lunes, junio 13, 2005

Identidad y Ciudadanía en el siglo XXI

A pesar de que la globalización tiene muchas caras, una de las más conocidas es la de las migraciones o movimientos espaciales de población entre regiones o continentes que responden a motivos políticos, religiosos, étnicos, económicos o, incluso, que son el resultado de la voluntad expresa del individuo. Desde tiempos remotos han existido desplazamientos humanos de diferente tipo. Así sucedió, por ejemplo, con los movimientos migratorios protagonizados por los bárbaros procedentes del Este que invadieron y debilitaron al Imperio Romano. Por ello, en cierto modo, se puede decir que estos traslados geográficos han existido siempre a pesar de que, a lo largo del tiempo, su intensidad y velocidad hayan ido cambiando.

La llegada de personas a un territorio tiene enormes consecuencias. Los países receptores cuentan con más mano de obra pero también tienen que hacer frente a mayores prestaciones sociales y a la ampliación de los servicios públicos. Estos impactos son ampliamente conocidos y su gestión va incorporándose poco a poco a la agenda política de los gobiernos. Pero las migraciones tienen otros efectos, de más largo alcance, que cuestionan los conceptos tradicionales de ciudadanía e identidad.

Efectivamente, los trasvases de población y los asentamientos en otros países que no son el propio han dado lugar a numerosos interrogantes por lo que se refiere a las nociones tradicionales de ciudadanía e identidad nacional: ¿Cómo se puede gestionar el derecho a la nacionalidad? ¿Qué políticas deben llevarse a cabo en relación con los extranjeros no ciudadanos? ¿Pueden los inmigrantes tener derechos políticos? Conceder el permiso de residencia, otorgar derechos civiles, económicos y sociales y no permitir el derecho de voto ni el de participación en la vida política, ¿no es, en el fondo, constituir una ciudadanía de segunda categoría? ¿Es necesario disociar el vínculo histórico entre la identidad nacional y el ejercicio de la ciudadanía?

Durante los siglos XVIII y XIX, y como consecuencia de la consolidación de los estados soberanos, la identidad de las personas se definía en tanto que sujetos políticos; es decir, en tanto que ciudadanos de una determinada nación. En este contexto, el concepto de ciudadanía suponía, por tanto, pertenencia a una determinada comunidad política y estaba asociado al de igualdad. Ello implicaba que, de jure , todos los ciudadanos de un estado gozaban de los mismos derechos y tenían que cumplir con las mismas obligaciones, independientemente de su raza, sexo, condición social o creencia. A su vez, el ciudadano lo era de un único estado al que debía lealtad absoluta lo que, como consecuencia, exigía una identidad homogénea y diferenciada del resto de naciones.

Las sociedades pluriculturales en las que vivimos, resultado de los movimientos migratorios, han modificado sustancialmente la posibilidad de definir la identidad en función de la ciudadanía. Así, en la actualidad, se reclama el reconocimiento diferencial de la identidad única de cada ciudadano, de cada grupo o cultura y de cada nación y, por ello, se afirma que la integración política no tiene por qué significar una asimilación cultural o la eliminación de las diferencias nacionales o culturales de los ciudadanos.

El fenómeno es, no obstante, más complejo de lo que parece. Efectivamente, no sólo se trata de respetar el origen cultural de los que han emigrado sino de reconocer que la identidad humana ya no es única, que los traslados de población provocan que las identidades (tanto de los que llegan como de los que reciben) sean múltiples. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que ya no existen lealtades excluyentes y de que, cada vez más, éstas son compartidas. Podemos pertenecer a diversos lugares y a diversas comunidades culturales al mismo tiempo, independientemente de cuál sea nuestro origen y de dónde residamos. Podemos ejercer distintos roles culturales, escoger aquellas características de la cultura que creemos que vale la pena desarrollar o rechazar aquellas otras que no nos satisfacen. Nada de eso debe estar reñido con la posibilidad de ser ciudadano, de ejercer derechos políticos y de participar en los acontecimientos que determinan la evolución de los lugares en que vivimos y, por tanto, que nos afectan de manera directa.

Pero las corrientes migratorias internacionales no han sido la única razón por la cual las nociones de identidad y ciudadanía se han visto modificadas. Existen otros factores, también consecuencia de las tendencias globalizadoras, que han alterado su significado, incluso, en direcciones distintas a las que acabo de exponer. 

En primer lugar, los procesos de integración supraestatales han planteado interrogantes en cuanto a la pertenencia a diferentes comunidades políticas y, consecuentemente, han provocado un importante debate en torno a la noción de ciudadanía. El caso europeo es paradigmático, quizá, porque la unión de los países trasciende la economía y alcanza las políticas monetarias, educativas o de defensa. Así, ha aparecido en los últimos años el concepto de ciudadano europeo que pone, de nuevo, en marcha, el delicado proceso de lealtades compartidas. Ello genera, inevitablemente, tensiones porque ahora deben hacerse compatibles la adhesión a una identidad colectiva de carácter nacional derivada de una conciencia histórica y cultural y la adhesión a una identidad postnacional, fundada en principios universalistas y contractualistas del constitucionalismo moderno, como el estado de derecho, la democracia o la participación en determinadas instituciones civiles.

Esta situación es todavía más compleja en el caso de estados plurinacionales que lo son no sólo como consecuencia de movimientos migratorios sino, también, como resultado de los acontecimientos históricos. Así, por ejemplo, España debe hacer frente a la integración de diversas identidades (catalana, vasca o gallega) en un mismo territorio y, a su vez, independientemente de sus raíces culturales, a la participación de todos sus ciudadanos en diversas comunidades políticas, a nivel local, regional, estatal y europeo. Esta múltiple ciudadanía ha sido denominada por varios autores como ciudadanía multinivel.

El segundo de los fenómenos a los que me quiero referir ha estado protagonizado por el espectacular desarrollo de los medios de comunicación, particularmente a partir del siglo XIX que trajo consigo un importante crecimiento de la circulación de periódicos. Como consecuencia, en la actualidad, cualquiera de nosotros puede estar mejor informado que un presidente de país hace doscientos años. Pero lo interesante es que, hoy en día, no sólo conocemos lo que ocurre en nuestro entorno más inmediato sino que sabemos más de los acontecimientos regionales y mundiales que lo que sabían nuestros antepasados. Así mismo, somos capaces de hacer llegar este conocimiento a lugares insospechados.

La evolución de las tecnologías de la información, la revolución de la microelectrónica y los ordenadores han intensificado estos procesos. Así, la aparición de Internet, del cable, de modernas tecnologías de televisión, del satélite o del transporte a reactor ha transformado dramáticamente la naturaleza de las comunicaciones. Como consecuencia, los individuos tenemos la posibilidad de conocer lugares remotos que antes eran inalcanzables. Al superar las barreras geográficas, hemos podido acceder a nuevas experiencias sociales y culturales, a nuevas gentes y naciones, sin movernos del sofá de casa. Podemos participar de sucesos que tienen lugar en la otra punta del globo pero que nos afectan porque nos sentimos ciudadanos del mundo, como la deforestación en el Amazonas, la guerra en Irak, el trabajo infantil en la India o las torturas en las cárceles chinas. Este concepto de ciudadano del mundo o global ha motivado la noción de sociedad civil global o transnacional.

Sin lugar a dudas, el siglo XXI presenta un nuevo panorama, resultado de los procesos de globalización, que despide definitivamente el modelo de identidades y ciudadanía heredado de los llamados estados-nación. Debemos evolucionar hacia otro escenario presidido por la integración económica y cultural en el que dichos conceptos se hayan adaptado coherentemente a los nuevos tiempos. Soy consciente de que ello no es fácil. ¿Cómo hacer compatibles las exigencias de lealtad compartida con las exigencias de identidad nacional? ¿Cómo hacer compatible la pertenencia a diferentes comunidades políticas? Sin duda alguna, éste es el nuevo reto de reconocimiento y articulación de la diversidad nacional y del ejercicio de soberanías compartidas que en el ámbito local, estatal, regional y global se plantea para la próxima década.

Mila Gascó