española, su labor se centra en contribuir al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, actuar como interlocutor unificado ante la sociedad civil y los poderes públicos, y promover el papel de la ciencia, facilitando su difusión como ingrediente imprescindible de la cultura.

El informe, titulado Acción CRECE, ha sido elaborado por 59 científicos, empresarios y otros profesionales y recoge las conclusiones de cinco comisiones presididas por Andreu Mas-Colell, Federico Mayor Zaragoza, Amparo Moraleda, Luis Oro y Rafael Pardo. Estas comisiones, tras considerar la situación de la ciencia española, han desarrollado propuestas concretas en cada una de las áreas analizadas.

En relación con la política científica, el informe insiste en la necesidad de aumentar los presupuestos de I + D, con un uso moderado de préstamos, de alcanzar un marco estable para la política científica, de utilizar la metodología de las convocatorias competitivas para el impulso de grupos y centros de excelencia, de dotar a los centros públicos de investigación de mayor personalidad y capacidad propia de gestión y de renovar las infraestructuras de investigación (un "Plan Renove"). Con este horizonte el informe destaca la necesidad perentoria de crear una Agencia de Evaluación y Financiación de la Investigación, un organismo autónomo que agrupe a los diferentes unidades del Ministerio de Educación y Ciencia relacionados con la investigación y refuerce así su capacidad de gestión.

La comisión de recursos humanos destaca el actual déficit y envejecimiento de la plantilla de investigadores en España debido, especialmente a la escasa orientación hacia la ciencia de nuestro sistema de enseñanza primaria y secundaria y a las incertidumbres profesionales. Esta comisión propone la creación de una trayectoria profesional en I+D basada en contratos laborales (modelo tenure). Asimismo, propone incentivar la entrada de jóvenes profesionales al sistema de investigación mediante actuaciones sobre el sistema educativo, establecer nuevas medidas salariales, y promover la movilidad geográfica y entre el sector público y el privado.

Por su parte, la comisión ciencia y empresa destaca la situación crítica del actual sistema de innovación español, como lo demuestra, por ejemplo, el escaso número de patentes españolas en comparación con otros países europeos (cinco veces menos que Italia, diez menos que Francia y treinta menos que Alemania). La comisión propone la creación de un Foro de Encuentro entre todos los agentes del ecosistema innovador español, que liderado por las empresas, se encargaría de desarrollar un “nuevo modelo de innovación español”, contribuyendo al nacimiento de una nueva generación de emprendedores.

Respecto a la situación de la ciencia española en Europa, la comisión, insiste en que España debe convertirse en un actor esencial del proceso de integración europea en materia de I+D. Para ello, es imprescindible intervenir de forma activa y eficaz en la toma de decisiones de las instituciones europeas. El fomento de la investigación básica por la Unión Europea es una oportunidad que España debe aprovechar al máximo. Es preciso, además, apoyar organizativa, técnica y financieramente los grupos de investigación y las empresas innovadoras que podrían participar en las futuras iniciativas comunitarias de I+D.

La comisión ciencia y sociedad destaca que la sociedad española es una de las más optimistas y con menos reservas ante la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo que muestra un bajo nivel de percepción y conocimiento de los hechos y logros de la ciencia. La Comisión propone incrementar el interés general de la sociedad por la ciencia y propiciar las vocaciones científicas entre los jóvenes. Por otra parte, señala que la comunidad científica debe adoptar un compromiso con la divulgación y el acercamiento de la ciencia al público. Asimismo, solicita una mayor presencia de la ciencia en los medios de comunicación. El informe propone, también, una serie de recomendaciones para incrementar la presencia de la mujer en los niveles superiores del sistema español de educación e investigación.

Más información:
Confederación de Sociedades Científicas de España: www.cosce.org

Curso Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Humano

Organización

Curso organizado por la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (Enginyeria Sense Fronteres - ESF) en el entorno virtual de aprendizaje del Campus for Peace.

Presentación

La cooperación internacional para el desarrollo ha aumentado tanto a nivel cualitativo como cuantitativo en la última década. Esto ha comportado un aumento en las exigencias formativas de las personas involucradas en estas acciones. El curso ofrece a voluntarios y a personas relacionadas activamente con el mundo de la cooperación internacional una formación sólida que se adapte a sus necesidades mediante una metodología no presencial.

A quién se dirige

Profesorado universitario de estudios técnicos. Colaboradores/as y voluntarios/as que participan en actividades docentes. Formadores/as de otras entidades que trabajan en el campo de la cooperación.

Objetivos académicos

Al finalizar la acción formativa, el participante tendrá unos conocimientos básicos sobre estado del mundo, ingeniería y cooperación internacional y sobre tecnología para el desarrollo humano; así como un conocimiento de intervenciones en continuo del desarrollo y gestión del ciclo del proyecto.

Programa

El curso tiene un carácter aplicado y participativo. Se presentarán y analizarán casos prácticos y experiencias concretas en cada uno de los módulos.

Conceptos y actores
Aproximación al estado del mundo
Desarrollo
Cooperación internacional
Ingeniería y desarrollo sostenible

Proyectos de desarrollo humano

Intervenciones en continuo del desarrollo
Programas y proyectos
Ciclo del proyecto: taller de marco lógico
Ciclo del proyecto: de la programación a la evaluación

Tecnologías para el desarrollo humano

Agua y saneamiento
Energía
Asentamientos humanos y obra civil
Tecnología de la información y las comunicaciones

Profesorado

Andreu Coromines Laura López Francesc Magrinyà Mariana Morales Sergio Oliete Agustí Pérez Alex Riba Ignasi Salvador Angel Saz Jorge Sneij


Precio y financiación

120 €
Los socios de ISF tendrán un descuento del 50%.

Inscripción

Para realizar la inscripción, acceded a la web del curso y rellenad el cuestionario correspondiente
http://catalunya.ingenieriasinfronteras.org/continguts/formacio/CICITpDH/index.htm
(o haga clic en el título)

Identidad y ciudadanía en el siglo XXI

A pesar de que la globalización tiene muchas caras, una de las más conocidas es la de las migraciones o movimientos espaciales de población entre regiones o continentes que responden a motivos políticos, religiosos, étnicos, económicos o, incluso, que son el resultado de la voluntad expresa del individuo. Desde tiempos remotos han existido desplazamientos humanos de diferente tipo. Así sucedió, por ejemplo, con los movimientos migratorios protagonizados por los bárbaros procedentes del Este que invadieron y debilitaron al Imperio Romano. Por ello, en cierto modo, se puede decir que estos traslados geográficos han existido siempre a pesar de que, a lo largo del tiempo, su intensidad y velocidad hayan ido cambiando.

La llegada de personas a un territorio tiene enormes consecuencias. Los países receptores cuentan con más mano de obra pero también tienen que hacer frente a mayores prestaciones sociales y a la ampliación de los servicios públicos. Estos impactos son ampliamente conocidos y su gestión va incorporándose poco a poco a la agenda política de los gobiernos. Pero las migraciones tienen otros efectos, de más largo alcance, que cuestionan los conceptos tradicionales de ciudadanía e identidad.

Efectivamente, los trasvases de población y los asentamientos en otros países que no son el propio han dado lugar a numerosos interrogantes por lo que se refiere a las nociones tradicionales de ciudadanía e identidad nacional: ¿Cómo se puede gestionar el derecho a la nacionalidad? ¿Qué políticas deben llevarse a cabo en relación con los extranjeros no ciudadanos? ¿Pueden los inmigrantes tener derechos políticos? Conceder el permiso de residencia, otorgar derechos civiles, económicos y sociales y no permitir el derecho de voto ni el de participación en la vida política, ¿no es, en el fondo, constituir una ciudadanía de segunda categoría? ¿Es necesario disociar el vínculo histórico entre la identidad nacional y el ejercicio de la ciudadanía?

Durante los siglos XVIII y XIX, y como consecuencia de la consolidación de los estados soberanos, la identidad de las personas se definía en tanto que sujetos políticos; es decir, en tanto que ciudadanos de una determinada nación. En este contexto, el concepto de ciudadanía suponía, por tanto, pertenencia a una determinada comunidad política y estaba asociado al de igualdad. Ello implicaba que, de jure , todos los ciudadanos de un estado gozaban de los mismos derechos y tenían que cumplir con las mismas obligaciones, independientemente de su raza, sexo, condición social o creencia. A su vez, el ciudadano lo era de un único estado al que debía lealtad absoluta lo que, como consecuencia, exigía una identidad homogénea y diferenciada del resto de naciones.

Las sociedades pluriculturales en las que vivimos, resultado de los movimientos migratorios, han modificado sustancialmente la posibilidad de definir la identidad en función de la ciudadanía. Así, en la actualidad, se reclama el reconocimiento diferencial de la identidad única de cada ciudadano, de cada grupo o cultura y de cada nación y, por ello, se afirma que la integración política no tiene por qué significar una asimilación cultural o la eliminación de las diferencias nacionales o culturales de los ciudadanos.

El fenómeno es, no obstante, más complejo de lo que parece. Efectivamente, no sólo se trata de respetar el origen cultural de los que han emigrado sino de reconocer que la identidad humana ya no es única, que los traslados de población provocan que las identidades (tanto de los que llegan como de los que reciben) sean múltiples. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que ya no existen lealtades excluyentes y de que, cada vez más, éstas son compartidas. Podemos pertenecer a diversos lugares y a diversas comunidades culturales al mismo tiempo, independientemente de cuál sea nuestro origen y de dónde residamos. Podemos ejercer distintos roles culturales, escoger aquellas características de la cultura que creemos que vale la pena desarrollar o rechazar aquellas otras que no nos satisfacen. Nada de eso debe estar reñido con la posibilidad de ser ciudadano, de ejercer derechos políticos y de participar en los acontecimientos que determinan la evolución de los lugares en que vivimos y, por tanto, que nos afectan de manera directa.

Pero las corrientes migratorias internacionales no han sido la única razón por la cual las nociones de identidad y ciudadanía se han visto modificadas. Existen otros factores, también consecuencia de las tendencias globalizadoras, que han alterado su significado, incluso, en direcciones distintas a las que acabo de exponer. 

En primer lugar, los procesos de integración supraestatales han planteado interrogantes en cuanto a la pertenencia a diferentes comunidades políticas y, consecuentemente, han provocado un importante debate en torno a la noción de ciudadanía. El caso europeo es paradigmático, quizá, porque la unión de los países trasciende la economía y alcanza las políticas monetarias, educativas o de defensa. Así, ha aparecido en los últimos años el concepto de ciudadano europeo que pone, de nuevo, en marcha, el delicado proceso de lealtades compartidas. Ello genera, inevitablemente, tensiones porque ahora deben hacerse compatibles la adhesión a una identidad colectiva de carácter nacional derivada de una conciencia histórica y cultural y la adhesión a una identidad postnacional, fundada en principios universalistas y contractualistas del constitucionalismo moderno, como el estado de derecho, la democracia o la participación en determinadas instituciones civiles.

Esta situación es todavía más compleja en el caso de estados plurinacionales que lo son no sólo como consecuencia de movimientos migratorios sino, también, como resultado de los acontecimientos históricos. Así, por ejemplo, España debe hacer frente a la integración de diversas identidades (catalana, vasca o gallega) en un mismo territorio y, a su vez, independientemente de sus raíces culturales, a la participación de todos sus ciudadanos en diversas comunidades políticas, a nivel local, regional, estatal y europeo. Esta múltiple ciudadanía ha sido denominada por varios autores como ciudadanía multinivel.

El segundo de los fenómenos a los que me quiero referir ha estado protagonizado por el espectacular desarrollo de los medios de comunicación, particularmente a partir del siglo XIX que trajo consigo un importante crecimiento de la circulación de periódicos. Como consecuencia, en la actualidad, cualquiera de nosotros puede estar mejor informado que un presidente de país hace doscientos años. Pero lo interesante es que, hoy en día, no sólo conocemos lo que ocurre en nuestro entorno más inmediato sino que sabemos más de los acontecimientos regionales y mundiales que lo que sabían nuestros antepasados. Así mismo, somos capaces de hacer llegar este conocimiento a lugares insospechados.

La evolución de las tecnologías de la información, la revolución de la microelectrónica y los ordenadores han intensificado estos procesos. Así, la aparición de Internet, del cable, de modernas tecnologías de televisión, del satélite o del transporte a reactor ha transformado dramáticamente la naturaleza de las comunicaciones. Como consecuencia, los individuos tenemos la posibilidad de conocer lugares remotos que antes eran inalcanzables. Al superar las barreras geográficas, hemos podido acceder a nuevas experiencias sociales y culturales, a nuevas gentes y naciones, sin movernos del sofá de casa. Podemos participar de sucesos que tienen lugar en la otra punta del globo pero que nos afectan porque nos sentimos ciudadanos del mundo, como la deforestación en el Amazonas, la guerra en Irak, el trabajo infantil en la India o las torturas en las cárceles chinas. Este concepto de ciudadano del mundo o global ha motivado la noción de sociedad civil global o transnacional.

Sin lugar a dudas, el siglo XXI presenta un nuevo panorama, resultado de los procesos de globalización, que despide definitivamente el modelo de identidades y ciudadanía heredado de los llamados estados-nación. Debemos evolucionar hacia otro escenario presidido por la integración económica y cultural en el que dichos conceptos se hayan adaptado coherentemente a los nuevos tiempos. Soy consciente de que ello no es fácil. ¿Cómo hacer compatibles las exigencias de lealtad compartida con las exigencias de identidad nacional? ¿Cómo hacer compatible la pertenencia a diferentes comunidades políticas? Sin duda alguna, éste es el nuevo reto de reconocimiento y articulación de la diversidad nacional y del ejercicio de soberanías compartidas que en el ámbito local, estatal, regional y global se plantea para la próxima década.

Por: Mila Gascó

XVI Encuentro de Barcelona, ¿Son inevitables las Armas?

Este año, el XVI Encuentro de Barcelona tiene el título "¿Son inevitables las armas?" y analizará el impacto que tiene la investigación, la producción y el comercio de armas en los conflictos alrededor del mundo así como la contradicción entre los discursos favorables a la paz y el apoyo al ciclo armamentista.

Se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2005 en la Casa del Mar de Barcelona. La entrada es gratuita, pero hace falta inscribirse previamente.

PROGRAMA

Dijous, 10 de novembre,

19.00 h Presentació
Alfons Banda, president de la Fundació per la Pau
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau

19.30 h Conferència inaugural
“Armes per la pau? Cicle armamentístic i cultura de pau”
Vicent Martínez Guzmán, director de la Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana

Divendres, 11 de novembre

10.00 h Conferència
“La Seguretat Humana”
Michael Renner, investigador del World Watch Institute, EUA

12.00 h Conferència
“L'inici del cicle: la despesa militar i la recerca”
Petter Stalenheim, investigador del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Suècia

16.00 h Taula rodona
“La indústria militar”
José Toribio, investigació en pau i desarmament
Representant de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento*

18.00 h Conferència
“El comerç d'armes”
Daniel Luz, investigador de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB

Dissabte, 12 de novembre

10.00 h Taula rodona
“Alternatives al cicle armamentístic”
Miguel Ángel Molina, membre de la Fundació per la Pau i coordinador de la Campanya "Per la pau: prou investigació militar!"
Pere Ortega, membre del Centre J. M. Delàs d'Estudis per la Pau de Justícia i Pau
Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam a Catalunya i membre de la Campanya "Armes sota control"

11.45 h Taula rodona
"Cal indústria militar a Catalunya?"
Amb representants del govern català i dels sindicats

13.30 h Conclusions i cloenda
*Pendent de confirmació

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Tríptico del Encuentro (PDF)

Implicaciones de la Decepción Política

Implicaciones socio-políticas y geoestratégicas.

en curso...

La Alianza de Civilizaciones y la Asamblea

El Proyecto de La Alianza de Civilizaciones presentado por el Presidente Rodríguez Zapatero en la última Asamblea (60a) de Naciones Unidas, el Presidente Turco, Tony Blair y las enormes posibilidades abiertas para la presentación de nuevos proyectos "Post-Humanistas".

en curso...

Participación y estrategias para el desarrollo sostenible

James Meadowcroft,
University of Sheffield

Resumen

La participación constituye un elemento esencial en la elaboración de estrategias exitosas para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se basa en la negociación del cambio social de forma que las aportaciones de todos los miembros de la sociedad devienen cruciales. La participación, sin embargo, implica ciertos costes y, si no se organiza y ejecuta cuidadosamente, puede ser incluso contraproducente. La experiencia existente en la gestión de procesos estratégicos sugiere que la participación se debe adaptar a las circunstancias de cada contexto específico, de modo que se introduzcan diferentes actores en los procesos estratégicos de maneras distintas. La participación dependerá, en gran medida, del alcance geográfico y sectorial de la propia estrategia para el desarrollo sostenible. Se debe prestar una especial atención a las ventajas y desventajas de los diferentes mecanismos participativos y, en los sistemas políticos democráticos, se debe intentar no debilitar la autoridad y la rendición de cuentas de los gobiernos electos. Así pues, al abordar la cuestión de la participación en las estrategias para el desarrollo sostenible no se debe asumir que la participación más intensiva, la más amplia, la más decisoria o la más frecuente sea necesariamente la “mejor” participación.

Participación y estrategias para el desarrollo sostenible

Generalmente se considera que el aumento de la participación pública en los procesos de toma de decisiones relativos al medio ambiente y al desarrollo es una característica esencial de la gobernanza para el desarrollo sostenible. La Agenda 21, por ejemplo, sostiene que una “amplia participación en la toma de decisiones” es un “prerrequisito fundamental para la consecución del desarrollo sostenible” (UNCED 1992, p. 219). También la OCDE argumenta que los “procesos de consulta y participación bien diseñados” son “especialmente importantes” en relación a las “políticas que promuevan el desarrollo sostenible, a causa de la multiplicidad y complejidad de los objetivos implicados” (OCDE 2001, p. 103).

Este artículo examina la participación en relación a una dimensión concreta de la gobernanza para el desarrollo sostenible: la elaboración de estrategias para el desarrollo sostenible. Se argumenta que la participación es un elemento esencial en la preparación e implementación de estrategias exitosas, aunque se enfatiza que debe ser cuidadosamente diseñada en función de la circunstancias específicas de cada contexto. La participación dependerá, en gran medida, del alcance geográfico y sectorial de la propia estrategia para el desarrollo sostenible. Existen muchos mecanismos a través de los cuales los diferentes actores relevantes pueden ser implicados en la preparación de una estrategia, no obstante, este proceso debe ser organizado de forma minuciosa para que resulte satisfactorio. Por encima de todo, no se debería asumir que la participación más intensiva, la más amplia, la más decisiva o la más frecuente sea necesariamente la “mejor” participación.

1. Participación en la gobernanza para el desarrollo sostenible

La necesidad de una mayor participación pública en la toma de decisiones políticas se justifica normalmente en base a tres grupos de argumentos. El primer grupo contiene argumentos de tipo pragmático, consecuencialista o funcionalista que giran entorno a la idea que la participación se debe valorar por las ventajas que conlleva. En este sentido, podríamos citar cuatro tipos básicos de beneficios de la participación: mejora del resultado decisional, facilitación de la implementación, mayor legitimidad y contribución a la educación pública. En primer lugar pues, la participación puede generar mejores decisiones ya que introduce más información en el proceso político y fomenta la comunicación entre las partes implicadas. Igualmente, reduce el peligro de sorpresas post-decisionales y de situaciones de punto muerto. En segundo lugar, la participación favorece una implementación exitosa: dado que los obstáculos potenciales habrán sido considerados más atentamente en la fase de decisión, un mayor abanico de actores comprenderán y apoyarán la política, lo cual facilitará el esfuerzo implementador. En tercer lugar, la participación puede incrementar la legitimidad –de las decisiones individuales y de las del sistema político en general– porque el proceso es percibido como justo e inclusivo. Además este efecto puede ser amplificado si, como hemos indicado anteriormente, el proceso resulta en decisiones mejores y/o implementadas con mayor consistencia. Finalmente, la participación estimula la educación pública porque la intervención directa en el espacio político permite a los participantes aprender más sobre la toma de decisiones políticas, sobre ciertas cuestiones técnicas y científicas y sobre la complejidad de los valores e intereses implicados. Un público más educado estará mejor equipado para participar en el futuro y podrá respaldar las decisiones tomadas.

El segundo grupo de argumentos en pro de la participación comprende consideraciones relativas a los conceptos de justicia y derecho. La cuestión aquí radica en que –independientemente de la calidad de las decisiones resultantes– es justo y apropiado que los afectados por una decisión tengan la oportunidad de participar en el proceso a través del cual ésta se toma (Hampton 1999). Si democracia significa “gobierno por la gente”, entonces los individuos y/o comunidades y/o grupos implicados tienen derecho a intervenir directamente en el proceso político.

El tercer grupo incluye argumentos de tipo expresivo que se centran en la importancia de la participación como medio para definir la identidad individual y colectiva. Como antes –independientemente de la calidad de la decisión– se considera que el proceso de participación en la elaboración de políticas tiene un valor intrínseco pero, en este caso, se argumenta que es porque proporciona a los individuos y/o comunidades y/o grupos la oportunidad de establecer y expresar prioridades, defender sus intereses y valores, conformar el mundo en el que vivirán y definir sus identidades.

Las consideraciones participativas son especialmente importantes en el contexto del desarrollo sostenible a causa del carácter único de este proyecto social:

El desarrollo sostenible articula una visión dinámica de la sociedad y de las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente, de forma que la gobernanza para el desarrollo sostenible implicará necesariamente un cambio social conscientemente dirigido. En definitiva, el desarrollo sostenible supone un avance orientado en base a líneas específicas que evite futuros sociales insostenibles (Meadowcroft 1997).

El concepto tiene un carga normativa: las decisiones relativas al desarrollo sostenible no se pueden reducir a elecciones técnicas (aunque éstas son importantes) sino que requieren elecciones de valor sobre las prioridades de los individuos y las comunidades, así como sobre la distribución de costes, beneficios y riesgos (Lafferty and Langhelle 1999).

El proyecto tiene un carácter global, integra la toma de decisiones de distintas esferas de la vida social y penetra en un sinnúmero de sectores y dominios.

Si bien la orientación general del desarrollo sostenible es clara, solamente a través de la experimentación se puede acumular el conocimiento necesario para identificar el tipo de gestión de las interacciones socio-ecológicas que será más apropiado en el futuro. En otras palabras, no existe ninguna guía preexistente de la escala y el carácter específicos de la transformación de las prácticas sociales e instituciones que requiere el desarrollo sostenible.

Estas características sugieren que si cualquier proyecto político exige una mayor participación en la toma de decisiones, también la exige el desarrollo sostenible. Respecto a la noción de cambio social deliberativamente orientado, la participación puede ser entendida no sólo como un imperativo democrático (como garantía de que los actores sociales podrán hacer aportaciones en la definición de la dirección del cambio), sino también como una estrategia dirigida por el gobierno y desplegada con el fin de identificar las reformas necesarias. La participación puede permitir que los individuos y los grupos concilien y redefinan los intereses relevantes, contribuyan a configurar el futuro y se ajusten al cambio inminente. Del mismo modo, la participación puede contribuir a la construcción de consensos y a la identificación de los puntos en los que el consenso es imposible. En relación al contenido normativo del desarrollo sostenible, la participación puede facilitar una manifestación más completa de las actitudes existentes, la yuxtaposición de diferentes enfoques y la transformación de valores. Por lo que respecta al carácter global del proyecto, la participación puede fomentar la integración de conocimiento y la adaptación de la gobernanza a los diversos contextos transversales relevantes para el desarrollo sostenible. Finalmente, en lo que atañe al “aprendizaje a través de la acción” (“learning through doing”), la participación puede promover la gestión adaptativa y la adquisición de conocimiento por parte de los actores sociales y los gobiernos.

Retomando las categorías principales presentadas con anterioridad para resumir las virtudes de la participación, podemos afirmar que la gobernanza para el desarrollo sostenible (como un proceso dirigido, con carga de valor, socialmente global y orientado al aprendizaje) requiere las mejoras relativas a la calidad decisional, la implementación, la legitimación y la educación que una mayor participación parece implicar. En todo caso, la gobernanza para el desarrollo sostenible debería desarrollar procedimientos de decisión justos que permitan a los individuos y comunidades estar más íntimamente implicados en la definición de sus futuros colectivos, proporcionando, a la vez, un contexto en el cual individuos y colectividades varias puedan expresar, definir y redefinir sus identidades y realizar una contribución significativa al bien social.

Las observaciones sobre la naturaleza del desarrollo sostenible y los beneficios potenciales de la participación sugieren que se deben tener en cuenta una serie de consideraciones previas para que los procesos participativos contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible como proyecto social. En particular, los enfoques participativos de la toma de decisiones se deberían diseñar para fomentar:

Una representación adecuada de los intereses implicados y una apertura al escrutinio público . La participación debe ser lo suficientemente amplia para reflejar una muestra representativa de las perspectivas implicadas y los resultados del proceso deberían estar abiertos a la revisión por parte de las partes interesadas. Este hecho es crucial si la participación tiene que aumentar las bases informacionales y comunicativas de la toma de decisiones, mantener la confianza pública y ser justa a nivel sustantivo. Sin una adecuada representación de los intereses implicados, la elaboración de políticas sobre desarrollo sostenible no logrará tener en cuenta todas las dimensiones del problema relevantes y las decisiones carecerán de legitimidad. Así mismo, todo ello resultará en déficits de implementación e inestabilidad política.

Una implicación deliberativa de las partes implicadas . El movimiento hacia el desarrollo sostenible requiere no tan sólo negociación y compromiso entre los intereses existentes sino también la redefinición de intereses y valores con el fin de adoptar un enfoque más ambientalmente sostenible. Esto puede ser promovido a través de la interacción deliberativa, interacción que permite que actores con diferentes perspectivas intercambien puntos de vista, debatan e interactúen para encontrar una solución colectiva a un problema. La deliberación implica el “reconocimiento” mutuo entre los participantes (cada uno de los cuales representa una perspectiva legítima), el compromiso sustantivo con perspectivas alternativas y la oportunidad de avanzar más allá de categorías establecidas para repensar y reconceptualizar problemas (Bohman 1996, Dryzek 2000). La deliberación efectiva requiere condiciones contextuales específicas y será más probable que las prácticas participativas que incluyan tales condiciones promuevan el desarrollo sostenible efectivo que aquéllas que no las incluyan.

La aplicación e integración de diferentes formas de conocimiento a la toma de decisiones . El conocimiento técnico y científico resulta esencial para definir políticas para el desarrollo sostenible bien fundadas. Sin embargo, el conocimiento científico (incluyendo el conocimiento sobre los límites del conocimiento, las incertidumbres y los riesgos) necesita ser “transformado” para que sea adecuado para la toma de decisiones políticas ya que el carácter “abierto” de la ciencia se ajusta difícilmente al carácter “conclusivo” que requiere la política y la regulación. Además, el conocimiento científico debe ser combinado con otros tipos de conocimiento, incluyendo el conocimiento que se encuentra en manos de las partes directamente implicadas en un problema, así como las perspectivas no-expertas de la ciudadanía en general (Renn, Webler y Wiedemann 1995). Se deben promover, por consiguiente, los procesos participativos que favorezcan la integración de diferentes formas de conocimiento y que permitan que las interpretaciones de los expertos sean expuestas en un contexto que construya confianza pública (y no cinismo público).

La promoción del aprendizaje social . Dado que las sociedades tienen que aprender su camino hacia el desarrollo sostenible, todos los factores que incrementen el potencial de aprendizaje serán deseables. En este sentido, se deberá considerar el fomento de la interacción de perspectivas divergentes en contextos moderadamente conflictivos (Bennett y Howlett 1992), la intervención de los participantes en la implementación de las acciones acordadas (Meadowcroft 1999) y la necesidad de operar con horizontes temporales de largo término y con ciclos iterativos que faciliten la incorporación de los feed-backs y de la experimentación.

2. Estrategias para el desarrollo sostenible

El inicio de procesos estratégicos es un componente importante del reto de la gobernanza para el desarrollo sostenible. Se pretende que tales procesos contribuyan a la transformación del compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible de un objetivo meta-político a un programa concreto para el cambio. Estas estrategias pueden jugar un papel clave a la hora de identificar problemas, fijar prioridades, definir un enfoque para la reforma, construir consensos y fomentar interacciones constructivas entre los actores sociales clave.

Cualesquiera que sean las características particulares de una estrategia para el desarrollo sostenible, ésta debería:

Adoptar explícitamente el “desarrollo sostenible” como marco conceptual.

Presentar un enfoque de largo término, con un horizonte de una década o más.

Reflejar una perspectiva “integradora” que reúna aspectos sociales, económicos y sociales en la toma de decisiones.

Articular una orientación estratégica definitiva.

Identificar objetivos concretos y políticas para su consecución.

Los procesos estratégicos para el desarrollo sostenible pueden variar enormemente. La diferencia principal radica en las áreas concretas con las que están relacionados: primero, espacial y políticamente (¿se deben diseñar a nivel internacional, nacional, regional, sub-regional o local?) y, segundo, también temáticamente (¿están relacionadas con todos los sectores y/o problemas o sólo con sectores económicos específicos y/o temas?, ¿abordan aspectos económicos, sociales y ambientales o solamente dimensiones seleccionadas del desarrollo sostenible?). Evidentemente, existen otras dimensiones significativas incluyendo las de carácter político/legal (¿cuáles son las entidades patrocinadoras?, ¿qué estatus tiene la estrategia?); los objetivos y metas (¿cuál es el carácter de los objetivos?, ¿existen metas cuantitativas y cualitativas?); y la revisión e iteración (¿se prevé la supervisión del progreso de la estrategia?, ¿forma parte la estrategia de un proceso ya en marcha?) (Janicke y Jorgens 1999; Lafferty y Meadowcroft 2000).

El avance hacia el desarrollo sostenible requiere estrategias con distintos tipos de enfoques, incluyendo estrategias sectoriales (transporte, agricultura, etc.), estrategias temáticas (cambio climático, biodiversidad) y estrategias locales (Agenda 21, estrategias de desarrollo local). Sin embargo, las estrategias nacionales y las estrategias regionales clave tienen un rol particularmente importante. Las estrategias nacionales proporcionan un nexo entre las organizaciones y procesos internacionales por un lado, y las autoridades, sistemas de representación política y sistemas de rendición de cuentas a nivel nacional por otro. Las estrategias regionales, por su parte, permiten evaluaciones exhaustivas e iniciativas transversales en un área relativamente grande, que comparte importantes características económicas y ambientales y que frecuentemente posee un fuerte sentimiento de identidad colectiva.

Al abordar las estrategias para el desarrollo sostenible, es fundamental distinguir a) el proceso de elaborar, adoptar y revisar periódicamente los documentos estratégicos, de b) los procesos relacionados y subsidiarios a través del los cuales una estrategia puede ser implementada en la práctica. Esta distinción es importante por dos motivos. Primero, las estrategias para el desarrollo sostenible (especialmente las de nivel nacional y regional) contemplan un gran abanico de temas complejos a un nivel bastante general, de forma que la resolución práctica y detallada de los retos que identifican será necesariamente traspasada a agencias y procesos especializados que se extenderán a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Además, estos procesos adquirirán dinámicas muy alejadas de las interacciones originales de la fase de elaboración. Segundo, pocas estrategias para el desarrollo sostenible son en realidad tan integradoras como el “modelo racional” de elaboración de estrategias sugiere (implicando un proceso completamente coherente de conceptualización, diseño, implementación y evaluación). De hecho, la correspondencia con este ideal disminuye rápidamente a medida que el alcance de la estrategia (en cuanto a área temática, ámbito geográfico, etc) aumenta. Igualmente, surgen ciertas dificultades al intentar vincular las estrategias con los procesos gubernamentales en marcha y al intentar conseguir una coordinación substantiva entre las áreas administrativas existentes. En realidad, las estrategias a menudo discurren más o menos en paralelo con los programas y rutinas existentes. Además, cuanto más especializadas sean las estrategias temáticas o sectoriales –normalmente bajo la competencia de un único ministerio o agencia– más se asemejan a los “planes”. De nuevo, esto apunta a la relevancia de distinguir entre el proceso estratégico formal y las actividades de elaboración e implementación de políticas con las cuales puede estar relacionado.

3. Participación y estrategias para el desarrollo sostenible

La experiencia práctica adquirida en la elaboración de estrategias nacionales y regionales sugiere que, con el tiempo, la dimensión participativa ha ido adquiriendo una mayor importancia. Esto se debe en parte a que la comunidad internacional ha insistido cada vez más en que las buenas prácticas en la preparación de estrategias para el desarrollo sostenible requieren participación (OCDE 2001b; IIED, PNUD y DFID 2002). Pero en la mayoría de países los actores nacionales también han exigido la oportunidad de ser consultados (Meadowcroft 2000). Así lo ha demostrado la elaboración de los conocidos Planes Nacionales de Política Ambiental de Holanda. Si bien los primeros planes solamente implicaron una coordinación de tipo inter-gubernamental, las iteraciones posteriores han ido introduciendo cada vez más a amplias redes de actores sociales en el proceso (Dreissen y Glasbergen 2002).

La participación en la preparación de estrategias puede adoptar numerosas formas, aunque generalmente suele incluir las siguientes:

Ejercicios de consulta pública general (publicación de borradores de documentos de manera que individuos y grupos tengan la oportunidad de hacer comentarios); y

Negociaciones más intensas con los principales grupos de interesados (otros ministerios y niveles del gobierno, organizaciones empresariales y quizás ONGs ambientales).

Para atraer al público y a los grupos de interesados a los procesos estratégicos pueden emplearse numerosas técnicas específicas, incluyendo reuniones abiertas, encuestas de opinión y grupos focales, foros deliberativos (tales como paneles consultivos de ciudadanos o jurados ciudadanos), mesas redondas de grupos de interesados, grupos de trabajo y referéndums. Si consideramos no sólo la elaboración y la adopción de la estrategia, sino también la puesta en práctica de la orientación estratégica que ésta conlleva, entonces se amplían considerablemente tanto las oportunidades como la necesidad de participación. Dado que la clase de cambios que generalmente prevén las estrategias de desarrollo sostenible sólo pueden lograrse mediante redes complejas de actores sociales, los promotores de las estrategias deben atraer a los demás actores hacia las interacciones en desarrollo si realmente desean llevar a cabo sus ambiciones estratégicas.

Esto nos remite a la distinción efectuada en la sección anterior entre la preparación, adopción y revisión de las estrategias (procesos estratégicos) y la reforma práctica continuada en las áreas que las estrategias abarcan. Está claro que el potencial y las modalidades de participación en estos dos niveles son bastante diferentes. La elaboración suele realizarse bajo límites de tiempo relativamente ajustados (debido a los compromisos políticos existentes, la programación de reuniones internacionales, etc). Potencialmente, involucra a un gran número de intereses afectados (especialmente si la estrategia tiene un alcance territorial amplio), e implica algún tipo de acuerdo en los niveles más altos del liderazgo político y burocrático en relación a los objetivos y metas, asignación de recursos y responsabilidades, resolución de disputas, etc. Por consiguiente, la participación significativa plantea un verdadero reto, puesto que estas limitaciones pueden reducir el proceso a poco más que un ejercicio de relaciones públicas combinado con una negociación entre los actores públicos y privados clave, en lugar de generar las interacciones más participativas, iterativas, integradoras y deliberativas que se podrían suponer como más relevantes para la consecución del desarrollo sostenible. Por el contrario, la fase de ejecución y ajuste es más larga, implica un intenso trabajo en las sub-áreas especializadas y se centra en la consecución de objetivos y en el despliegue de los instrumentos apropiados para la elaboración de políticas. Estos procesos suelen proporcionar condiciones en cierta forma más favorables para organizar las interacciones participativas.

Por supuesto, la participación en la primera fase debe ser como mínimo suficiente para que de ella resulte una estrategia viable que cuente con un apoyo público significativo. De lo contrario, podría ser imposible seguir atrayendo a los actores clave en las siguientes fases del proceso. Efectivamente, uno de los aspectos fundamentales en cuanto a la participación en la fase de diseño es establecer los contactos y las redes de socios que puedan seguir siendo desarrollados a medida que avance el proceso. Si en ese momento la estrategia deviene parte de una rutina iterativa, las conexiones entre las dos fases se estrechan y las interacciones participativas construidas en la fase de ejecución práctica pueden contribuir a la redefinición de prioridades en la fase de renovación de la estrategia.

4. Iniciando los procesos estratégicos

Las autoridades impulsoras de las estrategias deben tener en cuenta una serie de consideraciones importantes al valorar las estructuras y modalidades de participación apropiadas para la fase de diseño:

El carácter genérico de los procesos estratégicos : el objetivo de las estrategias es establecer las prioridades clave y la orientación básica del trabajo. Las estrategias están orientadas hacia el futuro y se centran en aspectos críticos - no pueden pretender tratar todas las cuestiones o sugerir una solución para todos y cada uno de los problemas. Tampoco constituyen las únicas oportunidades de participación de los ciudadanos y los grupos de interesados en la gobernanza para el desarrollo sostenible.

El foco específico de la estrategia propuesta : su alcance político y geográfico, los sectores económicos que incluye, los elementos de la problemática del desarrollo sostenible que abarca y el foco preciso de su competencia.

Los elementos definidores de la estrategia propuesta : el papel que debe jugar, su estatus político y legal, su relación con documentos y procesos gubernamentales previos y con el trabajo ordinario de la administración pública.

Las circunstancias políticas que rodean su preparación : la amplitud y el nivel de apoyo político al proceso, origen y carácter del mandato que ha recibido la agencia encargada de su preparación, la experiencia y recursos de la agencia impulsora y sus relaciones con las otras instancias gubernamentales y las percepciones ciudadanas existentes y sus expectativas en relación con la estrategia.

Cada uno de estos elementos ayuda a definir el contexto en que se va a organizar cualquier forma de participación.

Sólo si se parte de un examen honesto y claro de estos asuntos tiene sentido proseguir con el segundo grupo de cuestiones relacionadas con el propósito de la participación y las expectativas que la rodean. La cuestión aquí es por qué debe fomentarse la participación en este proyecto en concreto y qué ganancias se espera obtener mediante ésta. No basta con decir “es lo que se espera de nosotros” (de los ministros, evaluadores internacionales, actores sociales, etc). Lo que en realidad es necesario es explicitar cómo puede contribuir la participación al desarrollo del proceso estratégico en cuestión. Es obvio que lo que se desea es una estrategia de mayor calidad que sea al mismo tiempo más aceptable para los grupos de interesados, pero ¿qué es lo que la autoridad patrocinadora espera conseguir exactamente del proceso? Responder a esta cuestión significa también reflexionar sobre qué es lo que los participantes potenciales esperan del proceso. ¿Qué les motivaría a participar? ¿Qué es lo que esperan ganar? ¿Es probable que estas expectativas se cumplan? En definitiva, la participación es una calle de doble sentido.

Finalmente, se debe abordar el propio diseño del compromiso participativo. La bibliografía existente (Carew-Reid et al 1994; OCDE/PNUD 2002) nos puede orientar al respecto. Un punto de partida es el “análisis de los grupos de interesados”: conocer y comprender a los grupos implicados en los problemas que la estrategia intenta tratar y que deben involucrarse de una forma u otra en la definición de las posibles soluciones. Numerosas cuestiones empiezan a destacar al respecto, incluyendo la identificación de intereses clave, la viabilidad de los diferentes tipos de socios, los conflictos entre los grupos de interesados potenciales, etc. A continuación, surge el tema de la selección de los enfoques participativos. La clave aquí suele estar en alcanzar una mezcla apropiada de técnicas que provea el marco para las aportaciones de una amplia variedad de actores sociales, a la par que permita interacciones más intensivas entre las organizaciones clave cuyas perspectivas y proceder sean críticas para la orientación general de la estrategia.

En este contexto, es importante tener presente la distinción entre modos de participación orientados a los ciudadanos y modos orientados a los grupos de interesados. Los primeros apelan a la idea de que los ciudadanos individuales tienen voz y voto en las decisiones que afectan a su futuro. Los segundos ponen el énfasis en los intereses comunes de los grupos, enlazados en una matriz social particular, y en la participación de todos los partenaires sociales en la determinación del mejor camino de futuro. Ambos modos son importantes para el desarrollo sostenible aunque, como veremos, la orientación hacia los grupos de interesados es especialmente significativa. La posición de la ciudadana es importante porque los individuos deberían tener la oportunidad de ejercer influencia sobre el movimiento hacia el desarrollo sostenible, no sólo como consumidores y agentes económicos, sino también como miembros de una comunidad política que toma decisiones colectivas en relación a las vías de futuro. La de los grupos de interesados lo es porque las organizaciones empresariales, los órganos gubernamentales de todo tipo y las asociaciones de la sociedad civil están directamente relacionadas con las prácticas sociales que hay que transformar para que la gobernanza para el desarrollo sostenible tenga éxito. En cuanto a las diversas técnicas participativas, éstas se relacionan más directamente con uno u otro de los modelos: los muestreos de opinión, los grupos focales, los foros deliberativos y los referéndums, por ejemplo, están relacionados con la posición orientada a la ciudadanía, mientras que mecanismos como las mesas redondas interactivas lo están con la posición orientada a los grupos de interesados.

5. Participación en la innovación e implementación de política en curso

En algunos aspectos, los esfuerzos para llevar a cabo la orientación definida en una estrategia proporcionan mayores oportunidades para el compromiso participativo fructífero que el propio diseño inicial de la estrategia. Esto se debe a que estos procesos operan en un contexto político que ha sido definido por la existencia de la estrategia. Ésta ya ha sido adoptada formalmente por alguna autoridad (ya sea un grupo de ministros, el gobierno, el parlamento, o quizás un gobierno regional) y así sus orientaciones y metas devienen un punto de referencia para los actores políticos. Hay más tiempo para intercambios entre las diferentes partes implicadas en los sub-campos específicos y el hecho de centrarse en la ejecución práctica y la resolución de problemas puede fomentar la extracción de lecciones aprendidas. El potencial de la fase posterior a la adopción puede apreciarse también si volvemos a las cuestiones identificadas como especialmente críticas en relación con la participación en la gobernanza para el desarrollo sostenible en la primera sección de este artículo. Así, las condiciones favorables al “compromiso deliberativo” de las partes implicadas, la “integración de diferentes formas de conocimiento” en la toma de decisiones y la “promoción del aprendizaje social” tienen más posibilidades de prevalecer durante las interacciones extensas y detalladas que devienen posibles en la fase de “implementación”.

El retorno a estas cuatro cuestiones también nos muestra la importancia de las interacciones participativas orientadas a los grupos de interesados (frente a las orientadas a la ciudadanía). Estos procesos dependen más de los insumos de los grupos organizados y de sus representantes que de la participación de la ciudadanía en general. Y son especialmente efectivos en la representación de intereses y perspectivas porque los participantes hablan en nombre de organizaciones directamente enraizadas en las diferentes dimensiones de la cuestión. Cuando un foro de grupos de interesados delibera, los participantes pueden aprender directamente el uno del otro y alcanzar una posición común en relación a los problemas. Los progresos en la comprensión de las cuestiones y las propuestas para avanzar pueden compartirse con las circunscripciones más amplias que cada participante representa. Los procesos basados en el grupo se inician desde una base de conocimiento más extensa, debido a que los representantes del grupo ya están involucrados en este área o cuestión y los participantes pueden absorber con más facilidad el nuevo conocimiento técnico y científico. Además, tienen más tiempo para invertir en el proceso que la ciudadanía en general. El aprendizaje también se facilita en estos casos, a través de un ambiente más rico en información, pero sobretodo por el hecho de que los grupos tienen una existencia continuada por encima y más allá de la de cualquier representante individual. Los grupos pueden acumular e institucionalizar el conocimiento. Igualmente, pueden comprometerse en interacciones prolongadas durante muchos años y hacer progresar un acuerdo desde la toma de la decisión hasta su puesta en práctica, incrementando así las oportunidades para el aprendizaje y la gestión adaptativa.

Durante la fase de implementación y despliegue de las políticas, una gran variedad de interacciones participativas orientadas a los grupos de interesados pueden hacer avanzar el compromiso con el desarrollo sostenible. Los acuerdos, la negociación normativa, la mediación, la gestión cooperativa, así como otros enfoques basados en los grupos de interesados pueden utilizarse para reformar ámbitos problemáticos concretos relacionados con la estrategia. Este énfasis en la construcción de partenariados no debe interpretarse como muestra de un sesgo a favor de los instrumentos políticos voluntarios en detrimento de los regulativos. Las interacciones de los grupos de interesados pueden ayudar a identificar la compleja mezcla de enfoques políticos que se requiere para llevar adelante el compromiso con el desarrollo sostenible en un sector particular, y ésta puede incluir instrumentos normativos, fiscales e informativos, así como iniciativas voluntarias.

6. Manteniendo el sentido de la proporción

Hasta ahora hemos procedido como si la participación no tuviera ningún coste. Obviamente, esto no es así. La participación requiere de importantes recursos, especialmente de tiempo, dinero y habilidades de gestión. El ejercicio participativo no puede hacerse con prisas si se quiere que la participación sea algo más que una formalidad. Hay que organizar los procesos y llevarlos a cabo hábilmente.

Además, vale la pena recordar que la participación no lo es todo. Al comienzo hemos citado argumentos funcionales para valorar la participación, así como argumentos de carácter expresivo y otros relativos al concepto de derecho. Ninguna de estas razones es absoluta: todas deben equilibrarse con otras consideraciones. Las ventajas funcionales de un mejor conocimiento, la mayor probabilidad de una ejecución exitosa y el refuerzo de la legitimidad y la educación pública deben ser sopesados en relación a otros elementos funcionales – especialmente por lo que respecta al coste, el tiempo y la efectividad. En este sentido, los decisores se preguntan: ¿las ganancias potenciales superan a los costes?. Incluso las consideraciones relativas a los derechos no son absolutas: el mundo político está densamente poblado de derechos, y la cuestión radica en cómo conciliar las demandas contrapuestas. Existe el derecho a una administración eficaz y rentable y a la pronta acción del gobierno para tratar los daños ambientales agudos y, en algunos casos, estos derechos pueden chocar con las demandas de una mayor participación.

No obstante, en el diseño e implementación de estrategias para el desarrollo sostenible la decisión no está entre si debe haber participación pública o no, sino más bien en la forma que la participación debe adoptar: quién ha de participar, cómo y cuándo. En este punto no se debería asumir que la participación más intensiva, la más amplia, la más decisiva o la más frecuente sea necesariamente la “mejor” participación. Tomemos, como ejemplo, la dimensión “decisional” de la participación. Los entusiastas de la participación (especialmente los defensores de los mecanismos orientados a la ciudadanía) enfatizan sistemáticamente que la proximidad a la soberanía decisoria es fundamental en la valoración de la importancia de la participación. Todavía es habitual encontrarse con referencias a la famosa “escalera” de participación de Arnstein, que gradúa la autenticidad participativa en una escala que va desde la “manipulación” al “control ciudadano” (Arnstein 1969). Mientras que otros han identificado “niveles de participación” entre “recibir información” y estar “implicado” en la toma de decisiones final (Bass et al 1995). Sin embargo, muchos comentaristas han cuestionado los supuestos unidimensionales que hay detrás de este tipo de clasificaciones (Coenen, Huitema y O’Toole 1998).

La importancia relativa de la decisión para la que se solicita la participación (¿es fundamental o trivial?), por ejemplo, parece ser tan significativa como la medida en que los participantes influyen en el resultado final (¿poco o mucho?). La valoración de la participación puede también abrirse a otros criterios. En el contexto del desarrollo sostenible dos dimensiones asumen un papel crítico: i) si estamos hablando de participación como un ejercicio excepcional o como un proceso iterativo y ii) si la participación afecta sólo a la toma de una decisión o también a la puesta en práctica de la orientación. Precisamente porque el desarrollo sostenible implica no sólo una serie de decisiones aisladas, sino un programa sistemático para el cambio social a largo plazo, debe favorecerse la interacción participativa continuada por encima de las operaciones esporádicas. De nuevo, puesto que el desarrollo sostenible implica la transformación organizada de las instituciones y de las prácticas sociales, los procesos que conlleven la extensión de la participación a la fase de ejecución deben ser privilegiados.

La interdependencia que caracteriza a la sociedad moderna, las complejas relaciones causales entre el medio ambiente y el desarrollo y otros factores relacionados, así como las jurisdicciones transversales en los sistemas de gobierno modernos, conllevan que los mecanismos participativos raramente gocen de supremacía decisional y que a menudo su peso decisional sea modesto. Los ejercicios específicos se combinan normalmente con otro tipo de mecanismos en un proceso complejo de toma de decisiones: una consulta pública inicial, por ejemplo, seguida de interacciones multi- grupo más focalizadas. Además, los políticos y los funcionarios hacen bien en ser cautos respecto al abandono de la potestad de tomar la decisión final y, en la mayoría de contextos, los gobiernos impulsores retienen la decisión última sobre si aceptar o rechazar el resultado de las interacciones participativas.

El análisis de la participación debe abordarse desde una posición multidimensional. Desde esta perspectiva se aprecia, por ejemplo, que el mecanismo marginalmente participativo de una consulta formal – si es llevado a cabo de buena fe y relativamente pronto en el proceso decisorio– es una de las herramientas más útiles. Es de baja intensidad y no decisorio, pero puede aplicarse a menudo y en una amplia gama de contextos. Después de todo, la capacidad participativa de la comunidad política tiene límites y, si hay que superarlos, esto debe hacerse gradualmente. En el mundo real, los individuos, comunidades y organizaciones se enfrentan a limitaciones con respecto al ámbito y la profundidad de las operaciones de participación que pueden emprender. Los gobiernos, por su parte, deben hacer frente a los límites en términos de la complejidad de los procesos que pueden gestionar efectivamente.

También debe recordarse que, mientras la participación en el gobierno para el desarrollo sostenible tiene un objetivo sustantivo, su contenido esta abierto a la discusión y reinterpretación. La participación es el camino a través del cual las diferencias, contradicciones y antagonismos se expresan, así como un medio a través del cuál pueden ser gestionados. La participación no siempre conduce al consenso; e incluso cuando lo hace, es probable que el consenso se demuestre parcial y sólo relativamente estable. La toma de decisiones por parte de las autoridades (authoritative decision-making) es necesaria para establecer procesos participativos y también para recoger sus ganancias. El desarrollo sostenible es un bien, pero diferentes grupos sociales e individuos son partícipes de este bien, y asumen los costes de su realización en grados diferentes. Para que cambien las prácticas sociales, los individuos, las comunidades y las organizaciones que articulan estas prácticas también tendrán que cambiar. Y habrá momentos en que las luchas por la definición de la dirección y el contenido del cambió serán intensas. Habrá que hacer elecciones difíciles, y se requerirá a los políticos electos y a los funcionarios de los niveles nacional y local que tomen estas decisiones – porque han sido elegidos y empleados para ello, y porque es a los únicos a los que se puede (en cierto grado) hacer responsable de esas elecciones.

Así, la extensión de la participación no significa que el rol del gobierno sea reducido en ningún sentido. Al contrario, la gobernanza para el desarrollo sostenible depende en primer y principal lugar de gobiernos activos que sitúen este objetivo en el centro de la agenda política, definan claramente la orientación sustantiva de la política ambiental y establezcan los marcos legales y organizativos para facilitar la participación apropiada. En este contexto, las instituciones básicas del gobierno político – incluyendo las elecciones y el sistema de partidos, la jerarquía de los órganos de decisión, junto con la separación de poderes establecida constitucional y tradicionalmente – siguen siendo esenciales para decidir qué es lo que implica el desarrollo sostenible.


___________________________
Notas:
1El trabajo original en inglés se presentó como paper en el II International Workshop Strategies for Sustainable Development: Roles and Responsibilities Along the Global-Local Axis, organizado por el grupo GDS (Gobernanza para el Desarrollo Sostenible) del IIG. Barcelona, 12-13 de junio de 2003. La traducción al castellano es de Marta Batllevell y Lupe Moreno.


Fuentes de información

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BENNETT, C y HOWLETT, M. The lessons of learning: reconciling theories of policy learning and policy change. Policy Sciences 25, 1992, 275-292 p.

BOHMAN, J. Public Deliberation, Cambridge, The MIT Press, 1996.

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COENEN, F., HUITEMA, D. y O’TOOLE, L. (eds.). Participation and the Quality of Environmental Decision Making. Dordrecht, Kluwer Academic, 1998.

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JANICKE, M. y JOERGENS, H. “National environmental policy planning in the face of uncertainty”. En: KENNY, M. y MEADOWCROFT, J. (eds.). Planning Sustainability. London, Routledge, 1999.

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MEADOWCROFT, J. “Planning, democracy and the challenge of sustainable development”. International Political Science Review 18, 1997, 167-190 p.

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“Sustainable Development: A new(ish) idea for a new century?”. Political Studies 48, 2000, 370-387 p.

OECD. Sustainable Development: Critical Issues. París, OECD, 2001.

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United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Agenda 21. New York, United Nations Organisation, 1992.

Comercio de Armas en España

Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam
piden al Gobierno español una ley que controle el
comercio de armas

A pesar de los avances en transparencia, España sigue exportando
armas a países en guerra, con embargo o que violan los derechos
humanos

Madrid/Barcelona, 16 de junio,
España continúa vendiendo armas a países que no cumplen
el Código de Conducta de la Unión Europea. El año pasado se exportó armamento a países
en conflicto, como Colombia o Israel, a países con algún tipo de embargo o restricción en la
importación de armas, como Sudán o Ghana, y a países donde no se respetan los derechos
humanos, como Arabia Saudí. Por eso Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam
consideran indispensable la aprobación de una ley que termine de una vez por todas con estos
casos. Así se desprende del informe que estas organizaciones han presentado hoy en Madrid
titulado Por una ley para un control efectivo del comercio de armas, elaborado con la
asistencia técnica de la Escola de Cultura de Pau. La presentación ha consistido en un acto
frente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el que han sido devueltas
simbólicamente algunas de las armas exportadas a destinos equivocados.

Algunos de los casos más graves son:

• La exportación de armas de fuego, municiones y granadas a Arabia Saudí por valor de
más de 23 millones de euros, la mayor partida exportada fuera de la UE. Se trata de un
país con un grave historial de violaciones de derechos humanos y con un gasto en defensa
superior al de educación o salud.

• La exportación de un millón de euros a Colombia en el apartado de bombas, cohetes,
torpedos y misiles, un país inmerso en un conflicto armado y con una grave crisis de
derechos humanos. Además, el Congreso había manifestado con anterioridad la
conveniencia de suspender el acuerdo de cooperación militar. Por otro lado, España cedió
dos aviones a Colombia que no figuran en el informe oficial.

• Ghana recibió 37 millones de cartuchos procedentes de España por valor de 3,46
millones de euros. La exportación de municiones a Ghana se ha convertido en un caso
recurrente, estando además en una región en la que desde 1998 está vigente una
moratoria para la importación de armas.

• Israel, país involucrado en violaciones de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario denunciadas por distintos organismos internacionales, ha recibido armas de
fuego por valor de 35.000 euros.

• 2,2 millones de euros a Venezuela en distintas partidas armamentísticas. Se trata de un
país en situación de tensión interna y con relaciones inestables con los países de la
región.

Las ONG denuncian que más del 30% de los destinos de armas españolas vulneran el
Código de Conducta de la UE.

Tras diez años de campaña, las ONG reconocen algunos avances por parte del gobierno
básicamente en lo relativo a la transparencia en la información. Por ejemplo, ha mejorado la
puntualidad, puesto que los datos sobre las exportaciones de 2004 han sido enviados al
Congreso por primera vez en el primer semestre de este año. También se ha avanzado en el
nivel de detalle de la información ofrecida, incluyendo el valor en euros de la exportación de
cada una de las 22 categorías de productos consideradas. Sin embargo, como muestra el
informe de las ONG, España sigue estando muy lejos de las mejores prácticas de otros países.
En el Barómetro de transparencia en el Comercio de Armas, elaborado anualmente por la
organización Small Arms Survey, España obtiene una nota de 11,5 sobre 20 puntos, poco más
que un aprobado. Uno de los puntos débiles del Gobierno español es la deficiente información
que ofrece sobre las armas ligeras y pequeñas, que causan el 90% de las muertes por
arma de fuego en el mundo.

Por todo ello, las ONG consideran indispensable la aprobación de una ley que haga más
estricto el control sobre el comercio de armas. Esta ley debería incorporar, entre otras
cuestiones:

• Un mecanismo preventivo que permita evitar las transferencias de armas a destinos en
los que estas armas puedan contribuir a cometer violaciones de derechos humanos, a
agravar un conflicto o a minar las posibilidades de desarrollo del país, entre otros aspectos,
antes de que se lleven a cabo.

• Especificaciones sobre el detalle con el que la información oficial debe ser facilitada al
Congreso, en consonancia con las mejores prácticas de otros países

• Garantías para que las autorizaciones de las transferencias españolas de armas se basen
en la aplicación estricta y la interpretación escrupulosa de los criterios del Código de
Conducta de la Unión Europea.
Además, el informe pide al Gobierno que no espere a la aprobación de esa ley para poner en
práctica medidas claras de control y transparencia en el comercio de armas, así como que
asuma un papel más activo en las iniciativas internacionales en marcha orientadas a mejorar el
control de ese comercio, como la revisión del Código de Conducta europeo o el proceso de
elaboración de un Tratado Internacional para el control del comercio de armas, entre otras.

Fin del comunicado
-Intermón Oxfam Héctor Oliva, 93.482.07.94. / 699.075.276.
-Greenpeace Mamen Illán, 91.444.14.00. / 626.998.248.
-Amnistía Internacional Ángel Gonzalo, 91.310.12.77. / 630.746.802.

Programa de Desarme y Seguridad Humana (Escola de Cultura de Pau)
Persona de contacto: Daniel Luz
Teléfono: 93 581 27 52 / Fax: 93 581 32 94
Email: daniel.luz@uab.es

Rosa Regás escribe "Pobreza Cero"

La escritora escribe sobre la Campaña y la movilización mundial contra la pobreza...

El Correo
El liberalismo económico y financiero, que ha desembocado en la llamada globalización y que tanto defienden los nuevos conservadores y una parte de la derecha del mundo, la extrema derecha, no sólo no ha logrado disminuir la pobreza sino que la ha aumentado considerablemente, al tiempo que multiplicaba la ya brutal diferencia entre ricos y pobres. En países del cono sur americano o de América central, en África pero sobre todo en el sureste asiático la pobreza se extiende cada vez más y alcanza ya territorios y comunidades que hasta hoy se habían visto libres de ella.

Porque la globalización sólo beneficia a los ricos, más aún a las multinacionales que transportan libremente capitales de un país a otro, especulan con ellos y con el trabajo sin ningún tipo de control, lo mismo que hacen con las mercancías e incluso con las fábricas y los talleres. Esto no pueden hacerlo los países pobres, sometidos sus productos a exagerados aranceles y sus talleres, negocios y gentes a la prohibición de instalarse en otros países.

Pero no sólo la pobreza llega a los países más pobres, sino que en EE UU, la misma cuna del neoliberalismo que había de acabar con la miseria, crece el número de habitantes que vive bajo el umbral de la pobreza, que ya alcanza los 37 millones (45 millones carecen de seguro médico). Esto supone el 12,7% de los 297 millones de habitantes del país.

Frente a esta vergüenza que se abate sobre los ricos del mundo, en el Fórum Social de Portoalegre, en enero pasado, varias organizaciones internacionales hicieron un llamamiento global contra la pobreza, para movilizar e influir en los gobiernos aprovechando los tres grandes acontecimientos fundamentales que habían de celebrarse este año: la cumbre del G-8 (los países más ricos del mundo) en julio; la cumbre de la ONU en septiembre; y la cumbre de la OMC, Organización Mundial del Comercio, en diciembre. A raíz de este llamamiento se ha creado en España la 'Alianza contra la pobreza', en la que intervienen cientos de instituciones y ONG que han lanzado la campaña 'Pobreza Cero' (www.pobrezacero.org), dirigida a las personas como usted y como yo, y han elaborado 20 medidas para reclamar la ayuda en este sentido del Gobierno de la nación.

Ojalá los españoles no nos durmamos en el colchón del bienestar y seamos capaces de comprometernos y luchar contra uno de los hechos más vergonzosos de la Historia de la Humanidad: que el 20% viva en la opulencia mientras el resto languidece o muere de miseria y enfermedades evitables.


Fuente: www.pobrezacero.org

© Rosa Regás, Septiembre de 2005.
www.rosaregas.net

"Katrina" y Bush

La Decepción Política en los Estados Unidos se acentúa tras la evidente "mala gestión" del caos provocado por el huracán Katrina.

Aunque lamentable, dicho escenario ha de servir para provocar una respuesta sociológica antagónica frente a la administración Bush.
...

Países ricos intentan boicotear Asamblea de la ONU

La GCAP denuncia los intentos de algunos países de boicotear la Asamblea de la ONU.

Estados Unidos ha propuesto suprimir todas las referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

A menos de tres semanas para que se celebre la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el Llamamiento Mundial contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés) –cuyas organizaciones representan a 150 millones de personas en todo el mundo- advierte que algunos países ricos, como Estados Unidos, están intentando boicotear el resultado de la Cumbre de la ONU y asegurar su fracaso.

La GCAP alerta de que se está planeando recortar los acuerdos que ya fueron firmados en el año 2000 para acabar con la pobreza, lo que reducirá de manera dramática la esperanza de futuro de millones de personas de los países pobres.

El actual borrador de la declaración final de la Asamblea de Naciones Unidas contiene declaraciones contundentes a favor de la lucha contra la pobreza. Sin embargo, Estados Unidos ha propuesto suprimir todas las referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los acuerdos internacionales firmados por 189 Jefes de Estado en el año 2000 para reducir la pobreza a la mitad para 2015. Si la propuesta estadounidense prospera, se borraría toda referencia a los acuerdos más importantes que se han firmado en la historia para erradicar la pobreza.

Los cambios propuestos por EEUU incluyen también eliminar todas las referencias al control de armas ligeras y suavizar la expresión sobre la responsabilidad de los gobiernos en la protección de los civiles en casos de asesinatos masivos como el genocidio ruandés.

La GCAP denuncia que “Estados Unidos es el principal responsable en intentar hacer fracasar los objetivos de la Cumbre de la ONU, con la aprobación tácita de muchos otros gobiernos”. El Primer Ministro japonés, Junichiro Koizumi, y el Canciller alemán, Gerhard Schroeder, están amenazando con no acudir al crucial encuentro. “Si la declaración de la Asamblea es finalmente tan reducida en sus contenidos el mayor encuentro de líderes mundiales de la historia resultará un fracaso”, asegura la GCAP.

Actualmente, 1.200 millones de personas en todo el mundo vive con menos de un dólar al día y la mitad de la población –3.000 millones de personas- vive con menos de dos dólares al día.

El Llamamiento Mundial Contra la Pobreza, formado por millones de personas en todo el mundo, están exigiendo a sus responsables políticos que mantengan los compromisos que firmaron en el año 2000. Bajo el lema “Despiértate a la Pobreza”, la sociedad civil en todo el mundo se organizará acciones los días previos a la Asamblea de las Naciones Unidas, que se celebrará entre el 14 y el 16 de septiembre en Nueva York.

La Campaña Pobreza Cero impulsada por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España forma parte de la GCAP y puso en marcha junto a cientos de organizaciones la “Alianza Española Contra la Pobreza”. En los próximos días, la Alianza realizará conjuntamente acciones para que el papel que desempeñe España en la Asamblea de Naciones Unidas sea fiel a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la lucha eficaz y definitiva contra la pobreza.

www.pobrezacero.org
CONGDE - C/Reina, 17 3º - 28004 Madrid - Tel. 915210955